Chile vota este domingo entre aprobar o rechazar el nuevo texto constitucional redactado por 154 convencionales elegidos democráticamente. Hace dos años los chilenos decidieron, desechar la Constitución nacida en la dictadura y hacer otra, más moderna y participativa. Lo decidieron con un 78% de mayoría y como parte de la solución a la grave crisis social y política que vivía por el estallido social de octubre de 2019.
Nunca antes una convención elegida democráticamente se había encargado de redactar una Carta Política en el país austral. Una convención, además, integrada con inclusión de independientes, de pueblos originarios y con paridad de género. Un cuerpo colegiado que logró escribirla en el plazo establecido en su convocatoria, de apenas un año. El texto incluyó toda clase de derechos, incluso algunos vanguardistas, como los de la naturaleza o los digitales.
Suena a que no habría motivo para no quererla, pero las encuestas dicen otra cosa. En el último mes la opción Apruebo no ganó en ninguna de ellas. No es que los chilenos quieran quedarse con la Constitución de Pinochet, sino que la nueva propuesta no ha logrado el mismo consenso que tuvo la idea de dejar atrás la actual.
Para el analista del instituto Res Pública, Ricardo Hernández, esto se explica porque, aunque casi todos los chilenos estaban de acuerdo en reemplazar la actual Constitución, se imaginaban la nueva con distintos enfoques. “Era mucho más convocante la opción de algo nuevo, pero ahora se nos da una posibilidad concreta sobre la mesa”, explica. Pero esa posibilidad concreta genera incertidumbres que han explotado quienes se oponen al texto.
A esto se suma que la Convención Constituyente tampoco logró encantar a la gente con el proceso. Todo lo contrario. Casos como el del convencional Rodrigo Rojas Vade, un héroe del estallido social que engañó a todo Chile diciendo que tenía cáncer, terminaron de dañar la imagen de toda la convención al demostrar que los “no políticos” pueden corromperse igual que los políticos.
Esto se vio reflejado en el acuerdo que firmaron partidos progresistas, la mayoría del oficialismo, para comprometerse a reformar la propuesta de nueva Constitución si gana el Apruebo. Una de las reformas estaría en el artículo que crea la Ley Indígena, para enmarcarla solo a causas no penales.
En el bando del Rechazo también prometen que, de ganar, apoyarán un nuevo proceso constitucional. Pero no hay aún una propuesta para este nuevo proceso: no se especifica si apoyarán que otra vez la escriba una convención elegida democráticamente o si quieren que el congreso o un comité de expertos la redacte.
Y para confundir más a la ciudadanía, las noticias falsas y la contaminación informativa abundan. Desde los defensores del Rechazo, principalmente, han proliferado artículos falsos e interpretaciones absurdas. Y es que, aunque los artículos dan espacio a interpretarlos, se ha tendido a exagerar a niveles más allá del sentido común.
Por ejemplo, adherentes del Rechazo han sostenido que la propuesta constitucional elimina el derecho a tener vivienda propia, porque todas serán del Estado. Pero esto no es real, ya que el nuevo texto sí incluye el derecho a la propiedad privada.
En otro ejemplo de interpretación exagerada, el senador de derecha Felipe Kast sostuvo que con la nueva Constitución se podría abortar hasta los nueve meses de embarazo. Aunque el texto dice que las mujeres podrán decidir libremente sobre el aborto, no especifica hasta cuántas semanas, lo que deberá establecer posteriormente el Congreso.
Alfonso Henríquez, del Foro Constituyente de la Universidad de Concepción, sostiene que las normas pueden ser interpretadas. “Pero lo que se está buscando muchas veces es la peor interpretación posible o la más rebuscada y negativa”.
Desde el Apruebo, por otro lado, tienden a tildar como fake news la gran mayoría de las interpretaciones críticas al texto, varias de ellas razonables, lo que también ha perjudicado la discusión ciudadana. “Es difícil saber a quién se le puede creer si ambos bandos se acusan mutuamente de estar desinformando”, agrega Henríquez.
El analista reconoce que ciertas normas no quedaron bien “cerradas”, por lo que generan dudas comprensibles. Una de ellas es la Ley Indígena. “Hay una norma donde el Estado se obliga a reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos originarios en un plano de coordinación con el sistema nacional. Hasta ahí bien. Pero el problema es que no se dice nada acerca de cuáles son las personas que van a poder acceder a estos sistemas de justicia y cuáles son las materias que quedan excluidas de la justicia indígena. Ahí hay un problema de diseño”.
Con todo, el proceso por primera vez llevó la Constitución a la mesa de los chilenos. Estos han discutido el texto en lugares de trabajo, plazas, universidades y juntas de vecinos. Incluso el libro batió récord de ventas y descargas en internet.
Sorpresa internacional frente al tremendo interés por el texto de la Nueva Constitución!
