Cambiar los ladrillos del bloque de enfrente por la pizarra de la montaña, o sustituir los castaños que crecen en fila sobre la acera por un poderoso algarrobo que se alza en medio del terreno recién sembrado. Al teletrabajo, como al campo, no se le pueden poner puertas. Por eso, muchos profesionales eligen el medio rural para seguir desarrollando sus ocupaciones. Pero tiene sus exigencias.
Para tirar con fuerza del carro del trabajo en remoto hacen falta una buena conexión a internet y una vivienda donde instalarla, dos requisitos que suponen un reto para todo el que quiera establecerse en zonas rurales, especialmente las más pequeñas. Aún quedan muchos sitios a los que no llega la banda ancha y el mercado de viviendas en alquiler o en venta es muy reducido o inexistente.
La Secretaría General para el Reto Demográfico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, aún no dispone de datos sobre este fenómeno, pero ha percibido un aumento en la llegada de población de las ciudades a las áreas rurales. “Muchos de estos traslados no se regularizan en el padrón, porque se trata de ciudadanos que se instalan en su segunda residencia, lo que complica el recuento”, expone Ignacio Molina, asesor de la secretaría. “Pero sí se pueden identificar a través de los cambios de dirección en las tarjetas sanitarias, de las recetas en las farmacias y de las escolarizaciones, que aún estamos computando”, añade.
El portal inmobiliario Idealista aporta cifras que corroboran este nuevo interés. En noviembre de 2020, las búsquedas de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, los que se consideran rurales, alcanzaron el 14,8%, mientras que en enero del año pasado eran el 10,1%. Molina cree, sin embargo, que aún es pronto para conocer si este éxodo urbano será permanente o temporal.
¿Qué se necesita para trabajar en un pueblo?
El fenómeno de los traslados ha sacado a la luz los problemas que arrastraban las áreas rurales —o zonas de baja densidad como las denomina la Unión Europea, cuando tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado—. “Al envejecimiento y la despoblación se le suman los problemas derivados de la falta de conectividad”, detalla Molina.
Actualmente, el 99,8% de la población tiene acceso a 4G —que es la tecnología que viaja en ondas a través del aire y que permite que los móviles tengan internet— de acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, publicados en el informe Cobertura de banda ancha en España en el año 2019. Mientras, el 88% dispone de fibra óptica, que va por debajo de la tierra. Este último sistema, sin embargo, solo llega al 71% en las zonas rurales. Las cifras en el despliegue de redes, aseguran desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, no implican que los habitantes ya tengan el servicio, sino que la infraestructura está disponible. Para activarla, deberán contratar una operadora.
¿Qué velocidad de conexión a internet se necesita?
Además de la extensión de las redes, el teletrabajador debe tener en cuenta la velocidad a la que llegan los datos. De acuerdo con la Secretaría de Estado, para trabajar en remoto es necesario alcanzar, como mínimo, los 30 megabits por segundo. Con esta cantidad es posible conectar varios dispositivos a la vez: mientras dos adultos trabajan, un niño puede jugar a la videoconsola en línea, por ejemplo.
En 2019, esta velocidad estaba disponible para el 86,6% de los habitantes de zonas rurales, mientras que la superior, que viaja a 100 megabits por segundo y que es habitual en las ciudades, llegaba solo al 49,8%. El plan del Estado tiene como objetivo llegar al 100% de la población nacional con esta velocidad en 2025.
El problema, sin embargo, radica en que hay zonas de escasa densidad en las que aún no existe la infraestructura o la que hay ofrece velocidades muy lentas. La fibra óptica llegó por primera vez en enero de 2021 a Nieva de Cameros en La Rioja, con 83 habitantes censados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Lo hemos logrado después de insistir mucho. Ahora queremos que alcance a nuestra aldea, Montemediano, y al resto de municipios de la comarca de Cameros”, comenta su alcaldesa, Inmaculada Sáenz, independiente, portavoz de la Coordinadora de la España Vaciada, que agrupa a 140 asociaciones y plataformas de ciudadanos de áreas poco habitadas.
La fibra óptica llega solo al 1,6% de los hogares de poblaciones de menos de 100 habitantes, que suponen 1.380 de los 8.131 municipios que hay en España, y a la mitad de los que tienen entre 2.000 y 5.000 vecinos. El mapa de la conectividad por fibra muestra grandes vacíos en zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra, pero especialmente en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. “Aunque queda mucho por hacer, se ha avanzado. La conectividad en el medio rural en 2017 estaba en torno a la mitad de ahora”, relata Molina.
La tecnología 5G, que permite velocidades muy altas y mayor capacidad para transmitir la información, promete beneficiar a las zonas rurales y aisladas de España, de acuerdo con la secretaría. A finales de 2020, las operadoras comenzaron el despliegue de las redes, que todavía tienen muchas limitaciones. El Fondo de Recuperación Europeo, también conocido como Next Generation EU, cuenta con una partida destinada a mejorar la conectividad del conjunto del país, para potenciar el avance de la banda ancha y del 5G. “Con esta nueva tecnología encontraremos centros de coworking en municipios pequeños, lo que va a permitir crear equipos con profesionales situados en cualquier parte”, defiende Francisco Morcillo, experto en innovación y territorios y ciudades inteligentes.
