Vicente Calderón y Daniel Ángel Rubio recibieron mención honorífica en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte por un reportaje que muestra la Tijuana del narcomenudeo, la violencia y las deficiencias de un Nuevo Sistema de Justicia Penal que regresa a la calle a gran parte de los acusados. El Hub de Periodismo de Investigación es un proyecto del International Center for Journalism en alianza con el Border Center for Journalist and Bloggers y con apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de EU, creado para promover el periodismo de investigación en la frontera México-EU.
Por Vicente Calderón y Daniel Ángel Rubio / TijuanaPress.com
Presupuestos bajos, incapacidad policial, investigaciones deficientes, juzgados sobresaturados en el combate al narcomenudeo en Tijuana están devolviendo a miles de acusados a las calles de esta frontera, la más mortal del país debido a la venta de drogas.
Estas omisiones provocaron que, de junio de 2016 a mediados de 2019, ya con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, no se lograra dejar en prisión a nadie por el delito de comercio de drogas al menudeo. Los datos hablan solos: de más de 12 mil detenidos en este periodo, sólo hubo 182 sentencias y fueron únicamente por posesión*.
El día que Federico compareció en la sala 4 del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Baja California tenía a su lado únicamente a un abogado de oficio. Tácitamente aceptó la acusación de la policía de Tijuana: llevaba 91 envoltorios de droga.
La denuncia de una mujer en la colonia Zona Norte de Tijuana -un distrito ubicado a unos pasos de la frontera con San Diego, California, y conocido por su oferta de bares, prostitución, venta de droga y alto número de homicidios- fue lo que llevó a su detención, según consta en el informe policiaco del día de su arresto.
Zona conocida por la venta de droga e índice de homicidios.
Delgado y con la cabeza casi rapada, el trabajador de una de las miles de fábricas de esta frontera se mantuvo callado y atento durante la audiencia. Respondió con timidez cuando le preguntaron si entendía su situación. Ese día parecía haberse acicalado para su presentación ante la jueza.
Y aunque los 36 gramos de metanfetamina que llevaba estaban muy por encima de los 40 miligramos que permite la Ley General de Salud para consumo personal, la Fiscalía no presentó elementos suficientes para comprobar que este joven se dedicaba a la venta de estupefacientes.
El resultado: dos días después estaba libre porque acordó no usar drogas, mantener un empleo y estar localizable.
La fiscalía y la policía auguraron dos escenarios: Federico regresaría a las filas del narcomenudeo y probablemente lo asesinarían. La sentencia de muerte se cumplió.
El círculo mortal
La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener fin, según datos de la Fiscalía.
“Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con el tema de narcomenudeo, y por supuesto que va de la mano el tema del homicidio con el comercio de drogas”, asegura Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.
A pesar de esta relación, en la ciudad de Tijuana ningún juez concretó una sentencia por distribución de estupefacientes en los primeros tres años de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia a Tijuanapress.com. Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de 6 mil homicidios de 2016 a 2019, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, confirmó este escenario justo al cierre del 2019.
“De los municipios que tienen más homicidios dolosos, en cifras absolutas, Tijuana tiene el mayor número”, afirmó durante la conferencia matutina que da todos los días el presidente de México. Así, este municipio está por encima de Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.
Además, a nivel nacional, Baja California fue el estado con la mayor tasa de incidencia por el delito de narcomenudeo en 2019, según el semáforo delictivo de la organización ¿México ¿Cómo vamos?
Entre junio de 2016 y agosto de 2019, las diferentes corporaciones policiacas de Tijuana detuvieron mensualmente, en promedio, a 300 personas que cargaban desde marihuana hasta heroína, según las estadísticas del Poder Judicial obtenidas vía transparencia. Un total de 12 mil 308 detenidos en ese periodo. Pero sólo uno de cada 10, es decir mil 254, llegaron ante un tribunal. Ahí el embudo se hace aún más delgado: únicamente 182 completaron su proceso penal. Estas cifras hacen que Tijuana esté muy cerca de ser considerada la capital del narcomenudeo.
Policías municipales realizan rondines por las diferentes zonas de la ciudad. Las detenciones de personas con droga es algo común.
