La Tesorería de la Federación (Tesofe) rechazó que exista una orden para cancelar de forma definitiva todas las cuentas bancarias que las dependencias del gobierno federal mantienen con bancos del sector privado y aclaró que las reformas a su operación interna buscan una actualización y reordenamiento de las mismas.
En un comunicado de la Tesofe, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y que se encarga de los depósitos y transferencias de fondos federales, explicó que los cambios a las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería, obedecen a un diagnóstico interno que puso en evidencia múltiples irregularidades en cuentas bancarias gubernamentales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de febrero, el citado acuerdo modificatorio advierte que todas las dependencias y entidades del gobierno federal deberán cancelar todas las cuentas bancarias autorizadas por la Tesofe a más tardar el próximo 31 de marzo del 2023.
La nueva normatividad aclara que tras el cierre de las cuentas bancarias actuales, cualquier dependencia pública y entidad del gobierno federal podrá reabrir las cuentas que sean necesarias para su operación, pero bajo las nuevas reglas que impone la Tesorería de la Federación.
El citado acuerdo agrega que “la omisión de esta obligación” se notificará al Órgano Interno de Control (OIC) o su equivalente” en cada una de las dependencias y entidades del gobierno federal, ya que el incumplimiento de las reglas en materia de cuentas bancarias oficiales podría generar responsabilidades administrativas a los servidores públicos que sean omisos.
La Tesofe explicó que realizó “un diagnóstico serio y profundo” sobre el Sistema de Cuenta Única de Tesorería (CUT), encontrando inconsistencias e irregularidades en decenas de cuentas bancarias gubernamentales, las cuales podrían propiciar nuevos casos de corrupción.
Entre las irregularidades encontradas por este diagnóstico como cuentas bancarias aperturadas desde hace varias décadas por gestiones pasadas, por lo que no existe ni siquiera la información sobre su saldo actual.
Además, también se encontraron cuentas bancarias a nombre de personas que ya no son servidores públicos y con errores de clasificación sobre el tipo de cuentas, entre otras anomalías.
Para la Tesorería de la Federación, el desorden administrativo existente en las cuentas bancarias oficiales presentaba un “gran riesgo de actos de corrupción”, por lo que se ordenó a todas las dependencias y entidades del gobierno federal el “cierre de viejas e injustificadas cuentas y la reapertura de aquellas pertinentes”.
Es decir, que en lugar de una cancelación definitiva de cuentas bancarias por discrepancias con el sector privado, se ordenó un “reordenamiento” de las cuentas bancarias que las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal deben mantener con los bancos del sector privado, incluyendo la apertura de nuevas cuentas.
En suma, el acuerdo antes mencionado está encaminado a actualizar el registro de las cuentas por excepción, elaborando una nueva base de datos que sigue lineamientos de apertura, gestión y cancelación que harán más transparente y efectivo su manejo”.
Por último, la Tesorería de la Federación aclaró que este reordenamiento de las cuentas bancarias del gobierno federal no afectará a los contribuyentes en el cumplimiento de sus pagos y obligaciones fiscales.
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