El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado este miércoles al Pleno que no es posible proponer un candidato para ser investido presidente de la Generalitat, con lo que a partir de ahora se activan los plazos legales para poder celebrar las elecciones catalanas el 14 de febrero. Tras la condena de inhabilitación de Quim Torra por desobedecer a la Junta Electoral, Cataluña había entrado en una suerte de limbo jurídico y parlamentario que ahora despeja el anuncio de Torrent, después de realizar la preceptiva ronda de contactos con los partidos y dejar pasar los diez días hábiles que marca la ley de la presidencia de la Generalitat.
El anuncio realizado por Torrent se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Parlament y supone lo que los juristas llaman un “acto equivalente” a una votación de investidura fallida. A partir de ese escenario, la ley establece un período de dos meses para encontrar un nuevo candidato y, de no ser así, la Cámara se disolverá automáticamente el 21 de diciembre y se convocarían las elecciones para el 14 de febrero. El decreto lo firmará Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat en funciones de presidente sustituto.
Nada hace pensar que vaya a haber un candidato con posibilidades de ser investido en estos dos meses, porque el independentismo ya anunció hace semanas que no presentaría ningún nombre para sustituir a Quim Torra y el resto de partidos de la oposición siguen estrategias políticas muy dispares que hace imposible sumar fuerzas. Además, necesitarían el apoyo de los diputados de la CUP o de alguno de los cuatro parlamentarios del PDeCAT, un escenario inimaginable.
Durante su intervención en el Pleno de este miércoles Torrent se ha limitado a realizar una lectura aséptica de la imposibilidad de proponer un candidato y de los artículos de las diversas leyes sobre las que se basaba su actuación. Después han intervenido brevemente todos los grupos y subgrupos parlamentarios para fijar su posición y la mayoría de ellos han deslizado un discurso en tono electoral.
Así, Albert Batet (Junts per Catalunya) ha explicado que su grupo no ha propuesto ningún candidato a la Generalitat “para no blanquear la represión” y se ha referido a la “fuerza” que dan al independentismo “las sentencias internacionales”. En su opinión, “ante un estado fallido, solo queda una salida, que es la independencia. Nosotros estamos preparados, esperemos que todos estén a la altura”.
En nombre de Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha recordado que aceptaron “por responsabilidad” la decisión de Quim Torra de no convocar elecciones, tal y como prometió el 29 de enero y ha llamado a que se supere en las urnas el 50% de votos independentistas en las urnas. “No será definitivo, pero sí imprescindible”, ha dicho, para que Cataluña tenga “un gobierno fuerte, independentista y de izquierdas”.
Carlos Carrizosa y Miquel Iceta han coincidido en la necesidad de que Cataluña abra una nueva etapa. El candidato de Ciudadanos ha apoyado la fórmula escogida por Torrent, al igual que el líder del PSC, y el del PP, Alejandro Fernández. Con todo, Iceta se ha preguntado si no se debería haber pedido un informe al Consejo de Garantías Estatutarias, porque desde que se restableció la autonomía no se había utilizado este mecanismo para convocar elecciones. “O continuidad de un gobierno dividido o un cambio de rumbo. Les propongo este cambio para encontrar los caminos de la unidad y el progreso”, ha dicho el líder socialista.
Jéssica Albiach, de En Comú Podem, ha coincido en ese mensaje. “2021 no puede ser el año de un partido o un frente, sino el año de Cataluña. No podemos quedar envueltos en simbolismos ni repetir errores”, ha dicho, al tiempo que ha pedido que se asegure que todas las personas puedan votar, aunque estén contagiadas o confinadas.
Maria Sirvent (CUP) ha discrepado de la forma escogida para convocar las elecciones y ha reclamado al independentismo “llegar hasta las últimas consecuencias” para hacer posibles los “cambios radicales”. En su opinión, “esta legislatura han representado lo contrario de lo que quiere la voluntad popular”.
El informe de los letrados que ha servido de base legal a Torrent y del que informó EL PAÍS el pasado 9 de septiembre se redactó cuando se produjo en enero de 2018 la frustrada investidura de Carles Puigdemont, huido a Bruselas. Los juristas de la cámara recordaron entonces el informe 1985/2003, de 26 de junio, que emitió el Consejo de Estado cuando se produjo en Madrid el tamayazo, la deserción de dos diputados del PSOE que impidió la formación de un Gobierno autonómico de socialistas e Izquierda Unida.
En ese dictamen el Consejo de Estado explicaba que la comunicación del presidente de la cámara autonómica al pleno advirtiendo del bloqueo político es un “acto equivalente” a una investidura fallida. En el caso de la Asamblea de Madrid finalmente no se llegó a aplicar esa fórmula porque los socialistas presentaron un candidato que no salió elegido, pero que sí activó el reloj electoral.
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