En los juzgados no parece haber una verdadera pelea contra el comercio de drogas. Las pocas sentencias que se lograron fueron por posesión simple, la variante de este delito que tiene la pena más laxa.
En un análisis hecho a más de tres bases de datos entregadas por las autoridades, se encontró que de los más de 12 mil consignados a la Fiscalía, nueve de cada 10 fueron acusados sólo de posesión de narcóticos y del resto, 35 fueron por comercio y 27 por posesión con fines de comercio.
Sumado a todo esto, el 80% de los detenidos no tenía una sentencia clara porque sus casos seguían en proceso, informó el Tribunal de Justicia de Baja California.
“El sistema está colapsado“, aseguró un juez que pidió no ser identificado y que calcula que atiende hasta 12 audiencias diarias; la mayoría por narcomenudeo.
Y del total de personas llevadas ante la procuraduría (ahora fiscalía), por delitos relacionados con drogas, cuatro de cada 10, esto es, 4 mil 565, ya habían pisado antes esas oficinas por lo menos una vez. De esta población reincidente, el 56% llevaba entre tres y 13 aprehensiones en sus récords, según la misma autoridad.
Además de esto, el Tribunal de Justicia respondió que en sus primeros tres años de operación con el nuevo sistema, los jueces de control declararon ilegales 331 detenciones. Eso significa casi el doble de las sentencias logradas en el mismo lapso. Y es que para los jueces no es difícil llegar a esta conclusión después de leer las carpetas con la información policiaca.
En las más de 150 sentencias obtenidas y revisadas para este reportaje, se encontró que los agentes de la policía muchas veces usan la misma versión para más de un caso. No sólo eso, en distintas carpetas se encontraron narraciones similares de cómo y por qué detuvieron a la persona.
Los señalamientos fueron recurrentes: acusados que estaban orinando en la vía pública, que alguien los denunció, o que al notar la presencia policiaca corrieron y los agentes observaron que arrojaban algo al suelo.
El análisis de todas las detenciones, sentencias y homicidios respalda las voces de jueces y abogados consultados: La cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota.
La policía destina gran parte de sus recursos y su tiempo a detenciones cuestionables, mientras la fiscalía procesa aportando muy poca evidencia y con magros resultados.
En esta línea, los tribunales sólo supervisan un trámite en el que optan por ver a los imputados más como enfermos que como delincuentes, apelando a la legislación antidrogas.
El detonador de homicidios
Entre junio de 2016 y agosto de 2019, Tijuana, una ciudad que oficialmente tiene 1.8 millones de habitantes, registró 6 mil 190 homicidios, un promedio de cinco asesinatos diarios, y en días muy malos hasta 16 muertos (27 de octubre, 2018), de acuerdo con los datos analizados que entregó la ahora fiscalía.
“Es un factor que no ha cambiado aquí en la ciudad, la gran mayoría de los homicidios están relacionados con el tema de narcomenudeo“, asegura el fiscal regional Jorge Álvarez.
Este problema no es nuevo y Álvarez no es el único que lo relaciona con los principales generadores de criminalidad.
“De la problemática que tiene la ciudad en seguridad, el 80, 85% está relacionado con la cuestión de narcomenudeo“, explica Mario Martínez, ex director de la Policía Municipal.
Martínez recuerda que cuando estaba al frente de la corporación sus oficiales detenían todos los días a personas con droga. La metanfetamina, conocida como “cristal” o “crico”, era lo que más encontraban.
Ese es un patrón que ha seguido con los años. En el 90% de las detenciones que se analizaron el detenido llevaba metanfetamina. En segundo lugar se encontró la marihuana. Y mientras que la ley permite portar entre una y dos dosis, los casos que versan en los reportes portaban en promedio 24 envoltorios de cristal y/o 20 envoltorios de marihuana.
“Es triste ver que aseguramos a una persona por cometer un delito en la ciudad y que a las 48 horas sale. O muchas veces en una semana hemos agarrado a la misma persona tres veces. Es una burla, la verdad”, dice Martínez.
