Aleatica –antes OHL México– ha tenido que modificar sus informes financieros dos veces por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México por sobrevaluar sus activos. La empresa, que fue señalada de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-18), recibió inversión de al menos un fondo de pensión mexicano (Afore SURA) para uno de esos activos, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM). A pesar de que Aleatica tuvo que ajustar la valuación de sus vialidades, el fideicomiso en el que invierte Afore SURA los ahorros de pensionados no actualizó el valor del CEM conforme a las disposiciones de la Comisión. Los pensionados son quienes absorben el costo de la decisión de invertir en un activo sobrevaluado al momento de una reducción en su valor, pues actualmente el fondo de pensión puede cobrar una comisión más elevada a costa del beneficio futuro de los jubilados.
El Fideicomiso CKD Infraestructura México, integrado por las Afore SURA, XXI Banorte Afore, Afore Banamex y Pensionissste, además del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), invierte los ahorros de pensionados en infraestructura sobrevaluada de la empresa Aleatica, conocida en 2015 como OHL México y señalada en ese mismo año de corrupción. En 2016 y 2021, ya con su nombre actual, la compañía fue multada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por prácticas contables cuestionables.
A pesar de estas sanciones y de la ordenanza emitida por la CNBV para que Aleatica modificara sus informes financieros de 2019, 2020 y 2021 debido a que sus activos reflejaban un monto inflado por más de 46 mil millones de pesos, el Fideicomiso no ajustó en ninguno de esos años el valor reportado para sus activos, incluido el Circuito Exterior Mexiquense, la obra de Aleatica en la que invierte el Fideicomiso.
Los problemas comenzaron en 2015 cuando la constructora OHL México fue señalada de corrupción durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto por hacer pagos a cambio de recibir concesiones de infraestructura pública, una crisis que alcanzó incluso a su matriz, OHL España. En 2017, se acusó por segunda vez de querer financiar la campaña electoral a la gubernatura del Estado de México a cambio de operar las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y del Viaducto Bicentenario. Sin embargo, las empresas no recibieron ninguna multa ni sanción en su momento.
Fue hasta julio de 2018 cuando la empresa cambió su nombre a Aleatica, luego de ser adquirida en un proceso de división de subsidiarias por el fondo australiano IFM. Ya con el nuevo nombre y en una operación poco desglosada al mercado de valores, el Fideicomiso CKD Infraestructura México —el instrumento bursátil en el que invierten los cuatro fondos de pensión mexicanos— compró 3.5% del Circuito Exterior Mexiquense. La transacción fue por 1,972 millones de pesos, unos 102 millones de dólares, según documentó el medio Sin Embargo.
Esta inversión fue a parar a Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), una subsidiaria de Aleatica, controladora de Concesionaria Mexiquense (Conmex) y dueña del CEM. Entonces también se informó que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), es decir, los fondos de pensión participantes en el Fideicomiso, fueron XXI Banorte Afore, Afore Banamex, Afore SURA y Pensionissste, además del Fonadin.
En 2021, tres años después de esa compra, Aleatica, OPI y, por lo tanto, el Fideicomiso CKD Infraestructura México reportaron activos sobrevaluados. La forma de elevar el valor era a través de un concepto llamado “rentabilidad garantizada”, usado por Aleatica para justificar el valor que tendría el activo en el futuro, según documentos a los que tuvo acceso Empower. Es decir, los ahorros de las personas pensionadas son invertidos en activos que reportan un valor que no está realmente respaldado.
Esto derivó en una segunda sanción de la CNBV para Aleatica, OPI y CEM por infringir la Ley de Mercado de Valores al publicar información que “indusca al error” y para modificar sus informes y reflejar el valor verdadero de los activos. El primer llamamiento en 2016, fue cuando todavía era OHL México, por la misma razón. En esa ocasión la empresa fue multada con 61.2 millones de pesos y sus directivos con 10.2 millones.
A la par de esto, en la segunda sanción la CNBV solicitó la modificación de los informes financieros de 2019 y 2020 por cuestionables prácticas contables.
Entre las obras que Aleatica reportó con un valor inflado están el CEM, el Viaducto Bicentenario del Estado de México y la Autopista Urbana Norte en la Ciudad de México.
El revés de la reguladora financiera
En 2018, Aleatica reportó un capital contable—lo que vale la empresa para los inversionistas— equivalente a 106,390,394,000 pesos. En febrero de 2021, la CNBV de nuevo ordenó a Aleatica y a sus subsidiarias que modificaran sus informes financieros de 2019 y que publicaran los de 2020 sin tomar los compromisos de pagos a recibir en el futuro como un valor presente, según informó la empresa en un evento relevante ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En dicho documento, Aleatica dijo que la CNBV le había pedido que, en los informes financieros, se consideraran como activos intangibles la “inversión en infraestructura recuperable a través de flujos futuros de peaje y la porción del activo intangible recuperable a través de flujos futuros de peaje”.
