El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) podría anular la ampliación del mandato del presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, y de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, que había sido extendido de agosto de 2023 a octubre de 2024.
El proyecto de sentencia de la magistrada Janine Otálora, que será discutido por el pleno de la Sala Superior, señala que es “inconstitucional” la ampliación del periodo de los dos dirigentes, por lo que propone declararla como inválida.
El proyecto, que fue hecho público por el TEPJF, reseña que el Congreso Nacional morenista no incluyó el punto en su convocatoria y éste fue introducido un día antes de su celebración, por lo que los asistentes no pudieron conocer con antelación la propuesta.
Además, Otálora precisa que la Sala Superior determinó en dos sentencias firmes y definitivas que ambos mandatos culminan en agosto de 2023, por lo que el partido político no puede prorrogarlos.
“El partido, como órgano democrático, debe respetar el principio de periodicidad de su dirigencia y no puede prorrogarlos, aunado a que dicho supuesto no se prevé en el Estatuto de Morena”, dice el texto.
Delgado y Hernández solo podrían prorrogar su mandato en caso de circunstancias extraordinarias que no concurren.
“La prórroga automática que contempla la jurisprudencia responde a un supuesto distinto al del caso. Además, en este momento no se justifica que exista una situación extraordinaria que impactaría únicamente a dos cargos particulares”, menciona.
Por último, considera que la prórroga rompe con los principios democráticos y constitucionales que rigen el actuar del partido.
Por lo tanto, ordena a Morena “renovar los cargos de presidencia y secretaria general del CEN a más tardar el 31 de agosto de 2023, de conformidad con los mecanismos establecidos en su Estatuto y tal como se encontraba determinado en las sentencias de los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-1903/2020 y acumulados y SUP-JDC- 601/2022″.
El proyecto de Otálora responde al recurso que 17 militantes morenistas presentaron contra la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que confirmó las modificaciones al Estatuto de Morena aprobadas en el III Congreso Nacional Ordinario de ese partido.
Los promoventes consideraron que la aprobación fue incorrecta y que las modificaciones perjudican sus derechos, por lo que solicitaron la intervención del Tribunal.
La magistrada negó la razón a los morenistas en cuanto a que el INE violó su garantía de audiencia, ya que éste no estaba obligado a requerir demandas presentadas en otros recursos ante el órgano intrapartidario.
“Tampoco les asiste la razón en que se violaron los principios de exhaustividad, congruencia, fundamentación y motivación ya que el INE sí analizó el procedimiento seguido por Morena; se pronunció sobre las cuestiones que le presentaron y fundó y motivó las razones por las que aprobaba las modificaciones”, señala el proyecto.
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