Funcionarios de las corporaciones policiacas y de justicia sostienen que las principales víctimas de homicidio son vendedores de droga que quedan en medio del enfrentamiento que mantienen los cárteles de Sinaloa, los remanentes del Arellano Félix, y el de Jalisco Nueva Generación, por el control del narcomenudeo en las colonias.
En esa guerra por las calles, las esquinas o los parques, el costo social es muy alto. En su mayoría, las víctimas de homicidio tenían entre los 25 y los 35 años de edad.
Este problema se ha venido gestando desde hace tiempo. En 2017, el entonces subprocurador de investigaciones especiales de la extinta Procuraduría de Justicia en Baja California, Miguel Ángel Guerrero Castro, lo había señalado.
“Hasta el 85% de las personas ejecutadas en la ciudad están registradas con ingresos o detenciones por narcomenudeo”.
Por si fuera poco, un análisis de los informes semanales presentados por la policía de Tijuana en la pasada administración municipal muestra que hasta el 50% de las detenciones que realizaron fue por posesión de drogas. Las cifras oficiales sustentan esta realidad, ya que a partir de 2018 el número de detenidos crece de manera abismal, llegando hasta las 449 detenciones en un solo mes de 2019.
La cadena de impunidad
De las tres instancias enfocadas en combatir este problema, la policía es el primer eslabón, el punto en el que inicia todo el proceso, y también la que tiene un menor presupuesto para trabajar.
En 2019, el Congreso le autorizó 12.5 millones de pesos, una cifra muy baja comparada con los mil 483 millones de pesos que obtuvo la Fiscalía, antes Procuraduría de Justicia, y también se queda por debajo de los mil millones de pesos que recibió el Poder Judicial ese mismo año.
“Las condiciones laborales, salariales y materiales no promueven que la actuación de los policías municipales pueda ser la mejor […] el problema es que desde que se implementó el nuevo sistema nos enfocamos más en el poder judicial y en las procuradurías y dejamos de lado a los policías”, explica Reynaldo Saldívar, miembro de la organización Causa en Común, dedicada al análisis del desarrollo policial en México.
Pero los presupuestos no alcanzan para mitigar el problema del narcomenudeo en ninguna de las instancias.
El mismo Poder Judicial lleva desde 2017 solicitando un incremento cercano al 50% en su presupuesto para enfrentar los cambios en el Sistema de Justicia, pero en 2020 recibió los mismos mil millones de pesos, e insiste en que no le alcanza para el nivel de demanda que tienen.
“Nosotros estamos viendo en el tribunal cómo implementar mayores jueces, mayores salas (…) estamos ahorita viendo qué es lo que tendríamos que hacer con el presupuesto que se nos autorizó”, declaró a la prensa Salvador Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
El edificio del poder judicial en Tijuana está a un costado de la antigua penitenciaría, donde internan a las personas arrestadas por la policía cuando la fiscalía considera que hay elementos para enviarlas ante el juez.
En ese penal, que encierra una historia de crímenes y corrupción legendarias, esperarán su primera audiencia o la siguiente.
La prisión es de renombre internacional lo mismo por asesinatos de sus directivos, que por sus fugas o por el control que los internos -especialmente los ligados al narcotráfico- mantuvieron durante años.
El desprestigio fue tal, que la película estelarizada por Mel Gibson Get the gringo, se basó en las anécdotas de este reclusorio antes conocido como “El pueblito”, escenario de violentos y mortales motines.
Pero ahora el sistema judicial bajacaliforniano intenta marcar un contraste.
El inmueble que alberga las salas del nuevo sistema de justicia penal oral es relativamente nuevo y sobrio. En la entrada tiene un arco de detección de armas que no funciona, y en el pasillo principal una gran efigie de la justicia.
Muy cerca, los guardias detrás de un desgastado mostrador registran al personal, a los fiscales y a los abogados defensores que participarán en las audiencias.
Intentan mantener un orden la sala que se destina a qué juez y a qué caso, pero no es sencillo.
Aunque hay una programación previa, siempre hay más procesos que atender, así que la pantalla con los horarios y las salas asignadas cambia constantemente retrasando las comparecencias.
Por eso es común ver en la antesala gente parada o recargada en la pared esperando alguna de las decenas de causas penales repartidas en las cuatro salas existentes. En ocasiones son mas de 50 en un día.