Ante una solicitud de información presentada por un usuario o usuaria de la Plataforma Nacional de Transparencia en abril de 2022, la Comisión marcó como confidencial el oficio de observaciones para Aleatica, Concesionaria Mexiquense (operadora del CEM) y OPI.
No obstante, la empresa anunció que se mantendría en su posición, alegando que sus cálculos se habían hecho en concordancia con lo reportado desde 2017, un año después del primer llamamiento de la CNBV por lo cual se presentó un juicio de nulidad en abril de 2021.
El 15 de octubre de 2021, Aleatica publicó que la CNBV había emitido una multa “a los Directivos por haber suscrito y difundido la información financiera de la Compañía correspondiente al cuarto trimestre de 2020 de una forma que la CNBV consideró inconsistente con los principios contables aceptados por ésta”.
El valor del Circuito Exterior Mexiquense
Tras el fallo de la CNBV, Aleatica informó el cumplimiento de la modificación de los informes. Con ese cambio, el capital contable de 2018 bajó hasta 60,102,550,000 pesos, es decir, aproximadamente 46 mil millones de pesos menos de lo que dijo antes de modificarlo, según confirmó Empower. El capital contable de 2019 lo reportó en 56,826,458,000 pesos.
A decir de la empresa, ese cambio —equivalente al 56% del capital contable reportado originalmente— no afecta la economía de Aleatica. Tampoco mencionó nada sobre los posibles impactos al dinero de los ahorradores clientes de las Afores que invierten en sus activos.
Así, Aleatica y OPI modificaron sus informes de 2019 y 2020, y el de 2021 fue reportado en 53,001,910,000 pesos ya sin la rentabilidad garantizada. Pero el Fideicomiso no modificó el valor que reportó para sus activos, incluido el del CEM en ninguno de esos años.
El concepto de la rentabilidad garantizada lo explica la misma OHL México en sus informes como “el reconocimiento del exceso de la rentabilidad garantizada sobre la rentabilidad real, se realiza conforme entran en operación las concesiones o sus diversas fases según corresponda a cada concesión y/o cuando se tiene certeza de que se van a recibir los beneficios económicos”.
En el mismo apartado la empresa informa que el concepto de rentabilidad garantizada se aplica para el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario en el Estado de México y la Autopista Urbana Norte de la Ciudad de México. Es decir, la rentabilidad garantizada es el valor que el activo podría tener a futuro por el pago que haría del proyecto el Gobierno y que se inyecta al valor presente, explica el abogado Paulo Díez Gargari, experto en infraestructura carretera y quien ha señalado ante las autoridades esta irregularidad.
El Fideicomiso no modificó la valuación del Circuito
Hasta junio de 2022, el Fideicomiso CKD Infraestructura México emitió cinco emisiones de certificados, es decir, un título de crédito a manera de deuda que se coloca en el mercado bursátil para que los adquieran inversionistas. El Proyecto Copper, como le llamaron al 3.5% del CEM, fue el único proyecto en el que se invirtió durante la cuarta emisión de certificados. Las Afores pueden decidir en cuál emisión participan y en cuál no.
En 2018, se establecieron comités técnicos especiales para cada emisión de certificados, donde participan representantes de la o las Afores que tengan más del 10% de participación en la emisión. En la cuarta emisión de certificados únicamente aparece SURA como inversionista, según comprobó Empower.
A pesar de los llamamientos de la CNBV para Aleatica, el valor del CEM reportado en el Fideicomiso aparece sin modificaciones e incluso contradictorio a lo que OPI publicó en sus informes financieros corregidos.
En el informe de 2019-20 del Fideicomiso, sólo un proyecto —el Proyecto Copper— logró un crecimiento de su valuación, con un valor de 2,539,573,000 pesos. Eso significaría que, si ese es el valor del 3.5% de OPI, el 100% de OPI valdría 72,559,228,000 pesos, más que toda Aleatica junta ya con sus cuentas modificadas.
Después de que la Comisión ordenara a Aleatica y a OPI quitar los conceptos de pagos futuros que elevaban la valuación de los activos, OPI reportó un activo neto por el 100% de sus proyectos de 22,540,311,000 pesos para 2020. Si se supusiera que el 3.5% de ese monto sin la rentabilidad garantizada equivale al CEM, la carretera valdría 788,000,000 pesos.
Es decir, el valor real del CEM es mucho menor que aquel sobrevaluado con la rentabilidad garantizada, y es el valor real el que debería de tomar en cuenta el Fideicomiso. Para el 30 de septiembre de 2021, el valor del Proyecto Copper en el Fideicomiso era de 2,538,605,048 pesos, poca variación desde 2019 y muy lejos del valor real.
