El domingo 31 de mayo, el médico cirujano Max García llegó a la clínica que dirige en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, y se encontró con un paciente que no podía ver ni decir una sola palabra. Respiraba mal, tenía la cara roja y su presión saltaba como un animal desbocado. Los médicos no pudieron salvarlo: en ocho minutos estaba muerto. A los 40 minutos recibieron otro paciente con los mismos síntomas. Una vez que consiguieron estabilizarlo, García se fue al hospital de la ciudad para hacer una cirugía y cuando llegó estaban intubando a una chica de 22 años con un cuadro idéntico. La joven se estaba muriendo. La amiga con la que había salido a tomar algo la noche anterior, de 19 años, no alcanzó a ir al hospital: falleció en su casa ese mismo domingo.
En los seis años que lleva viviendo en Tlapa —un centro urbano “pequeño, bonito y violento” de menos de 50.000 habitantes, rodeado de comunidades indígenas, corazón de La Montaña de Guerrero—, Max García nunca había visto algo parecido. Empezó a contactar a médicos de otras clínicas para saber qué estaba pasando y se enteró de que unos días antes habían muerto tres personas más por la misma causa: intoxicación grave por alcohol adulterado. Todos habían bebido Rancho Escondido, un licor de agave que tiene casi dos décadas en el mercado y que suele consumirse como tequila barato.
El primer paciente que García vio morir ese domingo ni siquiera tomaba tequila. Sus hijos le contaron que prefería la cerveza, pero cuando fueron a buscar a la tienda no había: en marzo, el Gobierno federal prohibió la producción de cerveza por considerarla una actividad no esencial durante la pandemia y el desabasto se extendió por el país. Entonces compraron una botella de Rancho Escondido. Entre fines de mayo y principios de junio, en Tlapa fallecieron 18 personas por consumir bebidas adulteradas, casi la misma cantidad de muertes causadas por el coronavirus en el municipio. García calcula que, extraoficialmente, las víctimas fatales llegan a 30, pero no todos quedaron registrados porque murieron en sus comunidades. El virus y las teorías conspirativas han mantenido a la gente alejada de los hospitales, cuenta: “Piensan que el Gobierno mandó a matar a la población y que hay cierta cantidad con la cual tienen que cumplir los médicos. Muchos me han comentado eso, que en los hospitales matan, y por eso no van”.
Los casos fatales de intoxicación por alcohol se han disparado en México en los últimos tres meses. Al menos 195 personas en 11 Estados han muerto por esta causa, según los últimos datos de la Comisión Nacional de Adicciones (CONADIC). Y la suma de casos reportados por medios locales da una cifra mayor: más de 200. Sin contar a los que han fallecido en sus casas, ni a los que sobrevivieron y quedarán con daños irreversibles en la vista. La ola de casos más grande se dio en Puebla, donde el gobernador anunció ley seca a fines de abril: hubo 72 fallecidos, decenas de ellos tras compartir aguardiente en un velatorio. Después en Jalisco: 47 muertes, la mayoría asociadas con el consumo de alcohol de caña El Chorrito, que se usa —entre otras cosas— para preparar el “pajarete” en las rancherías: una bebida a base de leche recién ordeñada, chocolate y alcohol de 96 grados que se toma en las mañanas, para empezar el día. En Morelos, los festejos por el Día de las Madre terminaron con 18 víctimas fatales que bebieron el mismo mezcal adulterado en tres comunidades de la zona oriente del Estado. El número creció hasta llegar a 29 los días siguientes.
La explicación más común es que estas rachas de muertes son consecuencia del desabasto de alcohol o de las prohibiciones que impusieron distintos Gobiernos durante la crisis sanitaria. Los efectos de una lógica comercial que florece a la sombra de la ceguera oficial: “Si tienes un mercado con demanda y restringes la oferta, las organizaciones especializadas en mercados clandestinos son las que van a satisfacer la demanda”, resume el politólogo mexicano Jorge Javier Romero, que ha investigado durante años los impactos de la prohibición de sustancias como política pública. “Generas un mercado muy atractivo para la delincuencia organizada. La ley seca provoca mercado negro y el mercado negro incentiva la adulteración”, asegura.