Ocasionalmente, los jueces pasan de un lado a otro aguardando que se desocupe una sala para presidir su siguiente audiencia.
Es un proceso riguroso que debe quedar videograbado por las cámaras de lo que asemeja un sistema de circuito cerrado.
En la sala, un monitor empotrado en el muro y un reloj completan el escenario de tres escritorios destinados para una auxiliar del magistrado, la físcalía y la defensa.
Junto a esta última se ubica al imputado, que estará de frente al podio principal que ocupa el juez.
Frente al togado y atrás del acusado, separados por un pequeño muro de alrededor de un metro de altura, hay unos cuantos asientos para los asistentes. Nadie puede entrar con teléfono celular, y menos con equipo profesional para grabar.
Los reporteros, que solo tienen permitido ingresar con pluma y libreta, generalmente están en primera fila, delante de los familiares o amigos. Los imputados, siempre resguardados por algún custodio estatal, salen esposados vistiendo tenis y everol anaranjado, como una copia de los juicios norteamericanos.
Una vez que el juez es presentado por su auxiliar, una de sus primeras acciones es pedir a los reporteros que se identifiquen y les advierte que serán multados si difunden los datos del procesado sin su autorización.
La saturación y los pocos recursos para trabajar tienen una consecuencia real en la impartición de justicia en la ciudad. Con la necesidad urgente de cerrar casos, en los últimos tres años los jueces prefirieron apegarse a criterios de ley para sustituir la cárcel por una multa.
Es común que estas salas estén saturadas por el número de casos que se tienen que atender todos los días.
Por eso el alto número de detenciones y el reducido nivel de judicializaciones han hecho que especialistas comparen al sistema con una puerta giratoria.
En el sistema acusatorio los policías tienen un papel fundamental: Son el primer peldaño de la justicia y también los más criticados por jueces y ministerios públicos, que los señalan porque sus detenciones frecuentemente tienen irregularidades que llevan a un proceso fallido.
“Simulaban que a una persona la habían detenido en un lugar, cuando había ocurrido en otro; que había sido a una hora, cuando en realidad había sido en otra. Todo lo iban modificando en el parte judicial”, dice Hiram Sánchez, el nuevo fiscal central en Baja California.
Estas irregularidades generan que desde el inicio las acusaciones estén en la cuerda floja, y cuando las carpetas llegan al fiscal, éste generalmente se limita a presentar ante el juez lo que los policías reportaron, según consta en las sentencias consultadas.
Solicitamos entrevista con el nuevo Secretario de seguridad de Tijuana, Jorge Ayón Monsalve, pero no estuvo disponible para responder a los señalamientos por el actuar de sus policías.
Estos procesos tienen otra cosa en común en Tijuana: los jueces terminan liberando a los detenidos tras calificar de ilegal la detención.
Los agentes de la policía municipal de esta frontera no están dispuestos a que toda la culpa recaiga sobre ellos y aseguran que el nuevo sistema de justicia está fallando porque es excesivamente “garantista”. Sus quejas se enfocan en un mismo punto: el ministerio público y los jueces le dan más credibilidad a los derechos humanos de los delincuentes.
“Es el ‘Talón de Aquiles’ de nuestras leyes y al ciudadano le afecta, porque ahora resulta que la persona que se metió a robar a mi casa tiene más derechos que yo como afectado”, dice Francisco García, supervisor de la policía municipal de Tijuana.
En 2009, esta bomba le cayó a las autoridades locales. Ese año hubo una modificación a la ley para combatir la venta de estupefacientes: al tratarse de cantidades pequeñas de droga sería responsabilidad del fuero común combatirlo y juzgarlo. Es decir, las autoridades federales se harían a un lado. Pero los agentes locales no estaban listos para tomar el control.
El consumo de drogas se ha incrementado en los últimos años en varias zonas del país.
La estructura criminal
El nuevo fiscal central de Baja California dice que en el pasado “había un desdén” de los cárteles hacia la venta de droga en las calles, porque se concentraban en el tráfico a otros países, pero ya no es lo mismo.