Impacto para las personas pensionadas
En este esquema, las principales afectaciones recaen sobre los pensionados, que colocan su confianza y ahorros para vivir durante su retiro en manos de empresas administradoras. No obstante, una Afore mantuvo su inversión en un activo polémico pese a su extraña valuación por la posibilidad de cobrar más comisiones.
“El impacto sería para el ahorrador final. Hoy en día si está sobrevaluado un activo, a la Afore le está conviniendo porque cobra sobresaldos. Entonces está cobrando sobre un valor que no es real. Al momento que se ajuste y haya una minusvalía, pues tendrá a la par menos ingresos, pero el afectado final es el trabajador. Al final de cuentas los pesos son del trabajador y las minusvalías se ven reflejadas directamente en el ahorro individual”, explica Moisés Perez Peñalosa, analista, conferencista sobre el sistema de pensiones y creador de la iniciativa Yo Jubilado para informar sobre ese tema a personas jubiladas.
El experto aclara que no son las Afores ni la reguladora, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las que determinan el valor de los activos en los que invierten.
“Yo como Afore asumo que la valuación del fiduciario es correcta, que la determinación de precio es correcta y que la auditoría de la emisora es correcta”, dice.
El valuador independiente en 2021 fue 414 Capital Inc., según información reportada por el Fideicomiso al mercado de valores. La empresa no respondió a una solicitud de entrevista por parte de Empower.
El área de comunicación social de Consar respondió a Empower que “nosotros regulamos que tengan una valuación independiente y, al mismo tiempo, las Afores deben hacer un double check, pero nosotros no tenemos facultad para ‘pelear’ la valuación de los activos. Lo tenemos que revisar pero eso (la valuación de los activos) no recae directamente en nosotros”.
No respondió a una segunda consulta sobre si revisó el valor del Circuito Exterior Mexiquense en el que está invirtiendo la Afore.
SURA, la única que mantiene más del 10% de los certificados de la cuarta emisión, declinó atender la solicitud de entrevista. Afore SURA forma parte de SURA Asset Management México. Al cierre de 2020, sólo la Afore administraba activos de 695,819 millones de pesos, un aumento del 17.9% respecto a 2019, de casi 7 millones de clientes. Tiene el 15% del mercado de la industria de las Afores mexicana por monto de activos administrados, lo que significa que es la cuarta más grande del país.
Los fondos de pensión en el Comité Técnico del Fideicomiso
Aunque sólo SURA tiene más del 10% de la cuarta emisión de certificados del Fideicomiso, los cuatro fondos de pensión forman parte del Comité Técnico del Fideicomiso, lo que les permite conocer los activos en los que se invierte en cada emisión de certificados y requiere su aprobación de la valuación de los mismos.
Lo anterior significa que, independientemente de si alguna de las otras tres Afores es o no titular de certificados de la emisión en la que está el CEM, definitivamente todas emitieron su voto favorable para que el Fideicomiso invirtiera en el CEM en la valuación en la que lo hizo, explica Díez.
Citibanamex respondió que, “como se puede claramente corroborar con toda la información pública de este tipo de instrumentos, Citibanamex Afore no tiene participación en el Fideicomiso F/2893 del Circuito Exterior Mexiquense”.
XXI Banorte Afore respondió que no emitiría comentarios al respecto.
Pensionissste no estuvo disponible para entrevista antes del cierre de este reportaje.
El precio de las acciones de OHL México
Entre los nombres de los miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso por parte de las Afores destaca Thiago Brando por parte de Afore Banamex. Brando estuvo involucrado en una opinión que dio la consultora Rothschild México cuando, en junio de 2017, IFM —el fondo de pensiones australiano ahora propietario de Aleatica— recompró acciones de OHL México a inversionistas.
Rothschild México avaló el precio de las acciones propuesto por OHL como “justo”. El precio era de 27 pesos por acción. Pero ese precio fue por debajo de los 40 pesos por título bursátil que marcaba en los libros contables de OHL México, según Díez Gargari.
El precio avalado por Rothschild fue calculado con información que OHL le brindó a la consultora. Dicha información no incluía la rentabilidad garantizada.
Aunque la opinión de Rothschild no estaba firmada por ningún socio de la empresa, en el acta de la sesión extraordinaria del consejo de administración de OHL México, el 12 de junio de 2017, aparecen Daniel Nicolaievsky y Thiago Brando como representantes de Rothschild México, según documentación a la que tuvo acceso Empower.
Desde 2018, Brando aparece ya como Miembro Propietario de Banamex/Siefore Banamex en el Comité Técnico del Fideicomiso CKD Infraestructura México, con el que se compró el 3.5% del CEM.