Pero la venta de alcohol adulterado es apenas un negocio marginal de una industria millonaria en México, el segundo mercado negro de bebidas más grande de la región después de Brasil. Según el último estudio de Euromonitor, un proveedor de investigación de mercado, el 36% del comercio de licores en el país es ilegal. Son 17 millones de cajas de nueve litros que provienen principalmente del contrabando y de la evasión de impuestos, y que representan unos 27.000 millones de pesos (más de 1.200 millones de dólares). El alcohol pirata es una fracción pequeña y sórdida de ese mercado: se nutre de botellas vacías de marcas conocidas para rellenarlas y venderlas con un sustituto de la bebida original. Un proceso equivalente al de cortar y estirar las drogas con medicamentos para aumentar los márgenes de ganancia.
Sin importar la procedencia o la calidad de la bebida, el alcohol en México mata más que la heroína, la cocaína, el cristal, el cemento, las metanfetaminas y el resto de las drogas juntas.
“El alcohol es una droga dura”, dirá después el médico psiquiatra Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones. En México, más del 90% de todas las muertes derivadas del consumo de sustancias psicoactivas “están directamente relacionadas con el alcohol”, explica. Sin importar la procedencia o la calidad de la bebida, el alcohol mata más que la heroína, la cocaína, el cristal, el cemento, las metanfetaminas y el resto de las drogas juntas. De acuerdo con el funcionario, en el país hay aproximadamente 20 millones de personas que beben por encima del promedio internacional; es decir: que tienen un consumo patológico de alcohol. Una demanda tan grande y tan intensa no se apacigua por obra de una prohibición o de la escasez: se desespera.
Veneno de hormigas
Cuando, entre fines de abril y principios de mayo, los intoxicados y los muertos por bebidas adulteradas empezaron a contarse por decenas, se especuló que la causa podía ser una escasez de etanol provocada por la pandemia. El etanol o alcohol etílico es el principal tipo de alcohol que tienen bebidas como el vino, la cerveza y los licores, pero se usa también en una infinidad de productos industriales y farmacéuticos, entre ellos el gel antibacterial, porque es efectivo como desinfectante. El 7 de mayo, un ejecutivo del consorcio petroquímico Oxy Energy advirtió a los medios mexicanos que el país podía sufrir desabasto de gel desinfectante por la escasez de etanol. Aunque a nivel internacional existe una sobreoferta de esta sustancia, la industria enfrentaba un problema logístico, dijo: con medio mundo encerrado en sus casas, los buques y almacenes estaban llenos de combustible que no se consumía, y no les quedaba espacio para guardar y mover el etanol.
En vez de usar etanol, las bebidas que causaron intoxicaciones masivas fueron adulteradas con metanol, un primo cercano que sabe igual y huele igual, pero al entrar en el organismo se convierte en veneno de hormigas. Literalmente: “El metanol, al ser oxidado [por el hígado], nos da formaldehído, que es una sustancia bastante tóxica para las neuronas y es cancerígeno. Y este se va a convertir en ácido fórmico, que también es tóxico para el ser humano. Es el veneno que utilizan las hormigas para defenderse. Cuando a uno le pica una hormiga roja, grande, lo que está inyectando es ácido fórmico”, explica el doctor Carlos Rius, profesor de la Facultad de Química de la UNAM.
Dentro del cuerpo, el formaldehído y el ácido fórmico destruyen una sustancia que envuelve y protege nuestros nervios —como el plástico que recubre los cables eléctricos—, y empieza a haber cortocircuitos, detalla Rius: “Uno de los efectos secundarios es que empiezan a interactuar con los nervios ópticos, es uno de los primeros síntomas. Impiden la transmisión del nervio óptico y eso hace que la gente empiece a ver nublado o se quede ciega. Y después vienen intoxicaciones a distintas partes del organismo y por eso puede provenir la muerte”.
