Nuevo enfrentamiento entre los socios del Ejecutivo catalán, esta vez a cuenta del caso del 3%, en el que Convergència Democrática se habría financiado irregularmente mediante comisiones a cambio de adjudicación de obra pública. El pasado domingo, el vicepresidente y líder de ERC, Pere Aragonès, dijo que la Generalitat debería personarse y recuperar “hasta el último euro” de dinero público supuestamente desviado. La propuesta ha recibido diferentes respuestas desde las diferentes familias que conviven en Junts per Catalunya. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que eso podría ocurrir solo si se comprueba que hubo prejuicio a la Generalitat (el juez cree que lo hay) mientras que el portavoz del PDeCAT, Marc Solsona, ha cargado contra Aragonès y ha calificado su planteamiento de “partidista”.
“Entiendo que el vicepresidente Aragonès, como responsable de ERC, hace unas declaraciones con cierto partidismo de oportunidad”, ha dicho Solsona durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la cúpula de su formación. Solsona ha insistido una vez más que, contrario a lo que opina la Audiencia Nacional, Convergència y el PDeCAT son dos partidos distintos y por lo tanto no se le puede responsabilizar al segundo de los actos del primero. “Imputar delitos a una persona jurídica que no existía lo entendemos, como mínimo, bastante surrealista”, ha defendido el portavoz de los neoconvergentes, que ha insistido que su formación tiene “paredes de cristal”.
En vídeo, el portavoz del PDeCAT, Marc Soslona, acusa este lunes a Aragonès de hacer “partidismo”.
La consejera de la Presidencia, Meritxell Budó, ha avalado que el Govern se persone en la causa del 3% si sus servicios jurídicos llegan a la conclusión de que hubo “algún perjuicio para la Generalitat”. Budó, en una entrevista en RNE, ha ido en contra de lo que cree la Audiencia y ha dicho que “en este caso no hay malversación de fondos públicos”, aunque ha añadido: “Aun así, naturalmente nuestros servicios jurídicos van a estudiar el auto de conclusión del sumario para saber si ha habido algún perjuicio para la Generalitat”. Y “si la conclusión es que sí”, ha agregado, “tenemos la obligación de defender los intereses de la Generalitat”.
En una vía similar se ha manifestado la consejera de Empresa, Àngels Chacón, que sin embargo sí ha insitido en desmarcar la acción de Convergencia y del PDeCAT. En una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que la Generalitat “se ha de preocupar” cuando hay cualquier tipo de irregularidad y que se tendrá que estudiar si hay que personarse. Para Chacón, el PDeCAT “no es el partido del 3 %” y ha asegurado que muchos de los militantes y altos cargos que están afiliados no se sienten “parte de esas irregularidades que puede haber habido”.
La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propuso sentar en el banquillo a 32 personas por el caso del 3% de financiación ilegal del partido que liderara Jordi Pujol. Entre ellos, los exgerentes Daniel Osàcar, Andreu Viloca y Germà Gordó, y su exresponsable jurídico Francesc Xavier Sánchez Vera, acusados de organización criminal, fraude, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo. En el auto, el juez asegura que hubo prejuicio para las arcas públicas, pues las operaciones buscaban conseguir “financiación ilegal” para Convergència, “acarreando un grave descrédito a la Administración Pública y un perjuicio al propio erario público”.
Source link