El juez de control determinó la prisión preventiva para los policías por el tiempo que dure el proceso y otorgó seis meses para la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) informó que un juez estatal vinculó a proceso a los doce policías que presuntamente participaron en la masacre de 19 personas el pasado 22 de enero en el poblado de Santa Anita, municipio de Camargo.
Así lo dio a conocer la dependencia en un comunicado, en el que señaló que una vez transcurrida la duplicidad del término constitucional solicitado por los policías, el juez de control del Poder Judicial del Estado determinó su vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.
Se trata de Mayra E. “V”, Jorge A. “C”, Williams “F”, Edgar “M”, Horacio “R”, Carlos “R”, Jorge “C”, José L. “L”, Héctor J. “A”, Christian E. “G”, Ismael “V” y Horacio “Q”.
La autoridad judicial también estableció seis meses para la investigación complementaria y prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.
Foto: Cuartoscuro
El pasado 7 de febrero, la Fiscalía informó que el Equipo de Especialidades Forenses ha identificado a 16 personas de las 19 que fueron encontradas calcinadas el pasado 22 de enero en el poblado Santa Anita, perteneciente al municipio de Camargo.
De acuerdo con los perfiles genéticos, hasta el momento ha sido posible corroborar la identidad de catorce personas de nacionalidad guatemalteca y dos de nacionalidad mexicana.
La dependencia informó que de las tres personas que falta por identificar, en dos casos está en espera de que sea enviada “la información complementaria de los perfiles genéticos de los familiares para el adecuado procesamiento; y en el restante se aguarda que familiares faciliten muestras de ADN” para su cotejo.
El 3 de febrero, la Fiscalía dio a conocer que doce policías de Tamaulipas fueron detenidos por su presunta participación en los hechos. También fueron cesados funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) vinculados a la masacre, indicó la secretaria de gobernación federal, Olga Sánchez Cordero.
En el caso de los policías, fueron acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad, desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a la autoridad.
Foto: Cuartoscuro
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El 22 de enero fueron hallados los cadáveres de 19 personas en una camioneta calcinada en el kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra.
En el lugar fueron encontradas dos camionetas, en una de las cuáles encontraron los cuerpos. Se trata de una camioneta Toyota, modelo Sequoia 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet Silverado, pick up, de cabina y media.
“Los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113″, señaló la dependencia.
La camioneta Sequoia se ubicaba en el lugar donde fueron rescatados 66 migrantes el pasado 6 de diciembre, por elementos de la Policía Municipal del municipio de Escobedo, Nuevo León, y del Instituto Nacional de Migración.
Igualmente lograron la identificación de tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm.
El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, dijo que una de las hipótesis es que se alteró la escena del crimen, ya que los casquillos encontrados no se corresponden con los impactos que presentaban las unidades, entre otros elementos.
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La Fiscalía asegura que continúa con las investigaciones y las labores para la obtención de ADN, en colaboración con autoridades de Guatemala.
El gobierno guatemalteco ha pedido a México aplicar “todo el peso de la ley” contra los responsables de estos “sucesos horrendos”.
“Las instituciones guatemaltecas continúan trabajando de manera estrecha y coordinada con México para avanzar en el proceso de investigación forense y comparación genética que permitan la identificación pronta y certera de las personas fallecidas de origen guatemalteco”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala en un comunicado.