El problema en la participación de Brando, primero en la valuación del precio de las acciones y luego como miembro de la Afore Banamex, es que, a decir de Díez, en 2017 avaló que el precio por acción no incluyera los conceptos de pagos futuros, por lo que era más bajo, pero luego, como integrante del Comité Técnico del CKD, año con año tiene que aprobar los estados financieros, donde la valuación de los activos sí incluye los conceptos de pagos futuros.
Brando respondió que él era parte del comité que hizo la opinión técnica pero no estaba a cargo. También explicó que la opinión se hace sobre un precio propuesto por la empresa, además de que el hecho que sea considerada “justa” no significa que no pueda ser más alta.
Las obras de Aleatica con AMLO
Aleatica tiene actualmente 20 concesiones en seis países entre Europa y América Latina. Suma una infraestructura de 651 kilómetros entre autopistas urbanas y corredores interestatales, según reporta en su sitio web. Más del 70% de los kilómetros de vías que opera están en México.
Entre sus obras más conocidas están el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario y la Autopista Urbana Norte. Para la primera, Concesionaria Mexiquense, subsidiaria de OHL México, recibió una concesión del Gobierno del Estado de México en 2003 por 30 años y después se extendió hasta 2051.
“OHL ganaba todo”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de noviembre de 2021. Ésa no fue la primera ocasión en que López Obrador se refirió a OHL como una de las empresas favoritas del expresidente Peña Nieto.
Sin embargo, OHL, ahora Aleatica, no está del todo fuera en la administración actual. En 2021, la vigencia de la concesión del CEM tuvo una tercera ampliación, hasta 2063. El Circuito será clave en la conexión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), uno de los megaproyectos de López Obrador. La empresa es responsable de construir el “Enlace con el AIFA” con una inversión estimada de 3,900 millones de pesos.
Desde 2015, Díez Gargari ha presentado denuncias en contra de OHL México y después Aleatica por diferentes irregularidades de la empresa, tanto en su actuar en el mercado bursátil como en cómo opera ciertas vialidades. La empresa a su vez lo ha acusado de difamación.
El caso del Viaducto Bicentenario
La riña más reciente se centra en el Viaducto Bicentenario. Díez ha acusado a Aleatica y presentado denuncias sobre el hecho de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a nivel federal no dio concesión alguna a Aleatica para operar esa vialidad.
Aleatica asegura en sus informes financieros que, desde 2008 y por 30 años, tiene una concesión del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Comunicaciones del estado para su subsidiaria Viaducto Bicentenario. Sin embargo, Díez acusa que, al ser un bien nacional, la única concesión válida es la de la SCT.
El 1 de octubre de 2020, la SCT firmó un acuerdo con el Estado de México donde ratificaba la concesión de la vialidad, pero, a decir de Díez, “no tiene validez alguna, pues en México ni siquiera el Presidente puede ratificar lo inratificable: una concesión estatal sobre una vía federal”.
El 30 de septiembre de 2020, Díez, junto a ciudadanos, legisladores y periodistas, hizo una protesta en el Viaducto Bicentenario. La subsidiaria de Aleatica operadora de la vialidad lo denunció y, en noviembre de 2021, fue vinculado a proceso “por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes —por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador—, provocación de un delito, apología del delito y extorsión”, según reportó la revista Proceso.
“Para presionarme me denuncian en el Estado de México y judicializan la carpeta, a pesar de que la Fiscalía General de la República les dice que se trata de un bien nacional y les requiere para que manden la carpeta a la Federación. Por supuesto, el Edomex se niega y la FGR promueve un juicio ante un juez federal que está actualmente en curso”, explica Díez.
Aleatica respondió para este reportaje que “el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari, mantiene una campaña difamatoria mediante la cual ha difundido y amplificado información falsa sobre Aleatica a través de inserciones pagadas, cuentas falsas en redes sociales, publicación de investigaciones falsas sobre el capital de la empresa, declaraciones y otras conductas que buscan engañar a la opinión pública. Precisamente por eso ha sido denunciado imputado por autoridades federales: tanto por el regulador bursátil como por la propia fiscalía. Y precisamente por eso un Juez lo encontró responsable de daño moral”.
Además del enfrentamiento con Díez Gargari, infraestructura concesionada a Aleatica también ha sido escenario de delitos fabricados en contra de la activista indígena Kenia Hernández, a quien se le acusa de robo con violencia sobre el CEM. Hasta ahora la justicia ha sido omisa en su caso y suma ya diez imputaciones en su contra.
Resulta necesario que tanto el Fideicomiso CKD Infraestructura México como Aleatica logren brindar orden y certeza financiera a la valuación de los activos en los que Afores invierten los ahorros de los trabajadores pensionados y acaten las recomendaciones de la reguladora bursátil.
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