La fase de tanteo de la próxima coalición de Gobierno de Países Bajos ha provocado este lunes las primeras tensiones entre Mark Rutte, el primer ministro liberal de derecha en funciones y ganador de las elecciones (con el partido VVD) del pasado miércoles, y Sigrid Kaag, líder de los liberales de izquierda (D66) y segunda clasificada. Partidario de repetir en su cuarto mandato con una coalición de centroderecha, Rutte deslizó la posibilidad de incluir a JA21, un partido escindido de una formación de ultraderecha. Kaag replicó que le resultaba “difícil de imaginar” esa combinación.
JA21 es un partido escindido de la ultraderecha de Thierry Baudet y su Foro para la Democracia que se estrena en el Parlamento con tres diputados. Tras esa sugerencia de dialogar con ellos, dicha al vuelo, el propio primer ministro, partidario de conformar una coalición que incluya a la democracia cristiana, añadió: “No sabemos todavía quién es JA21, en realidad”. Sin embargo, sus palabras demuestran que prefiere un pacto escorado a la derecha que el modelo progresista patrocinado por Kaag. Ella respondió que le parece “difícil de imaginar” un acuerdo con un grupo cuyo ideario se opone al suyo, y todavía es pronto para saber quién cederá más.
Este primer roce da la medida de las múltiples combinaciones que pueden explorarse antes de que se haga la tradicional foto de familia del nuevo Ejecutivo con el rey Guillermo.
Si bien los tres diputados de JA21 se presentan como derecha, hasta noviembre de 2020 formaban parte del partido de Thierry Baudet. Lo abandonaron porque el político, la otra cara visible de la ultraderecha holandesa junto a Geert Wilders, no puso freno a la deriva antisemita y homófoba de su organización juvenil.
Al formar un grupo minoritario propio, JA21 prefiere evitar las estridencias de ambos líderes, pero su programa recoge, entre otras medidas, el cierre de fronteras para restringir la inmigración, la repatriación de los inmigrantes que no se integren en el país, el rechazo a las “cuotas identitarias y diversidad impuesta” para proteger la identidad nacional, prohibir la financiación extranjera de mezquitas y escuelas musulmanas, y la expulsión de grandes delincuentes con doble nacionalidad, que perderían la holandesa. También quiere reducir el poder de la UE para que los Países Bajos no se conviertan “en el cajero automático” de los socios del sur, y someter el euro a un referéndum.
Aunque no ha llegado el momento de sentarse a negociar con nombres y apellidos, el cuarto Gobierno de Rutte llegará cuando el mandatario holandés está a punto de ascender al segundo puesto de los que más han resistido en el cargo en la UE. La primera plaza la ocupa la canciller alemana, Angela Merkel, que se retira después de 16 años en el poder; el húngaro Viktor Orbán gana a Rutte por cinco meses.
El holandés (34 escaños), que es liberal de derecha, puede batir además otro récord a domicilio: si supera la mitad de la nueva legislatura (de cuatro años), será también el que más ha resistido en su país. Son hitos que adornan cualquier biografía, pero, esta vez, Rutte, avezado negociador, afronta un reto adicional. Es la fuerza con que Sigrid Kaag, liberal de izquierda y segunda clasificada en los comicios (24 escaños), quiere que su voz sea oída. En un país abocado a las coaliciones debido a la fragmentación social, dicho ímpetu es poco frecuente. Sobre todo cuando apenas ha empezado la exploración para ver qué partidos están dispuestos a gobernar.
El escándalo que pasó casi desapercibido
En otras circunstancias, el escándalo que estalló a principios de año sobre las ayudas a cerca de 30.000 familias acusadas injustamente de fraude por la recepción de subsidios habría podido hundir la carrera política de Rutte. Con la urgencia de la covid-19, bastó con su dimisión, y la de su Gabinete, presentadas en enero pasado. El asunto pasó casi desapercibido durante la campaña electoral, pese a que se trataba del calvario por el que pasaron unos padres perseguidos por un delito que no habían cometido. Y que, además, eran vigilados en su mayoría con el sesgo discriminatorio de su origen inmigrante.
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