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‘Best seller’ en Chile: el texto constitucional que será sometido a plebiscito es récord de ventas https://t.co/02prBfRfNT vía @el_pais
— Estallido Tuitero (@EstallidoTw) August 2, 2022
Cristina Dorador, exconvencional y científica, destaca esa parte del proceso. “Ha significado una clase de Educación Cívica masiva a la población”. Dorador, defensora del Apruebo, asegura que hay una campaña de desinformación que justamente se enfoca en cuestiones sensibles para la ciudadanía, como el derecho a la vivienda, los fondos de pensiones o la libertad de educación. Y que a pesar de esa campaña, cada vez la gente está más informada y hace preguntas más complejas. “Preguntan cómo se va a implementar cierto artículo y cómo va a afectar su vida diaria”, dice.
Entre esta desinformación de la que habla Dorador, hay hasta actores pagados que representan testimonios ficticios a favor del Rechazo en su campaña televisiva. En ese sentido, Claudio Fuentes, coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad Diego Portales, explicó en una entrevista con CNN que “los pro-Rechazo están haciendo una campaña de desinformación (más claramente) que los del Apruebo, eso es evidente por los números”.
Fuentes agregó que en conversatorios con ciudadanos siempre surgen preguntas respecto a, por ejemplo, si es verdad que se expropiarán las casas o desaparecerá el cuerpo de Carabineros, la policía nacional. “Es muy difícil y hay muy poco tiempo para derrumbar esos mitos que se han instalado en la opinión pública”.
Desde el mismo Servicio Electoral han tenido que desmentir públicamente muchas informaciones. En julio por ejemplo, se viralizó en Twitter un mensaje según el cual se les estaba entregando visas a venezolanos para que pudieran votar por el Apruebo. El Servel salió a aclarar que los extranjeros deben vivir por lo menos 5 años en Chile para tener derecho a voto.
FALSO| Para que un extranjero/a sea incorporado al Registro Electoral debe contar con avecindamiento en Chile por más de 5 años, información entregada a Servel por el Servicio Nacional de Migraciones.
🧵1/3 pic.twitter.com/KrZ94qXqPf
— Servicio Electoral (@ServelChile) July 18, 2022
Pero del lado del Apruebo tampoco han tenido una campaña muy acertada. Por ejemplo en un acto público en Valparaíso el domingo 28 de agosto, una artista se sacó la bandera chilena de entre las nalgas. Aunque varios exponentes del Apruebo salieron a condenar la performance, el daño ya estaba hecho. Sobre todo porque desde el Rechazo han recalcado que la nueva propuesta de Carta es “antichilena” y aún se recuerda cuando en la instalación del proceso algunos convencionales silbaron la interpretación del himno nacional.
Más allá de las informaciones y noticias falsas, plantadas mayoritariamente desde el Rechazo, o de las actuaciones y declaraciones desafortunadas de adherentes del Apruebo, varios analistas coinciden en que en la propuesta hay artículos complejos que podrían generar una debilidad institucional sobre todo en los pesos y contrapesos. Pero también existen aspectos vanguardistas que deberían mantenerse en una próxima propuesta, si esta resulta perdedora.
Entre lo más criticado está la plurinacionalidad en un país de mayoría mestiza, donde solo el 12% de la población se declara indígena. Y las críticas han venido desde la misma centro-izquierda, donde está la base de apoyo del Apruebo. Isidro Solís, exministro de Justicia durante la administración de Michelle Bachelet, sostuvo que la nueva propuesta es “institucionalmente peligrosa para Chile” y que lo mejor sería rehacer completamente lo hecho. Justamente Solís critica sobre todo la falta de claridad respecto a cómo funcionará la Justicia Indígena.
También hay críticas por la eliminación del Senado, que ha servido de contrapeso al poder del Ejecutivo y de la Cámara Baja. Y por la creación de una serie de nuevas instituciones políticas que serán una carga fiscal.
En la otra cara de la moneda, algunos pasos pioneros reciben alabanzas a nivel nacional e internacional, como la inclusión de derechos de la naturaleza, digitales y de la mujer sobre su propio cuerpo. Por ejemplo, en Chile actualmente las aguas de ríos o napas subterráneas son objeto de propiedad privada, pueden ser vendidas e incluso heredadas. En la nueva constitución el Estado recupera el control de estos recursos hídricos. Y uno de los artículos de la propuesta compromete a Chile en la lucha contra el cambio climático: “El Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza”.
Con todo, no es fácil predecir qué opción ganará. Lo único medianamente claro es que el proceso no terminará el 4 de septiembre y los chilenos lo han dejado ver en los sondeos. A pesar de que en estos gana el Rechazo, el 78% de los preguntados sigue convencido de que se necesita una nueva Constitución, como dice la encuesta Cadem de agosto. En esa misma, sólo el 12% dijo que aprobaría sin cambios la propuesta actual.
Por eso el voto del domingo parece que se convertirá solo en un hito de un proceso más largo que debería terminar, sí o sí, en una nueva constitución construida de forma democrática, por el bien de la estabilidad del país.
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* Miembro de la mesa editorial de CONNECTAS