Los poderes judiciales federal y de las entidades federativas tienen 180 días para poner a disposición del público las versiones públicas de todas las sentencias.
Un decreto publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace obligatoria la publicación de las versiones públicas de las sentencias emitidas por jueces de todo el país, en un plazo no mayor a los seis meses.
Hasta ahora, los poderes judiciales federal y de las entidades tenían la obligación de poner a disposición del público las sentencias, siempre y cuando fueran consideradas “de interés público”.
La iniciativa de reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), plantea que “interés público” es un concepto jurídico “indeterminado que, dada su falta de claridad, genera que no se publiquen sentencias”, que ha generado incertidumbre, de manera particular, en los poderes judiciales de las entidades federativas.
“Así, donde debería de existir racionalidad para una debida intelección de este concepto, se encuentra una enorme discrecionalidad y un alejamiento de los estándares en materia de transparencia y acceso a la información”.
El pasado 30 de julio, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al artículo 73 de la LGTAIP, impulsada por asociaciones de la sociedad civil, con el respaldo del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).
A partir de febrero los poderes judiciales Federal y de las 32 entidades federativas de México deberán poner a disposición de la ciudadanía las sentencias en su versión pública, es decir, con los datos personales o clasificados testados.
La iniciativa de reforma contemplaba el plazo de 180 días, ahora planteado en el decreto, como un “régimen transitorio” para que el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados de cumplimiento de sus obligaciones de publicidad y difusión de las sentencias.
También estableció un periodo igual a las legislaturas de los estados, para el cumplimiento de la obligación de armonizar sus respectivas legislaciones en materia de transparencia y acceso a la información.
