Las autoridades del Estado de Oaxaca, localizado al sur de México, investigan una serie de hechos violentos ocurridos en la comunidad indígena de San Mateo del Mar, que han dejado al menos 15 muertos, según un informe oficial de la Fiscalía del Estado. Oficiales de la Guardia Nacional se han trasladado hasta esa región para evitar una nueva escalada de violencia.
La Fiscalía ha confirmado la tarde de este lunes el fallecimiento de dos mujeres y 13 hombres, “que presentan contusiones y quemaduras parciales”. Los peritos de la Fiscalía realizarán las necropsias correspondientes para establecer las causas exactas de las muertes, ha informado la institución en un comunicado.
La tensión comenzó el domingo, cuando un grupo de indígenas de las comunidades ikotos pretendía asistir a una asamblea comunitaria, pero fueron detenidos por un retén de sanitización como prevención frente a la pandemia de coronavirus. Las versiones tanto de los ikoots como de las autoridades locales son contradictorias. Los primeros afirman que durante su viaje por carretera fueron detenidos por hombres armados que habrían quemado neumáticos que usaban como barricada. “Atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego hiriendo de inmediato a varias personas que estaban en nuestras camionetas”. Los indígenas culparon de la agresión al alcalde local, Bernardino Ponce, cuya autoridad desconocen. Los ikoots, que hablan su propia lengua —el idioma huave, que comparten unas 20.000 personas— tienen un autogobierno basado en sus creencias, que en muchas ocasiones choca con los mandatos de las autoridades locales.
Desde el Gobierno municipal culpan de la violencia a agrupaciones del crimen organizado. La alcaldía de San Mateo del Mar ha publicado un comunicado en el que afirma que la masacre fue cometida por un grupo armado relacionado a la trata de personas, en una región de paso de migrantes, principalmente de Centroamérica. Las autoridades identificaron a seis hombres quienes, han dicho, forman parte de una agrupación liderada por un hombre llamado Gualterio Escandón, alias Gual Perol, quien según el comunicado es reconocido por “su sadismo”. Esta agrupación habría quemado vivas a varias de las víctimas de la comunidad indígena. Ni las autoridades del Estado ni las federales se han pronunciado sobre esta versión.
El gobernador del Estado, Alejandro Murat, ha informado a través de su cuenta de Twitter que ha ordenado al secretario de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Raúl Salcedo, que se traslade hasta la comunidad indígena para esclarecer lo sucedido y evitar una nueva escalada de violencia. La SSPO ha informado de que ha reforzado “la presencia disuasiva y de vigilancia” en la región del istmo de Tehuantepec, compartido con el vecino Estado de Veracruz, una franja de tierra donde conviven los indígenas huaves (ikoots), zapotecos y zoques.
La tensión en San Mateo del Mar comenzó en octubre del año pasado, cuando fue electo el alcalde Ponce. Los indígenas desconocen su autoridad y argumentan que fue electo de forma irregular. Desde la elección, además, pidieron a las autoridades estatales mayor seguridad, temerosos de represalias por oponerse al gobernante municipal. A inicios de mayo se produjeron hechos violentos en la zona, con casas quemadas y al menos un muerto, cuya responsabilidad los indígenas atribuyen a gente bajo órdenes de Ponce.
Oaxaca, localizado en las costas del Pacífico en el suroeste de México, es uno de los Estados más pobres del país. Con una población de casi cuatro millones de habitantes, el Estado cuenta con 951.800 personas que viven en condiciones de pobreza extrema y otros 2.714.700 lo hacen en situación de pobreza. Más de dos millones de sus habitantes no tienen acceso a los servicios básicos en sus viviendas, según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El Estado —famoso por su comida, arquitectura, zonas arqueológicas y su cultura— es también uno de los más violentos de México. Tiene una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional. Entre enero y junio de 2019 se registraron más de 1.000 homicidios en la entidad, 445 de ellos con armas de fuego, según las estadísticas recogidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNDP).