Londres acoge hoy la conferencia internacional de refinanciación de Gavi, la Alianza Mundial por la Inmunización. El objetivo son 7.400 millones de dólares para financiar programas de vacunación en 73 países pobres del planeta. En plena crisis del coronavirus, el éxito de esta organización puede determinar la estrategia mundial contra la pandemia. El desarrollo de una vacuna supone un proceso complejo de al menos una década, en el que buena parte de las candidatas se quedan en el camino por ser poco seguras o ineficaces. La del coronavirus está tratando de reducir ese plazo a la friolera de 18 meses, tensando las costuras de los sistemas de investigación, producción y distribución con los que contábamos hasta este momento. Ante este panorama, la experiencia de Gavi y de otras iniciativas de naturaleza similar ofrece valiosas lecciones. Estas son cuatro de ellas:
1. Los desafíos científicos y financieros de este proceso son, posiblemente, los que menos nos deben preocupar. Salvo sorpresas, la catarata de financiación disponible nos permitirá tener una o varias vacunas eficaces en los próximos meses. Entonces nos enfrentaremos a problemas más pedestres, como envasar y transportar las dosis. Lo explican mis compañeros Rafael Vilasanjuan y Adelaida Sarukhan en un análisis publicado hoy por ISGlobal: el mundo cuenta con un stock de 200 millones de viales, necesitamos 4.000 y actualmente no tenemos la capacidad de producirlas (o el incentivo para invertir y quedarse con una infraestructura no necesariamente útil). Por no hablar de una distribución que precisará una red que aún es débil o inexistente en buena parte del planeta.
2. Vamos a necesitar organizarnos mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Más allá de los juegos de distracción de Donald Trump, la realidad es que la gobernanza de la salud global lleva casi dos décadas construyéndose en paralelo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La crisis del coronavirus ha dado lugar a un liderazgo de facto en el que organizaciones multilaterales y público-privadas se reparten el trabajo en la búsqueda, producción y distribución de diagnósticos, tratamientos y vacunas. El llamado ACT-Acelerador (ver figura adjunta) es una respuesta temporal a un desafío concreto, pero me sorprendería mucho que, tras esta experiencia, las cosas volviesen a su lugar original. La nueva gobernanza de la salud global está obligada a aprovechar lo mejor de cada parte –también de actores privados como sociedad civil, empresas y filántropos–, bajo el mandato de un liderazgo multilateral, representativo y democrático.
3. Si se permite a las farmacéuticas comportarse como lo hacen habitualmente, nos vamos al carajo. El modelo global de propiedad intelectual concede al propietario de una patente un poder casi omnímodo para definir precios, producción y distribución de un medicamento. Y eso, sencillamente, no nos vale en este momento. Como señalan Vilasanjuan y Sarukhan, existen opciones más o menos coercitivas que permitirían a los gobiernos garantizar un retorno razonable a las compañías por el riesgo de sus inversiones, al tiempo que se asegura un volumen suficiente de vacunas, a precios accesibles para la miríada de países que las van a necesitar. Mucho más cuando son los contribuyentes quienes han hecho posible todo el proceso gracias a la fabulosa inversión pública que están realizando nuestros Estados.
4. La covid-19 no es la única enfermedad que necesita una vacuna. Ni siquiera es la más mortífera. La principal amenaza del coronavirus no está, paradójicamente, en sus víctimas directas, sino en las que podría provocar al desplazar otras prioridades de la salud global. Como recuerda un informe hecho público hoy por la organización Every Breath Counts, 2,6 millones de personas –entre ellos, 800.000 menores de cinco– mueren cada año como consecuencia de enfermedades fácilmente prevenibles con vacunas que ya están a nuestra disposición. Del éxito de la refinanciación de Gavi depende en buena medida la posibilidad de que estos números no se disparen en los próximos años. Un ejemplo: la comunidad internacional se había planteado como objetivo expandir la cobertura de una vacuna como la del neumococo (PCV) –que en este momento solo llega al 47% de los niños del planeta– y reducir la mortalidad en 83.000 personas. Renunciar a este objetivo no solo supone arriesgarse a perder el camino recorrido durante veinte años, sino multiplicar los riesgos asociados a las coinfecciones por covid-19. Si lo piensan, el dilema no es tan complejo.
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