“Fue mutando y ahora encontramos que en ciertos estados de la república las estructuras o empresas criminales ya tienen interés en el tema del narcomenudeo”, dice Sánchez Zamora, ex delegado de la ahora Fiscalía General de la República en Baja California.
Los informes de detenciones, las estadísticas oficiales de decomisos de estupefacientes y entrevistas con algunos vendedores de droga en las calles, ayudan a armar el nuevo rompecabezas del narcomenudeo en Tijuana.
En esta ciudad fronteriza, así como en diferentes zonas del país, el narcomenudista es el último eslabón de los cárteles de la droga.
Funcionan como contratistas independientes encargados de la venta en las colonias y en establecimientos como bares.
Aquellas pandillas que peleaban a pedradas y puñaladas por el barrio, son hoy las que se matan a balazos, asegura un veterano detective que pidió no ser identificado.
Todo esto más el crecimiento de la impunidad con la que operan los narcotraficantes, y las eventuales complicaciones para el contrabando a Estados Unidos, han hecho que este mercado florezca en ciudades mexicanas como Tijuana.
Aunque no se compara con las ganancias que genera la exportación ilegal, el narcomenudeo se volvió una creciente fuente de ingresos por el aumento de la farmacodependencia en México.
“Hacia fines de los 80, inicios de los 90 y hasta la fecha, hemos tenido una curva exponencial, un crecimiento aceleradísimo”, asegura Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en el gobierno federal.
El modelo en el que “trabajan” los distribuidores callejeros ha evolucionado con los años. Policías e investigadores coinciden en que la venta de drogas al menudeo es el “modus vivendi” de amplios sectores de la población tijuanense, aunque esto muchas veces les cueste la vida.
“Hay unos que trabajan 10 horas, hay otros que trabajan ocho horas. Se van turnando. Si detenemos a una persona y la mandamos al ministerio público, ese espacio lo cubre otra”, cuenta un uniformado antes de iniciar uno de los recorridos en la zona norte de Tijuana.
Los agentes portan chaleco antibalas y además de la pistola de cargo, en la unidad no faltan los rifles de alto poder.
Operativos en busca de drogas en Tijuana.
La ruta empieza en colonias de clase media para pasar a zonas marginadas donde las unidades pick up transitan entre cañones o colinas que en muchos casos carecen de pavimento y alumbrado público.
Entre tantas detenciones que realizan diariamente, los oficiales han obtenido de primera mano declaraciones de cómo funciona este negocio. “Tienen su salario; 500, 700 pesos. Creo que 700 pesos ganan los que trabajan 10 horas”, dice el supervisor García, que tiene más de 20 años patrullando las calles de Tijuana.
“Les pagan por cada tanda, que son alrededor de 20 dosis. Las tandas vienen con 23 o 24. De esas, tres o cuatro son para ellos”, cuenta el experimentado policía. Ese extra lo pueden vender o consumir. La segunda opción es la más común.
En estas jerarquías criminales no es extraño que los que empiezan como adictos se conviertan en vendedores y en algún punto su adicción los lleve a robar para comprar sus dosis.
De ahí, otros se convierten en sicarios, afirman los detectives de la fiscalía estatal.
Aun así el mayor riesgo de esta actividad no es la cárcel. En Tijuana es más sencillo que los maten a que terminen en prisión.
En los últimos tres años hubo 145 investigaciones por narcomenudeo donde la orden de aprehensión fue cancelada por defunción, según cifras entregadas por la autoridad investigadora.
En una ciudad donde las autoridades repiten constantemente que los asesinados estaban involucrados en el narcomenudeo, esta cantidad parecería contradictoria.
Pero un análisis comparativo de los datos de homicidios y las detenciones por posesión de droga muestra que las zonas con más arrestos son también las que tienen más asesinatos.
Vivir por la venta
Wendy lleva un ajustado pantalón de mezclilla azul, una desgastada playera negra y tenis de tela sin calcetines. La joven madre de 25 años de edad se encuentra por segunda ocasión en la estación de policía ubicada frente a la cerca metálica que divide a México de Estados Unidos.
Con la mirada en un punto lejano, mientras espera que la policía municipal haga el papeleo para llevarla a la unidad especializada contra narcomenudeo, solo piensa en sus gemelas de dos años.
