Por Carlos Manuel Juárez
El gobierno de Tamaulipas y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) incumplen con la identificación de cadáveres en fosas comunes, promesa que sus titulares Francisco García Cabeza de Vaca e Irving Barrios Mojica hicieron a las familias de las más de 11 mil personas desaparecidas en territorio tamaulipeco.
En 2020, la Federación entregó 18millones de pesos a la administración estatal para que construyera los panteones forenses en El Mante y San Fernando. Las edificaciones fueron concluidas, pero la Secretaría de Finanzas estatal no asignó una partida para el trabajo forense con los cuerpos.
Dentro de la partida federal, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) depositó 15 millones 705 mil 533 pesos para las obras. A cambio, el gobierno estatal se comprometió a aportar un millón 800 mil pesos para la identificación humana y dos terrenos para los centros de resguardo de cadáveres, de acuerdo con el convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2020.
En una consulta en el portal Compranet, Elefante Blanco encontró que la Secretaría de Obras Públicas (SOP) asignó en menos de 45 días las obras, a través de invitaciones directas a 6 compañías constructoras del país. El subsecretario de construcción, Guillermo Jesús Nieves Reyes, y el director Eduardo Daniel Ponce Lara, estuvieron a cargo de los contratos.
En los procedimientos de asignación, la Comisión para la licitación, integrada por Jesús Armando Martínez Rodríguez, Jesús Segovia Ramos, José Alejandro Ávila Turrubiates y Delfina Nieto Ortiz, desechó las propuestas del resto de las empresas, de acuerdo a las actas de fallo consultadas.
Las empresas Constructora Grupo Solar y Servicios de Ingeniería y Control de Obra realizaron los panteones forenses en San Fernando y El Mante por 7 millones 449 mil 342 pesos y 8 millones 256 mil 191 pesos, respectivamente. La primera constructora referida ha sido acusada de violar los derechos laborales de obreros sanfernandenses contratados para los trabajos de albañilería, herrería y electricidad.
Solo inauguran las construcciones
El 25 de febrero pasado, el fiscal tamaulipeco, Irving Barrios Mojica, y la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana Osuna, encabezaron el acto de apertura de la construcción en El Mante. En el caso de San Fernando se concluyó sin acto gubernamental.
“Esta obra permitirá que los cadáveres puedan ser resguardados de manera digna e individualizada y entregados a sus familiares de una manera transparente y clara a fin de que no exista duda, exista certeza de los trabajos realizados por la institución y las autoridades obligadas para ello”, dijo el titular de la Fiscalía estatal en el evento.
En el acto, la funcionaria federal reconoció la labor de la titular de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Desaparición, Elizabeth Almanza Ávalos. “Hay que decirlo así, han sido de los pocos que han asumido esta responsabilidad fuerte y que han trabajado de la mano con el gobierno federal para que esto sea posible”, dijo Quintana Osuna
Empero, las declaraciones de los representantes federal y estatal no han trascendido, ya que los trabajos de exhumación, análisis forenses y genéticos, inhumación o entrega de cuerpos a familiares no están programados para comenzar en 2021, de acuerdo con fuentes de la FGJ.
Los centros de resguardos de cadáveres se planearon bajo la experiencia del panteón forense de Miguel Alemán, que entró en operaciones el lunes 16 de abril de 2018. Cada uno de los tres centros cuenta con 500 gavetas para el ordenamiento de los restos.
El panteón en Miguel Alemán fue construido por la empresa Multiservicios PG, S.A. de C.V., que hizo 500 gavetas para cadáveres, por un pago de 5 millones 620 mil 504 pesos, de acuerdo con documentos consultados de la SOP. Los trabajos forenses fueron realizados por el personal de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ).
En Miguel Alemán se exhumaron 313 cuerpos no identificados, “de los cuales, hasta octubre de 2020, se habían identificado a 55, pero sólo 21 de ellos pudieron ser entregados a sus familiares”, reveló el informe “La Crisis forense en México: Más de 52,000 personas fallecidas sin identificar”.
