Organizaciones de la sociedad civil lamentan que se haya negado la gravedad y extensión de la práctica. Relatores recomiendan un pronunciamiento “al más alto nivel”.
Por Ángeles Mariscal
Ginebra, Suiza.- En su oportunidad para responder a los cuestionamientos del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), los representantes del gobierno mexicano rechazaron la veracidad del diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil y de relatores de ese organismo, quienes calificaron la práctica de la tortura en México como “endémica”.
La delegación del gobierno que asistió al examen del organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó “cifras actualizadas” sobre las denuncias de actos de tortura, para argumentar ante los relatores que la práctica de la tortura en México por parte de servidores públicos, ha disminuido en los dos últimos años.
“El gobierno federal reconoce los retos, sabemos que es un problema grave, y lo estamos atendiendo, pero es igualmente claro que no se trata de una política de Estado, ni que su práctica sea generalizada en el país”, señaló durante la sesión del CAT, Francisco Manuel Pipitone de la Roche, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Foto: Ángeles Mariscal
Añadió que las quejas por presuntos actos de tortura presentan una tendencia a la baja en los últimos años en autoridades como la Policía Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de Justicia y el Instituto Nacional de Migración (INM).
Según el diagnóstico que presentaron ante los relatores, en 2016 la Policía Federal recibió 360 denuncias por actos de tortura; dos años después, en 2018, solo 40, “esto es una reducción de casi el 90 por ciento”, argumentó el funcionario.
Contra la Sedena -dijo- en 2013 se presentaron 836 denuncias por actos de tortura; en 2018 fueron 347, esto representa una reducción del 60 por ciento. La Fiscalía General pasó de 42 quejas a 32 en 2018. Y contra el INM en 2013 se registraron 569 quejas por violación a derechos humanos; y en 2018 fueron 216, una reducción del 75 por ciento
“No estamos satisfechos ni pretendemos esconder los problemas, como país tenemos importantes retos que incluyen a los estados que conforman a la República mexicana. Pero a nivel federal hay una tendencia a la baja de las denuncias, explicada en parte por la capacitación a cuerpos de seguridad”, argumentó Pipitone.
El actual gobierno no permite represión: Pipitone
En la sesión del CAT, en donde también estuvieron presentes representantes de las 123 organizaciones de la sociedad que realizaron un informe paralelo para que el Comité Contra la Tortura valorara la situación, Pipitone dijo: “el presidente de México lo ha reiterado en diversas ocasiones. Nunca dará la orden a las fuerzas de seguridad, de reprimir o cometer violaciones a los derechos humanos. Este gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder. Restablecer la legalidad con métodos ilegales es un falso atajo en el que no vamos a caer”.
En la sesión previa, los relatores del CAT calificaron la práctica de la tortura en México como “endémica”. Lo hicieron basados en los informes de los relatores que han visitado al país para hacer sus diagnósticos propios; y en el informe paralelo que hicieron organizaciones de la sociedad civil, donde refieren que de 2012 a la fecha, el gobierno mexicano ha recibido 12 mil denuncias por actos de tortura presuntamente cometidos por la Policía Federal, Sedena, Fiscalía General e INM, entre otros organismos.
Los integrantes de la delegación mexicana, encabezados por Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también respondieron a los cuestionamientos de los relatores del CAT, sobre medidas que a su ver se han tomado para disminuir y erradicar la tortura en México, particularmente en las áreas de impartición de justicia y seguridad pública.
Menos denuncias no prueban baja de casos: Modvig
Luego de escuchar a la delegación del gobierno mexicano, Jens Modvig, presidente del CAT, cuestionó el diagnóstico. “Quiero tratar sobre las estadísticas que nos han dado, y que indican que (las denuncias) han disminuido, y es una muestra sobre la disminución de la práctica de la tortura. Yo no creo de forma absoluta que sea una prueba porque imaginen también que puede aumentar el miedo a presentar una denuncia, eso llevaría a que se reduzcan las denuncias”, señaló.
“En cualquier caso hay que ver quien ha investigado esas denuncias, ¿hay una comisión independiente de la policía que investigue? ¿Hay algún plan para que el ejército deje de participar en la seguridad pública? Reconsideren crear un instituto de investigación sobre actos de tortura, independiente de las corporaciones involucradas en estos actos”, pidió Jens Modvig.
Otro de los relatores del CAT, Diego Rodríguez Pinzón, dijo que para este organismo, “el problema actual (de la práctica de la tortura en México) es de gran envergadura y combatirla es un gran reto que requiere de múltiples coordinaciones nacionales por parte del Estado”.
“Es por esto que hacemos un llamado al Estado para que realice un pronunciamiento público, en el más alto nivel del Estado, sobre la prohibición absoluta de la tortura, indicando que la tortura en México no será permitida, ni tolerada”, le pidió a la delegación mexicana.
Rodríguez Pinzón refirió que “estos gestos públicos por parte de las autoridades de la más alta visibilidad nacional, puede contribuir a modificar la conducta de tolerancia de la tortura en diferentes niveles del estado y la sociedad en general”.
La delegación del gobierno mexicano presentó de manera escrita su diagnóstico, al que le podrá añadir elementos en los próximos días, ante que los 10 relatores que componen el CAT terminen su evaluación y emitan sus recomendaciones.
Información imprecisa: Marta Delgado
Al término de la sesión del CAT, en entrevista, Marta Delgado Peralta insistió en cuestionar el diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil y de los relatores, que dieron pie a que se considerara que la práctica de la tortura en México por parte de servidores públicos, es un problema endémico.
“Nos hemos dado cuenta que mucha de la información que tienen en el extranjero a veces no son precisas”, sostuvo. Delgado Peralta insistió en que la práctica de la tortura no es una política de Estado.
Sin embargo, dijo, “lo que queremos es reconocer la situación difícil y crítica que vive el país en esta materia. De nada sirve ocultar y decir que no pasan las cosas (…) Muchos de los desafíos de implementación son a nivel local (en los estado del país), y es ahí donde nos cuesta trabajo. Tenemos una cultura muy arraigada de malas prácticas y es ahí donde nos va a llevar tiempo”.
Sobre los señalamientos que durante el examen hicieron relatores del CAT en torno al riesgo de que se multipliquen los actos de tortura por la participación del ejercito mexicano en la Guardia Nacional, la funcionaria dijo que no hay vuelta atrás en este aspecto.
“Si no hiciéramos la Guardia tendríamos otros (riesgos). Es un poco paradójico porque los riesgos que está enfrentando el país son la enorme inseguridad. ¿Cómo la atacamos? Con lo que tiene México, con eso tenemos que enfrentar la inseguridad, combatir la corrupción y combatir la impunidad. Es el riesgo que se tomó. Esperamos que en la evaluación del costo-beneficio, sean mucho mayores los beneficios”.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, en un pronunciamiento publico, lamentaron “que el Estado mexicano haya negado la gravedad y extensión de la práctica de la tortura y otros malos tratos”.
Señalaron que los datos que presentó el gobierno mexicano fueron vago, y no son consultables y públicos. Esto, dijeron, es “especialmente notable en el apartado de las informaciones acerca de la implementación (pendiente en la mayoría de rubros) de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID)”.
“Negamos la caracterización que realizó la delegación de México de la Guardia Nacional como cien por cien civil y con mando civil (como señaló durante la sesión), y advertimos una vez más sobre los peligros que supone su conformación desde una perspectiva de derechos humanos”.