Igual que a Federico, la arrestaron en la zona norte, el conflictivo distrito donde hubo 137 homicidios en los tres años analizados para esta investigación, según los registros de la fiscalía.
Wendy no niega que vende drogas. “Soy tiradora”, responde cuando le preguntamos por qué está detenida. Su historia la narra en palabras cortas y concisas: lleva un año vendiendo “cristal” y hace seis meses libró la cárcel por ese delito. Aunque al inicio asegura que no consume metanfetamina, su dentadura la contradice y termina por reconocer su adicción.
“Lo hago por necesidad, no por gusto. Si fuera mi gusto no estaría aquí […] tengo dos niñas y las tengo que sacar adelante. Al papá ya lo mataron”, dice luego de pedir que no se use su verdadero nombre.
Estar detenida es algo normal para ella. Su verdadera preocupación es que dejó a sus hijas encargadas mientras salía “a trabajar”.
Un dije de la Santa Muerte cuelga de su cuello. Le tiene fe porque la convirtió en la única sobreviviente de una explosión en un laboratorio de metanfetamina. Esa creencia parece ayudarle a enfrentar su situación con una extraña tranquilidad, a pesar de estar en un negocio que sabe peligroso.
“Sí da miedo. Tengo compañeros que los han matado”, narra. Pero los riesgos no vienen solo de las bandas criminales, también tienen que cuidarse de las autoridades. “Te detienen cada vez que te ven. ‘Te tumban’ (roban) dinero, ‘te tumban’ todo. ¡Todo!”, exclama la joven resignada a su futuro inmediato. Asegura tener pruebas de esos abusos.
Wendy asegura que la Santa Muerte la ayudó a ser la única sobreviviente en una explosión de un laboratorio de metanfetaminas.
“Tengo dos costillas rotas por las vaquitas”. Se refiere a una división especial de la policía municipal cuyo uniforme camuflado les ha ganado ese apodo.
“Me voy a ‘la pinta’ (penitenciaria), no sé. Nomás con que mis hijas estén bien”, es lo último que dice Wendy antes de que los policías terminen el papeleo. Su destino final es incierto, pero las estadísticas muestran que es más probable que sólo pise la sala de audiencia y vuelva a la calle, antes que quedarse en prisión o en un centro para tratar su adicción como ordena la legislación.
“Ninguno de los delitos que están previstos en la Ley general de salud de narcomenudeo son de prisión preventiva oficiosa. Ninguno solo”, justifica el fiscal Jorge Álvarez.
Entre todos los cambios que tiene el sistema de justicia penal hay que agregar las modificaciones legislativas para combatir el tráfico de estupefacientes y distinguirlo del consumo como tema de salud pública.
Esto ha llevado a otro problema en Tijuana: Los detenidos con algún tipo de droga ni siquiera tienen que alegar que es para su consumo y no para venta, aunque porten una cantidad excedente.
La fiscalía tiene la carga de la prueba, y el imputado con sólo quedarse callado puede conseguir que su defensa lo libere. Para llegar a este acuerdo una de las condiciones que debe aceptar incluye recibir atención médica para combatir su adicción, pero frecuentemente esto tampoco ocurre.
Este sistema no parece dar resultados positivos. De 815 imputados por delitos contra la salud enviados a la Unidad de vigilancia y seguimiento de beneficios penitenciarios en Tijuana, 460 no cumplieron con sus obligaciones, según los datos entregados por la extinta Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Después de inyectarse tantas veces, una consumidora dice que ya no le duele.
La falta de investigación
“Este es un sistema que da oportunidades”, fue lo que le dijo la jueza Lourdes Garza Chávez a Federico, el joven trabajador de una maquiladora presentado en la sala 4 del Centro de Justicia penal con los 91 envoltorios de metanfetamina.
Después de pasar por lo que se conoce como un “juicio abreviado”, que es un acuerdo entre el abogado defensor y el representante de la Fiscalía avalado por el juez, Federico se comprometió a cumplir condiciones muy simples: mantenerse en el mismo domicilio, someterse a dos exámenes antidoping en seis meses, conseguir un trabajo y presentarse ante la Unidad de vigilancia y seguimiento de beneficios penitenciarios.