Para Rius, el uso de metanol en las bebidas adulteradas no se debe a una escasez de etanol, sino a cuestiones como el costo —es más barato— y la disponibilidad. Primero, dice, el etanol es una sustancia que se puede beber y por eso tiene un impuesto adicional que lo encarece. Y el que se vende en las farmacias está desnaturalizado: le añaden químicos para que tenga un sabor repugnante o cause vómitos, por ejemplo, así no puede tomarse. El metanol, en cambio, se considera un producto industrial —no tiene impuesto añadido—, se usa principalmente como solvente de pinturas y se puede comprar a un distribuidor sin demasiado control: “No se tiene un registro muy estricto de los clientes que lo compran”. Además, la empresa estatal Pemex tiene una planta donde se producen cantidades de metanol para el mercado industrial, que alimenta también al mercado negro a través del robo de pipas o la venta clandestina.
La planta de metanol de Pemex está en San Martín Texmelucan, en Puebla, el Estado con más muertes por consumo de bebidas adulteradas durante la pandemia. A dos horas en auto de allí están las tres comunidades más golpeadas por el alcohol en Morelos, un Estado que tiene un lugar propio en la breve historia contemporánea de las intoxicaciones masivas: el antecedente más conocido de los casos actuales ocurrió hace 26 años en Temixco, un municipio de Morelos con unos 100.000 habitantes, conocido por su zona arqueológica y su balneario. En diciembre de 1994, más de 100 personas se intoxicaron y al menos 49 de ellas murieron allí por beber el mismo mezcal adulterado. El hecho terminó con la clausura de una destilería clandestina y —tiempo después— la destitución del presidente municipal.
Según documentos de la época, los responsables directos de lo que se recuerda como “el metanolazo de Temixco” fueron dos primos que estaban a cargo de una fábrica ilegal que producía y distribuía bebidas en tienditas de la zona. La investigación encontró que los primos habían comprado dos tambos de metanol a un hombre cuyos hijos —ambos militares— hacían tareas de vigilancia en una petroquímica del Estado de México. Aquel diciembre, los primos usaron metanol en vez de alcohol etílico para preparar las bebidas. “Cuando supieron que la gente se estaba quedando ciega trataron de recuperar el producto pero ya no pudieron”, cuenta La Unión de Morelos.
Aunque la relación de los hechos parece copiada de las hipótesis sobre los casos recientes, una sola intoxicación masiva en casi tres décadas parece un récord sospechosamente limpio para una práctica que se considera habitual en bares, antros, restaurantes y otros locales que venden bebidas por copeo. “Alguna vez sale una nota de cuando meten alcohol adulterado a las discotecas y eso se vuelve tema”, explica el investigador de la Universidad Autónoma de México, Jorge Javier Romero, “pero si no entra en la agenda pública es porque es un tema que afecta a las zonas rurales y más pobres”.
Las fronteras se hacen difusas cuando el problema no forma parte de las preocupaciones de los Estados: el mercado negro destinado a bares y cantinas urbanos no es el mismo que el de las destilerías clandestinas en comunidades marginales. Y las destilerías ilegales no son lo mismo que las producciones tradicionales de bebidas como el pulque o el mezcal, aunque la gran industria intente que también sean considerados como alcohol ilegal. “Este temor a la adulteración se ha utilizado recientemente como una forma para subir y subir los estándares en México y dejar fuera del mercado a los pequeños productores”, explica Daniel Zizumbo, profesor en el programa de Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
El alcohol adulterado es un problema mínimo para las empresas legales que producen o comercializan bebidas, más preocupadas por las pérdidas millonarias que implican la evasión de impuestos y el contrabando. Cuando el tema aparece entre sus demandas, en general tiene que ver con el intento de imponer una regulación a la producción artesanal de bebidas o con el perjuicio de imagen que supone para una marca.
A principios de junio, la compañía Emporio Corona, productora del licor de agave Rancho Escondido, aseguró que la adulteración de su producto y la ola de muertes en Guerrero habían causado una caída de sus ventas de entre un 30 y un 40%. La empresa —que produce unas 15,000 cajas diarias de Rancho Escondido, de acuerdo con el director de la planta— dijo que no era un problema nuevo: que en los últimos 11 años habían presentado más de 20 denuncias por la piratería de su producto, y que ahora estaban estudiando hacer cambios en la tapa de aluminio de su botella de 750 mililitros, la más susceptible a falsificaciones, para que no fuera posible rellenarla o usar una tapa similar.
