Por Carlos Manuel Juárez
Hace una década, en abril de 2011, el familiar de una persona desaparecida aportó información sobre el centro de exterminio en La Bartolina, Matamoros. Sin embargo, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas, a cargo de Bolivar Hernández Garza en el gobierno de Egidio Torre Cantú, no dio seguimiento a la denuncia.
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas dio a conocer información sobre la detección del sitio a través de una nota informativa, en la que reconoce que personal de periciales recolectó fragmentos de huesos calcinados de septiembre de 2018 al 3 de mayo de 2019.
La dependencia detalla que la familiar de un hombre desaparecido el 28 de octubre de 2010, dio la ubicación del sitio dentro de la averiguación previa iniciada el 14 de abril del 2011 ante la PGJ. La persona es integrante del colectivo “Madres Unidas por Nuestros Hijos”.
Ya en el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía estatal junto con las familias revisaron de forma individual y colectiva los expedientes de personas reportadas como desaparecidas. Derivado de esa labor se retomó el caso y se realizaron operativos de localización del predio.
En septiembre de 2018, personal de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y familiares dieron con el lugar y comenzaron la ubicación, exhumación y recolección de restos óseos.
La FGJ realizó 4 búsquedas en La Bartolina de septiembre de 2018 a mayo de 2019. Los fragmentos de huesos quemados, precisó en la nota informativa, se encuentran en resguardo en las Osteotecas en la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
“El 3 de mayo de 2019, se hizo la entrega del sitio a la entonces Fiscalía de Desaparecidos de la FGR, ahora Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, a fin de que continuara con los trabajos de exhumación y extracción de restos”, afirmó la Fiscalía estatal.
Elefante Blanco y el portal A dónde van los desaparecidos revelaron que el gobierno de Enrique Peña Nieto y la administración de Torre Cantú ocultaron la existencia del centro de exterminio, de donde la Fiscalía General de la República (FGR) ha recolectado, por lo menos, media tonelada de fragmentos de huesos calcinados en 4 búsquedas.
En 2016 personal militar y judicial ingresó al sitio pero sembró la duda de que los restos eran de animales.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNS) admitió que este lugar es un centro de exterminio de personas. El colectivo “Madres Unidas por Nuestros Hijos” exigen a la FGR un plan extraordinario de intervención para buscar en los 600 metros cuadraos del terreno donde se presume hay restos de humanos.
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