Así después de una escasa o inexistente investigación, el juez acepta agilizar el proceso, otorga cuanto beneficio contempla la ley, y el negocio del narcomenudeo en la ciudad sigue su ciclo.
En varias de las sentencias a las que se tuvo acceso hay otro común denominador. Los jueces afirman explícitamente que no se puede acreditar que los detenidos poseían la droga para comercializarla, y de manera textual agregan que “ante la inexistencia de dato de prueba”, lo que queda es sentenciar por posesión simple.
No parece importar que el informe policial homologado y el examen químico confirmen que las cantidades exceden lo permitido para consumo personal.
Gracias a esto los imputados libran una pena de hasta ocho años en la cárcel por comercio de drogas, mientras que por posesión simple el castigo es de 10 meses a tres años si se llega a juicio. El procedimiento abreviado se convierte en su mejor salida.
Además, a la mayoría le cambiaron los 10 meses de prisión por beneficios (sanciones) similares a los otorgados a Federico, y multas que promediaron los 5 mil pesos o mucho menos, según consignan las sentencias revisadas para este reportaje.
La eficiencia de un sistema tan permisivo también es cuestionada por jueces e investigadores justamente porque el porcentaje de cumplimiento de los beneficios es sumamente bajo.
Pero el poco cumplimiento no es culpa del sistema sino de sus operadores, asegura Saldívar, investigador de Causa en común.
“No quieren hacerse responsables de no haber implementado el sistema de manera adecuada. Y prefieren echarle la culpa a los jueces, echarle la culpa a los derechos humanos cuando no tiene nada que ver”, afirma.
Otro de los puntos débiles para operar este sistema es la falta de infraestructura. A pesar de que Tijuana es el municipio que concentra casi el 50% de la incidencia delictiva del estado, solo tiene cuatro salas para audiencias, una auxiliar donde el acceso es restringido por su tamaño, y 12 jueces para todos los delitos.
En contraste, Mexicali -la capital de la entidad- tiene 15 salas y registra menos delitos.
El sistema claramente es insostenible. La saturación de los tribunales es tanta que se programan audiencias con media hora de diferencia.
“Y aun así nos ponen cuotas”, dijo uno de los jueces consultados sobre estas deficiencias.
El retraso no solamente impacta el combate al narcomenudeo, sino el de todos los delitos.
A pesar de varios intentos para hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Ortiz Morales, específicamente sobre el narcomenudeo, nunca estuvo disponible.
Nuevo gobierno, problema añejo
En noviembre de 2019 llegó a Baja California el cambio de poder. El partido Morena sustituyó al PAN en la administración del estado y entre sus principales promesas de campaña la seguridad fue prioridad.
En años pasados, los panistas intentaron enfrentar el problema advirtiendo al tribunal de las detenciones previas del imputado. En varias ocasiones ponían a disposición del juez a la misma persona hasta ocho veces, afirma Jorge Álvarez. Pero los intentos para acabar con esto no fueron suficientes.
La nueva administración morenista plantea cambios para hacerle frente a esta problemática que ha llevado al estado a tener la ciudad más violenta del país. Lo primero fue que la unidad contra el narcomenudeo se convirtió en fiscalía especializada.
En los últimos tres meses se registraron media docena de audiencias por delitos contra la salud en su modalidad de comercio, pero medir realmente si la impunidad en estos casos ha disminuido es imposible. El nuevo fiscal central, Hirám Sánchez, aseguró que acabarán con el divorcio entre la policía y el ministerio público para lograr más vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.
Pero este cambio para muchos llegó tarde. El 27 de diciembre de 2019, Federico tenía que presentarse a su examen antidoping. Su registro quedó vació. Lo encontraron sin vida en lo que las autoridades presumen es un “picadero”, un lugar donde los adictos se reúnen para drogarse.
El 21 de diciembre, seis días antes de su presentación, lo asesinaron a golpes en una colonia contigua a su domicilio, según el reporte de la Fiscalía. Su mamá identificó el cadáver.
Una prueba de que en Tijuana el crimen es mucho más rápido que la justicia.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto de investigación del ICFJ en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.