El silencio electoral decretado en la ley previo a unas elecciones presidenciales es una quimera en la Nicaragua gobernada por Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. En este país centroamericano la propaganda del Comandante presidente y la compañera Rosario lo envuelve todo, porque durante 14 años el exguerrillero sandinista ha moldeado una Nicaragua a su medida: controla a los jueces y las cortes, el sistema electoral, la policía, tiene la lealtad del Ejército y ha borrado la autonomía de los municipios. Es por eso que todo el aparato del Estado está volcado para reproducir una cansina arenga que canta loas a Ortega, quien el domingo participará en unas presidenciales sin competencia, con siete candidatos opositores encarcelados y con los votos ya listos para investirlo por tercera vez consecutiva como presidente.
Para llegar a la presidencia en 2007 Ortega no estuvo solo. Eterno candidato opositor, maniobró estratégicamente en un país de débil institucionalidad para lograr su anhelo, contando con el apoyo del expresidente Arnoldo Alemán, sobre quien pesaban acusaciones de corrupción. Para salvarse de la cárcel, Alemán pactó con Ortega unas reformas constitucionales que reducían la cantidad de votos necesarias para ser electo, lo que favoreció a Ortega en las elecciones de noviembre de 2006. Desde entonces, el presidente se ha empeñado en no repetir errores estratégicos del pasado, cuando cedió a la presión internacional y convocó a unas elecciones en 1990 que perdió de forma abrumadora frente a Violeta Chamorro.
Lo primero que hizo fue controlar el sistema electoral. El primer experimento de este control partidario se vio en las elecciones municipales de 2008, cuando el Frente Sandinista, el partido de Ortega, se hizo con 99 de los 146 municipios en disputa. La oposición denunció un fraude masivo en el recuento de votos y el país, que durante años había asistido a las elecciones de forma pacífica, se incendió. Fue también la primera vez que Ortega puso a prueba a sus huestes, que con palos, machetes y navajas sembraron el terror en las protestas opositoras. A esa primera elección viciada le siguieron procesos considerados oscuros, todos organizados por Roberto Rivas, un político camaleónico que anteriormente había jurado lealtad al expresidente Alemán. Rivas, ahora hospitalizado, es una figura clave de Ortega porque es el artífice de la descomposición del órgano electoral y de los fraudes que han garantizado la hegemonía del Frente Sandinista. Debido a esa manipulación de las leyes, el Gobierno de Donald Trump le impuso sanciones en 2018.
El control del aparado electoral no era suficiente, sin embargo, para garantizar la permanencia en el poder. El principal obstáculo del mandatario era la Constitución, que prohibía la reelección consecutiva. En octubre de 2010, cinco magistrados de tendencia sandinista se autoconvocaron junto con jueces sustitutos y modificaron de facto la Constitución, argumentando que se le violaban derechos políticos a Ortega. Ordenaron entonces al Consejo Supremo Electoral aceptar la inscripción de Ortega como candidato para las elecciones de 2011. “La sentencia es un espejismo legal, una decisión tomada por un grupo de abogados. A Ortega le importa un carajo la institucionalidad y el Estado de derecho”, dijo en ese entonces el diputado opositor Eduardo Montealegre, quien había competido por la presidencia en las elecciones de 2006. Ortega fue reelecto en noviembre de 2011.
El mismo presidente, sin embargo, parecía no estar tan seguro de la legitimidad de la medida —sobre todo ante la comunidad internacional— por lo que barajó la aprobación de una reforma constitucional que avalara su candidatura eterna. Los cañones del comandante se enfilaron a la Asamblea Nacional, donde ya contaba con una mayoría.
Daniel Ortega logró en diciembre de 2013 su gran aspiración política: una Constitución a la medida, sin limitaciones molestas a su reelección indefinida. En un debate parlamentario que resultó ser un monólogo del Frente Sandinista, los diputados de ese partido político, mayoría en la Asamblea Nacional, aprobaron con 64 votos a favor una reforma a la Constitución que garantiza la perpetuidad en el poder del exguerrillero. “No puede ser limitado ese derecho, coartado en cuanto a elegir a sus autoridades. Es el pueblo el que tiene que decidir”, justificó Ortega.
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El siguiente paso era deshacerse de la competencia política. Ortega anunció una nueva candidatura para las elecciones de 2016, ahora con su esposa como aspirante a la vicepresidencia. Entonces volvió a mover los hilos con los que controla la Corte Suprema y el Tribunal Electoral. La Corte despojó de la representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) al opositor Montealegre, tras una disputa por el liderazgo de esa organización política. La oposición decidió participar unida, en la llamada Coalición Nacional por la Democracia. Entonces vino el siguiente golpe: la Corte anuló la candidatura del opositor Luis Callejas y despojó a la oposición de su casilla electoral, con lo que Ortega quedaba solo en la competencia.
Dos años después estallaron multitudinarias manifestaciones en respuesta a una reforma al sistema de pensiones que Ortega pretendía imponer sin consenso. El mandatario, que vio en peligro la continuidad de su régimen, lanzó una brutal represión que dejó al menos 328 muertos. Se impuso en Nicaragua un estado policial, con las protestas prohibidas por ley y la persecución a las voces críticas. El régimen ordenó el allanamiento de las redacciones de medios independientes, encarceló a decenas de disidentes y miles de nicaragüenses se vieron obligados al exilio. Perdida toda legitimidad tras la matanza de 2018, Ortega impuso nuevas leyes que le garantizan el poder a perpetuidad.
En mayo fueron electos nueve magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) afines al sandinismo y se impuso una reforma electoral que mantiene el control de todo el sistema, le da a la policía la potestad de autorizar o no los mítines políticos de los opositores, niega el financiamiento a los candidatos que aspiran a participar en el proceso e inhibe de facto a aquellas personas que hayan participado en las protestas de 2018 de aspirar a un cargo público. También se impuso un paquetazo de leyes represivas, entre ellas la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz usadas para inhibir a los opositores.
La primera en ser perseguida al amparo de esa ley fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, a quien se le inició una investigación por lavado de dinero luego que anunciara su aspiración de enfrentarse a Ortega. Cristiana fue detenida en su casa en junio. Los policías entraron al inmueble, revisaron todas las habitaciones de la casa, hasta los baños, requisaron cables de televisión, computadoras, la caja principal de seguridad y monitores, además de todos los celulares, incluyendo los del personal de servicio.
Más tarde serían apresados el académico Félix Maradiaga, el economista Juan Sebastián Chamorro, el diplomático Arturo Cruz, el líder campesino Medardo Mairena, el periodista Miguel Mora y el opositor Noel Vidaurre. También fueron sacados del juego dos partidos opositores. Con eso, Ortega quedaba con el camino despejado.
Como en Nicaragua el silencio electoral es una quimera, Rosario Murillo aparece todos los días en cadena de radio y televisión para nombrar lo que ella llama los logros diarios del gobierno. Es un monólogo cansino, en el que además de invocar a Dios y despotricar contra los opositores, la esposa del comandante lee versos de su autoría que son loas a su marido. En una de sus alocuciones informó de los resultados de una encuesta preparada por una firma leal al régimen, que revela que Ortega y ella ganarán la elección del domingo con el 76% de los votos. Para los nicaragüenses era la reafirmación de que los resultados están cantados de antemano y que desde el lunes todo el poder en Nicaragua estará en manos del comandante.
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