La evacuación violenta de un campamento temporal de migrantes erigido en pleno centro de París, en la noche del lunes, no ha dejado indiferente ni a los habituales críticos con los métodos de la policía francesa ni a sus defensores. Hubo gases lacrimógenos y agresiones a migrantes y periodistas. Todo, grabado por cámaras y teléfonos móviles a pocas horas de que la Asamblea Nacional aprobara este martes la polémica ley de “seguridad global” con 388 votos a favor, 104 en contra y 66 abstenciones. Una norma que limitará la difusión de imágenes de los agentes de la policía y la gendarmería. El Senado examinará el texto en enero.
Las críticas a la violencia policial, esta vez, no solo procedieron de las ONG y los partidos de izquierda, sino del propio Gobierno. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció una investigación de la Inspección General de la Policía Nacional —la llamada “policía de los policías”— para aclarar estos “hechos inaceptables”. Y prometió hacer públicas sus conclusiones, que deberán estar listas en 48 horas. “Los inmigrantes deben ser tratados con humanidad y con fraternidad”, dijeron en un comunicado la ministra de la Ciudadanía, Marlène Schiappa, y la ministra de Vivienda, Emmanuelle Wargon.
Los migrantes ya habían tenido que marcharse de otro campamento desmantelado la semana anterior en las afueras de París. Decían no haber encontrado un nuevo alojamiento. A última hora de la tarde del lunes, se instalaron las tiendas en la plaza de la República como protesta para “visibilizar a quienes se intenta dispersar”, según un mensaje de la organización Médicos del Mundo en las redes sociales. Otra organización de apoyo a los migrantes, Utopia 56, apoyó la instalación para reivindicar la “creación de mil plazas de albergue inmediato y un sistema de acogida perenne para los exiliados”, y convocó para este martes una manifestación en la misma plaza de la República.
Lo singular en la última evacuación es que ocurriese en un lugar tan representativo y céntrico como la plaza de la República, punto habitual de origen o llegada de manifestaciones, y no en un suburbio olvidado o en zonas fronterizas como Calais, en el canal de la Mancha. Otra particularidad es la abundancia de imágenes y el debate inevitable sobre si, con la nueva ley —que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa si se han difundido imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles— una operación como la del lunes se hubiera podido documentar. Miles de personas, entre ellas numerosos periodistas, se manifestaron el sábado por toda Francia en contra de una ley que algunos detractores consideran “liberticida”.
En los vídeos difundidos en redes sociales se ven agentes arrastrando tiendas con personas dentro y golpeando a un periodista en el suelo. “Como resultado de las intervenciones policiales particularmente brutales y chocantes contra refugiados anoche en el centro de París, he escrito esta mañana al ministro del Interior para transmitirle mi más firme condena”, dijo en Twitter la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo. La Fiscalía de París anunció la apertura de sendas investigaciones por “violencia cometida por una persona depositaria de autoridad pública”, en un caso por la zancadilla que un policía le hizo durante la redada a uno de los inmigrantes evacuados y, en el segundo, por la denuncia presentada por un periodista que dijo haber sido “molestado en varias ocasiones” por los agentes cuando cubría la evacuación.
El ministro Darmanin dijo que la manifestación no estaba autorizada y no se podía dejar en plena plaza de la República “cientos de tiendas y de personas sin evacuar”, pero admitió que las imágenes eran “chocantes”. Esto es una novedad: la movilización del ministro y otros miembros del Gobierno, no en defensa de actuación policial, sino con la voluntad de aclarar los hechos. Las críticas gubernamentales pueden entenderse como una reprimenda al prefecto de la policía de París, Didier Lallemand, cuya gestión de la revuelta de los chalecos amarillos destacó por sus excesos retóricos y la contundencia en la represión.
En un comunicado, la Prefectura recordó que la instalación de tiendas en el espacio público, “organizada por ciertas asociaciones”, es “ilícita” e invitó a los migrantes a presentarse en los centros de acogida para ser redirigidos a albergues “adaptados a su situación”. El comunicado recuerda que el 17 de noviembre, tras el desmantelamiento de un campamento en Saint-Denis, en las afueras de París, 3.000 personas, entre ellas 400 familias, fueron acogidas en centros homologados.