El cirujano Max García cuenta que la botellas de las que bebieron los intoxicados de Tlapa tenían un líquido de color blanco distinto al del producto original, que es ámbar, pero eso no iba a detener a aquellos que encontraban algo de alcohol barato en medio de la escasez. “…Deben evitar consumir tequila de la marca Rancho Escondido, que es lo que mencionan los familiares de los pacientes haber consumido antes de estar graves”, escribió García en un post que publicó en la página de Facebook de la clínica San Francisco de Tlapa el 1 de junio, para advertir sobre lo que estaba pasando. Las semanas siguientes los casos siguieron llegando, dice el médico, incluyendo a “un policía estatal y un policía municipal”. Pero las muertes fueron disminuyendo cuando las autoridades empezaron a decomisar botellas, dice.
‘No hay estudios’
El 11 de junio, agentes de la Policía de de Guerrero hicieron un operativo en el centro de Tlapa para detectar y decomisar botellas de Rancho Escondido en tiendas y vinaterías. Dos días antes, en un pequeño municipio del Estado de Morelos llamado Puente de Ixtla, en la frontera con Guerrero, efectivos de Policía habían hecho un operativo en una bodega de más de 4000 metros cuadrados donde encontraron siete mil botellas con bebidas, plantillas con etiquetas adhesivas, cajas con logos de marcas comerciales de licor y envases vacíos de alcohol de uso farmacéutico. Las etiquetas imitaban marcas como Rancho Escondido y Buchanan’s, dijeron medios de Morelos. También hallaron contenedores con capacidad de hasta 20.000 litros, tres vehículos, un remolque, una escopeta y 49 dosis de cristal. Detuvieron a cuatro personas.
Para expertos y representantes de la industria de bebidas en México, el gran mercado negro de alcohol en el país no puede concebirse sin estructuras y métodos propios de los grupos del crimen organizado: desde el contrabando o el robo de contenedores en trenes y centros de distribución, hasta el trasiego de botellas vacías desde mercados y tiendas, la oferta ilegal supone un nivel de logística y cierta experiencia. Sin embargo, se trata más de una conclusión lógica que de conocimiento. “No se sabe quiénes son porque no se han hecho estudios”, sintetiza el politólogo Javier Romero.
“Tampoco es así que un delincuente común se lleva un trailer de alcohol y lo vende”, dice José de Lucas González, vocero de la Asociación de Importadores y Representantes de Alimentos y Bebidas. El robo de contenedores ni siquiera está contemplado en el 36% del mercado negro de México, explica De Lucas, pero ha obligado a algunos distribuidores a dejar de utilizar trenes para transportar su mercadería —principalmente en Veracruz— y empezar a utilizar camiones con custodia, “y eso ha subido muchísimo los precios”. El robo es un elemento más en la ristra de problemas asociados con el mercado ilegal que enumera De Lucas: “Lo que más hay es evasión de impuestos”; luego está el incumplimiento de normas (de etiquetado, de las instalaciones, de la composición de las bebidas); luego la falsificación, relleno o adulteración de las bebidas; luego el contrabando (De Lucas menciona la falta de control del etanol y el contrabando de trailers con alcohol etílico desde Guatemala); “y luego está todo el tema del alcohol artesanal”.
Los reclamos de la industria siempre conducen a los impuestos. Pero cada agujero en el mercado del alcohol representa un problema real de salud pública. La última Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco que hizo México entre 2016 y 2017 señala un hecho evidente: que los índices de consumo de alcohol en el país son altos, sobre todo el patrón de consumo excesivo. Y ofrece una conclusión menos evidente: que el abuso de alcohol “es el problema de uso de sustancias más extendido del país”, que está relacionado con más de 64 enfermedades, que es responsable del 6,5 % de las muertes prematuras y que es el principal factor de riesgo para enfermar.
En estas condiciones, las prohibiciones y el desabasto —la negligencia oficial— solo han sido una oportunidad floreciente para grandes y pequeños emprendedores de la miseria. Es un mercado que se diversifica: el lunes 22 de junio, cuando el conteo de muertes por beber alcohol adulterado parecía haberse detenido en el país, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia para que nadie usara nueve marcas de gel desinfectante fabricados por una empresa mexicana, porque habían encontrado que los geles traían grandes cantidades de metanol, una sustancia que también es tóxica cuando se absorbe a través de la piel.
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