El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir la investigación al excandidato de la coalición PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, por haber entregado presuntamente bienes o servicios a los ciudadanos durante la pasada campaña electoral.
Lo anterior, por solicitar el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada “tarjeta rosa”, que permitía obtener dinero, una vez que el candidato ganara las elecciones.
El Tribunal consideró fundado el agravio presentado por Morena, que acusó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León de no haber realizado una investigación completa de las infracciones denunciadas contra el excandidato.
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Por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado José Luis Vargas Valdez y el voto razonado del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal local y ordenó reabrir la investigación “para que las autoridades correspondientes recaben los elementos necesarios y emitan una nueva resolución que determine si se confirmará o no la infracción por haber entregado bienes y/o servicios a la ciudadanía durante la campaña electoral”,
Morena denunció a Adrián de la Garza Santos y a los partidos de la coalición PRI-PRD, por considerar que la entrega de las tarjetas “Por ti mujer fuerte” y “Por ti en compañía” que prometían un depósito bimestral, fue una infracción en materia de propaganda electoral y uso del financiamiento público.
La sentencia, propuesta por el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, destacó que la prohibición de entregar bienes o servicios al electorado durante las campañas electorales busca garantizar que el voto de la ciudadanía sea libre -en especial el de aquellas personas en condiciones de desventaja o vulnerabilidad-, así como impedir la comisión de malas prácticas electorales, como la formación de compromisos clientelares.
La sentencia establece que las autoridades competentes “tienen el deber y la obligación de investigar exhaustivamente los hechos para demostrar si la propaganda electoral de Adrián de la Garza fue válida o formó parte de una estrategia de coacción del voto”.
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En mayo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la apertura de una carpeta de investigación contra De la Garza, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera en su conferencia matutina la utilización de tarjetas como mecanismo de compra y coacción del voto.
Tras la decisión de la Fiscalía, el mandatario celebró que tuviera efecto su denuncia y señaló que si salían otros casos similares sería bueno, ya que la compra del voto de manera directa o simulada es ilegal. Indicó que si al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, no le gustan estas denuncias, es porque no es demócrata.
El entonces candidato, Adrián de la Garza, viajó a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) lo que consideró como una “intromisión” del presidente de la República.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso una denuncia penal ante FGR contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por su presunta injerencia en la contienda electoral.
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