Sin explicaciones
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha explicado a las familias de personas desaparecidas la parálisis en las labores prometidas en los centros de resguardo de cadáveres.
“Queremos saber por qué no se han iniciado las exhumaciones y no tenemos un análisis de cuántos cuerpos se exhumarán; solo sabemos que van a incluir los panteones de El Mante, Ocampo, Xicoténcatl, Victoria, pero no tenemos un número exacto y nos urge”, afirmó Graciela Pérez Rodríguez, madre que busca a su hija Milynali desaparecida el 14 de agosto de 2012.
En Tamaulipas, los colectivos Milynali Red CFC y Red de Desaparecidos son dos de las agrupaciones impulsoras de la creación de panteones forenses. La guerra contra el narcotráfico ha desangrado a la entidad, donde han sido asesinadas, por lo menos, 11 mil 563 personas en los últimos 4 gobiernos estatales.
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El nivel de violencia ha dejado más de 11 mil personas desaparecidas. Actualmente hay, por lo menos, 3 mil 788 personas fallecidas que fueron inhumadas en fosas comunes sin identificarlas; este número de mujeres y hombres coloca a la entidad en el sexto lugar del país con más no identificados, y está por encima de la media nacional.
No obstante, el informe del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, con información de la Red de Desaparecidos, apunta que al momento de las exhumaciones en Morelos, Coahuila y Tamaulipas, se localizaron en fosas comunes más cuerpos que los indicados en los registros oficiales, lo que refiere que la barbarie podría ser mayor.
Ante tal escenario, los panteones forenses son una esperanza para las familias de personas desaparecidas. Los trabajos en dichos centros se centran en la revisión de las fosas comunes, la exhumación de los cadáveres, el análisis de cada cuerpo por medio de las disciplinas forense, genética, arqueológica, antropológica, entre otras, que tiene el objetivo de identificar a las víctimas mortales. Al final, si se identifica el cadáver se busca entregarlo a su familia y, en caso contrario, se deposita en el centro de resguardo, ya con la ficha de sus rasgos genéticos y ubicación precisa.
“No queremos que se convierta en una obra que no va funcionar. Nosotros desde hace muchos años que buscamos nuestros desaparecidos nos encontramos con que las fosas comunes no tenían un orden, no sabíamos quiénes estaban ahí, ni sus identificaciones. A raíz de esto, exigimos que, por lo menos aquí en Tamaulipas, hubiera un resguardo de cuerpos no identificados para que fueran debidamente exhumados, analizados e inhumados, para encontrar su identificación y quizá dentro de éstos pudieran estar nuestros familiares”, expresó la mamá de Milynali.
Planean más panteones
Para la Fiscalía estatal, la búsqueda con y sin vida de las víctimas de desaparición ha avanzado, principalmente, con el fortalecimiento de las capacidades institucionales, de acuerdo con una nota informativa enviada a Elefante Blanco.
Actualmente, anunció, los ayuntamientos de Nuevo Laredo, Matamoros, Güemez, Victoria, Tampico y Altamira tramitan las donaciones de predios dentro de los panteones municipales para la creación de centros de resguardo que permitirán ordenar las bases de datos de personas fallecidas no identificadas.
Además, la Fiscalía Especializada en materia de personas desaparecidas contrató 91 personas dentro del plan de reforzamiento en las áreas de Ministerio Público, policía de investigación, auxiliares administrativos, peritos especialistas, que se sumaron a los 99 que ya estaban con responsabilidades para combatir dicho delito.
“Particularmente se contrataron 10 especialistas en antropología; economía y estadística; sociología, arqueología, criminología e informática para fortalecer las áreas de análisis forense, operativos de búsqueda en campo con los colectivos y familiares y análisis de contexto”, destaca la FGJ.
La Fiscalía tamaulipeca sostiene que el programa de revisión de expedientes para reorganizar y depurar las denuncias, las reuniones con familiares, y la incorporación de especialistas y tecnologías para la identificación ha sido un trabajo inédito en Tamaulipas.
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