Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la sanción de 4 millones 529 mil pesos impuesta a Morena por haber omitido el reporte de ingresos en 2014 y 2015, a partir de la utilización de un esquema de financiamiento paralelo para apoyar sus actividades ordinarias, mediante la retención de un porcentaje del salario -también conocido como diezmo- de los trabajadores del municipio de Texcoco y del Sistema del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) de ese municipio por 2 millones 264 mil 612 pesos.
En 2017 el Partido Acción Nacional (PAN) presentó una queja contra Delfina Gómez, exalcaldesa del municipio de Texcoco y entonces candidata a la gubernatura del Estado de México, por presuntamente descontar un porcentaje del salario de las y los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco, entre febrero de 2013 y julio de 2015, para la constitución de Morena como partido político nacional y para sus funciones ordinarias, de forma posterior, así como para la campaña a diputada federal de la denunciada durante el proceso 2014-2015.
El 3 de septiembre de 2021, el Consejo General del INE resolvió que se acreditó una infracción en materia de fiscalización por parte de Morena, por lo que le impuso la sanción de 4 millones 529 mil pesos; no obstante, consideró que no se acreditó un beneficio concreto y directo a favor de la campaña electoral para Delfina Gómez Álvarez. La resolución fue recurrida por los partidos Morena y el PAN.
En sesión pública por videoconferencia este miércoles, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzáles, la Sala Superior consideró acreditada, mediante diversas pruebas indirectas, la responsabilidad de Morena de incurrir en la omisión de reportar ingresos en 2014 y 2015 durante la correspondiente fiscalización, al omitir reportar a la autoridad el beneficio que recibió por parte del Grupo Acción Política, dicha organización presuntamente realizaba actividades en beneficio de la sociedad. Sin embargo, se acreditó que 2 millones 264 mil 612 pesos fueron utilizados para ayudar a Morena en su operación ordinaria, por lo que se pretendió ocultar de esta manera el destino real de los recursos retenidos a los trabajadores de Texcoco.
El máximo tribunal electoral del país señaló que es obligación de los partidos políticos reportar todos los ingresos que obtengan, así como su fuente y destino, por lo que Morena incumplió dicha responsabilidad al omitir registrar los ingresos provenientes de las retenciones a los trabajadores de Texcoco y al Sistema DIF. Así, su omisión sí le generó un benefició que no reportó al INE, lo que fue un actuar ilícito.
En cuanto a los alegatos del PAN sobre la participación y beneficio de Delfina Gómez, así como de otras dos militantes de Morena, exfuncionarias del municipio, la Sala Superior desestimó sus planteamientos y determinó que las conductas por las que se les señala deben ser conocidas en un procedimiento diverso al de fiscalización, pues el único responsable en materia de fiscalización de lo que hicieron las personas militantes es el partido político Morena.
Consejeros critican ilegales retenciones a los trabajadores
Aquel 3 de septiembre de 2021, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, señaló que la queja contra Morena lleva varios años en el INE y desde 2017 se hicieron investigaciones exhaustivas. “Se estuvo analizando toda la información con mucho cuidado y, finalmente, traemos hoy el proyecto que se pone a su consideración”.
Destacó que todos los integrantes del Consejo General se pronunciaron por condenar el descuento de ciertas cantidades de dinero a los trabajadores por parte de los gobiernos, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, práctica que desafortunadamente no solamente es de un partido político específico, sino que existen otros que también han incurrido en esa práctica, detalla el documento del INE.
Consejera Adriana Favela.
“Lejos estaremos de una vida pública y política a salvo de corrupción si permitimos que el uso patrimonial de cargos públicos quede impune. Cobrar diezmos a los trabajadores es un abuso lo haga quien lo haga, es pensar que el trabajador debe su empleo al partido gobernante en turno y que por eso puede quitarle parte de su salario”, estableció el consejero Ciro Murayama.
Expuso que difiere del proyecto, porque no se sanciona la totalidad del dinero que fue sustraído ilegalmente de los trabajadores (13 millones 890 mil 047 pesos), pues buena parte del dinero no se rastreó porque lo convirtieron en efectivo, “pero la retención, la emisión de cheques y su cobro son parte de la misma operación”. Sin embargo, la propuesta no prosperó.
El consejero Jaime Rivera Velázquez ponderó la extensa investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización, en la que queda demostrado que el partido y su candidata a diputada federal en 2015 fueron beneficiados directamente con ingresos no reportados, provenientes de un mecanismo de retención indebida a empleados del ayuntamiento de Texcoco, se trata de una conducta dolosa “para obtener recursos de manera ilegal”, aseveró.
La investigación “pone de manifiesto una falta que no puede limitarse a la imposición de una sanción, sino que debe conducir a una profunda reflexión en cuanto a las medidas idóneas, que esta autoridad deberá implementar en el futuro para evitar que conductas irregulares se hagan una práctica frecuente en detrimento de la legalidad, la transparencia, la rendición de cuentas”, consideró la consejera Carla Humphrey.
Consejera Carla Humphrey.
Para el consejero Uuc-kib Espadas Ancona se trata de la sustracción de 13 millones de pesos de salarios que se quitaron ilegalmente a trabajadores al servicio del gobierno y las leyes mexicanas protegen el salario de manera especial, porque de eso depende la sobrevivencia de muchísimas familias.
“Las malas prácticas como las retenciones salariales realizadas por los gobiernos locales son actos que desde la materia electoral no pueden quedar impunes”, por lo que el Consejo General debe ser firme y sancionar conductas que menoscaban derechos de los trabajadores”, dijo la consejera Norma De la Cruz, según el comunicado.
Y anunció su voto en contra ya que, desde su perspectiva, no se cumplió el plazo para la sustanciación establecido en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para admitir la queja.
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