El otro reto: conseguir una vivienda
Lograr una vivienda en núcleos pequeños, ya sea en alquiler o en propiedad, no es tan fácil como en las ciudades. “No existe un mercado robusto”, apunta Mariano García Sardiña, presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz. El problema, señala Lidia Díaz, presidenta de la Asociación Española Contra la Despoblación (AECD), que pone en marcha actividades para atraer gente al medio rural, es que la mayoría de las viviendas no se alquilan porque sus dueños las ocupan en vacaciones. Y las que quedan libres, apunta, están en mal estado.
Esta situación complica la búsqueda para los urbanitas que no tienen relación con el pueblo. “Tenemos un par de familias con hijos que buscan mudarse, pero no hemos logrado encontrarles casa”, admite Sáenz, la alcaldesa de Nieva de Cameros. Su Ayuntamiento plantea la posibilidad de crear un parque de alquiler que incluya los inmuebles cuyos dueños solo los usan unas semanas al año. “Queremos proponer un modelo por el que una familia viva allí y comparta la vivienda con los propietarios el tiempo que estén de vacaciones”, argumenta la alcaldesa.
García Sardiña opina que la rehabilitación es necesaria para ampliar el parque. Las comunidades autónomas cuentan con planes que pretenden ayudar a los habitantes a reparar inmuebles rurales, tanto para los pobladores actuales como para atraer a nuevos. El Gobierno planea dedicar, además, una partida del Fondo de Recuperación Europeo a la restauración de edificios y a mejorar su eficiencia energética. Además, ha ampliado hasta 2022 el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para ayudar económicamente a menores de 35 años a alquilar o adquirir una vivienda en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Un periodo de prueba para asegurarse de la elección
Patricia García, propietaria de dos hoteles rurales reconvertidos en casa de huéspedes en Villarrín de Campos, en Zamora, de 404 habitantes, recomienda probar un tiempo la experiencia rural antes de comprar. Esta empresaria ofrece habitaciones dobles con aseo por 900 euros al mes (sin comidas) y un espacio en el que teletrabajar sin interrupciones ni ruidos, un estilo de vida que quiere fomentar a través de la Asociación Nacional de Coliving y Coworking, de la que es presidenta.
“Servimos de puente hacia el pueblo. Si ya es difícil encontrar una vivienda, ¿cómo vas a adquirir una sin pensarlo bien, si además luego tienes que rehabilitarla?”, se pregunta. “Nosotros damos ese alquiler flexible en el que el huésped decide cuánto tiempo quiere estar”.
Darse una vuelta por los pueblos en los que se está interesado y preguntar a los vecinos es otra manera de acertar. “Mucha gente en el campo prefiere conocer a los inquilinos en persona”, aconseja el periodista Ramón Pradera, fundador de la iniciativa Vente a vivir a un pueblo, una plataforma web que sirve de escaparate a los pequeños municipios españoles para atraer a urbanitas que buscan cambiar de entorno.
“No se ha vivido un momento tan importante en la historia para repoblar los pueblos”, argumenta Pradera. Para aparecer en la página, las poblaciones, en torno a 100 municipios ahora mismo, pagan una cuota para cubrir los gastos de producción de un vídeo sobre sus encantos que se sube a la web. Los usuarios, además, pueden acotar la búsqueda a partir de criterios como la conectividad, la disponibilidad de viviendas de alquiler y de compra o la existencia de escuelas, centros médicos e instalaciones deportivas.
Internet, casa… pero también colegio y hospital
Los servicios educativos y de salud son la tercera pata sobre la que se asienta la decisión de los teletrabajadores para elegir destino rural. “Conviene que averigüen los que tiene esa región, porque cada persona tiene sus necesidades”, reconoce Díaz, de la Asociación Contra la Despoblación. No es lo mismo una familia con niños, que necesitan escolarización, que una pareja que espera un bebé o una persona que padece una dolencia crónica y debe trasladarse al hospital con regularidad. Para Sáenz, la alcaldesa, que también es monitora en el autobús escolar que transporta a dos de los tres niños que habitan en Nieva de Cameros a la escuela de Ortigosa, a casi siete kilómetros, vivir en el pueblo no es tan idílico como parece. “Es otra vida, llena de bondades, aquí respiramos aire limpio, pero también tiene sus inconvenientes”, concluye.
Ayudas para municipios con menos de 5.000 habitantes
España dispone del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que subvenciona la compra de inmuebles a menores de 35 años en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Un programa, que se extenderá hasta diciembre de 2022, y que permitirá adquirir una vivienda en alguno de los 6.820 municipios que tienen menos de esa cantidad de habitantes, que suponen el 83,8% de los 8.131 que hay en el país.
Para acceder a este plan, los ingresos de los beneficiarios deben ser inferiores a tres veces el indicador público de renta de efectos múltiple (IPREM), el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas y de subvenciones, y que en este caso sería de 20.336,4 euros anuales para 12 pagas y de 23.725,8 euros al año para 14 pagas. Los beneficiarios optarán a un máximo del 20% del precio de adquisición, que no podrá ser superior a los 100.000 euros.
Otro plan, el MOVES III, subvenciona la compra de furgonetas con hasta 9.000 euros y la de vehículos eléctricos, como turismos, híbridos enchufables y eléctricos con hasta 7.000 euros. Las personas empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes contarán, además, con un 10% adicional. Estas ayudas son gestionadas por las comunidades autónomas.
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