Las elecciones de Castilla y León han reactivado el debate sobre la estrategia que deben seguir los partidos políticos ante el ascenso de Vox. En realidad, esta cuestión sobrevuela la política española desde las elecciones autonómicas de Andalucía en diciembre de 2018. Aquellas elecciones las ganó el PSOE, pero el líder del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, consiguió la investidura gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos y Vox. Fue un primer paso en la “normalización” política y mediática de Vox. Un año después, ocurrió lo mismo en Murcia. Y en 2021 en la Comunidad de Madrid.
En la esfera pública, la “normalización” ha consistido, ante todo, en argumentar que si el PSOE pacta con un partido radical a su izquierda como Unidas Podemos (UP), también puede hacerlo el PP con un partido radical a su derecha como Vox. Pero, según tuve ocasión de defender en un artículo anterior, el paralelismo entre UP y Vox es, en mi opinión, falaz (también lo ha argumentado así Daniel Innerarity). Si bien ambos partidos se sitúan en posiciones extremas en el espacio ideológico, Vox representa una amenaza para el sistema democrático, mientras que UP no. Estas son algunas de las razones por las que se puede afirmar que Vox no es compatible con la democracia (las presento de forma telegráfica): primero, Vox pretende ilegalizar partidos políticos (los nacionalistas) en nombre de la unidad de España; segundo, Vox está a favor de recortar los derechos de los ciudadanos inmigrantes, y, tercero, Vox quiere eliminar la protección de minorías sexuales. Cada uno de estos tres elementos es un torpedo en la línea de flotación de la democracia liberal. Las medidas que defiende Unidas Podemos podrán parecer más o menos dañinas para la economía o para la unidad de España, pero no atentan contra los valores democráticos.
Precisamente porque hay una incompatibilidad entre Vox y la democracia liberal, se plantean dilemas que no surgen en el caso de Unidas Podemos. De ahí que nadie habla de establecer un cordón sanitario en torno a UP, pero sí se ha planteado en numerosas ocasiones hacer algo de este tenor con Vox.
Conviene hacer algunas precisiones sobre lo que significa cordón sanitario: el objetivo consiste en impedir, por medio del juego parlamentario, que el partido cuyas propuestas se consideran “tóxicas” para la democracia llegue a posiciones de gobierno. Me gustaría subrayar que esta postura resulta exquisitamente democrática y respetuosa con las reglas de juego. No se propone prohibir a Vox o impedir que compita en las elecciones, pues todo partido que no cometa delitos tiene derecho a presentarse a los comicios, sea cual sea su ideología. El principio de tolerancia requiere que los ciudadanos que comparten el ideario de Vox puedan votar a este partido. De este modo, nada impide a Vox obtener representación en ayuntamientos, parlamentos autonómicos y Parlamento nacional. Ahora bien, en un régimen parlamentario, una vez repartidos los escaños, los diputados son libres para decidir qué alianzas buscan en orden a investir a un presidente o aprobar leyes. No se viola norma alguna si los diputados optan por aislar parlamentariamente a un partido. El partido conserva sus derechos intactos, y los diputados del mismo pueden expresarse con total libertad en las instituciones y fuera de ellas.
El cordón sanitario manda una señal potente a la ciudadanía de que los partidos que aceptan plenamente el marco democrático rechazan por principio llegar a acuerdos políticos con un partido que no acepta dicho marco. Los votantes del partido excluido saben de antemano que, salvo que obtenga una mayoría absoluta, su partido no accederá al Gobierno ni tendrá una influencia indirecta en el mismo por su apoyo parlamentario.
Quienes están en desacuerdo con la tesis del cordón sanitario suelen alegar que la marginación del partido señalado puede suponerle una ventaja electoral al poder explotar su condición de “víctima” ante el resto de partidos. La imagen de partido rompedor y antiestablishment quedaría así reforzada. Puede que esto ocurra, pero no lo sabemos a ciencia cierta, ni los investigadores han sido capaces de estimar cuál es la prima de voto que puede ganar un partido de extrema derecha por ser excluido del Gobierno. Resulta difícil creer que el efecto sea tan grande como para granjearle una mayoría absoluta, por lo que, mientras no la consiga y funcione el cordón sanitario, se mantendrá en los márgenes del sistema político.
Concedamos que actuamos a tientas y que no sabemos qué consecuencias electorales tiene imponer el cordón sanitario o no hacerlo. Ante semejante incertidumbre, a lo único que podemos apelar es a nuestros principios democráticos. Y estos dictan que un partido que quiere erosionar o destruir la democracia no es digno de entrar en un Ejecutivo (municipal, autonómico o nacional).
Como se ha recordado ampliamente estos días, el cordón sanitario se ha practicado en Alemania, Francia y Suecia. En Dinamarca, la extrema derecha ha apoyado al Gobierno conservador, pero no ha entrado en el mismo. En Austria, la extrema derecha, representada por el Partido de la Libertad, ha gobernado con los conservadores (el equivalente a un Gobierno PP-Vox).
En España, el debate no se ha planteado seriamente. Los partidos enfocan la cuestión desde el tacticismo y mediante cálculos cortoplacistas. Por un lado, el Partido Popular nunca ha hecho una condena de Vox ni ha señalado los peligros que su crecimiento entraña. Tanto el origen franquista de Alianza Popular como el hecho de que el líder de Vox sea un antiguo miembro del PP dificultan una toma de posición clara por parte de los populares. Por otro lado, los partidos de izquierdas parecen sentirse más cómodos criticando al PP por depender de Vox que combatiendo a Vox desde las instituciones.
Para que en una situación como la de Castilla y León funcione el cordón sanitario, es preciso que la izquierda se abstenga, de modo que Vox no resulte decisivo. Se pone toda la presión sobre el PSOE, lógicamente, porque es el principal partido de la izquierda, pero UP y el resto de partidos democráticos deberían arrimar el hombro igualmente. En el caso del PSOE, el recuerdo traumático de la abstención en 2016 no facilita las cosas. Podría parecer que el PSOE mantiene una línea de “entreguismo” al PP, o que Sánchez es incoherente porque rechazó la abstención en 2016 y la propugnaría ahora en 2022. Sin embargo, hay una continuidad: tanto la negativa a abstenerse en 2016 como la abstención ahora son medidas de protección de la democracia: frente a la corrupción en 2016, frente a la extrema derecha ahora.
No tendría mucho sentido poner en funcionamiento el cordón sanitario en Castilla y León si el PP luego forma Gobierno con Vox en Andalucía o en el Gobierno de España. Por eso, la política de cordón sanitario, para ser creíble y eficaz, debe fijarse mediante un acuerdo entre todos los partidos democráticos y seguirse no en unas elecciones concretas, sino como principio general. En medio de la descomposición de la derecha a la que estamos asistiendo, todo parece indicar que un acuerdo de esta naturaleza no será posible. Lo más probable, desgraciadamente, es que España siga el ejemplo austriaco y no el alemán, el francés o el sueco.
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