Verónica Razo en una fotografía de archivo.RR SS
Un juez ha decidido mantener la prisión preventiva a Verónica Razo, símbolo de los excesos y arbitrariedades del aparato de justicia en México. Presa desde junio de 2011, la Fiscalía General de la República (FGR) acusa a la mujer de secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos. Según ha explicado el Instituto Federal de Defensoría Pública, que lleva su caso, la mujer, que contaba 32 años al momento de su captura, fue víctima de detención arbitraria, además de tortura física, psicológica y sexual, por parte de los agentes que la detuvieron, adscritos a la desaparecida Policía Federal.
El titular del Instituto, Netzaí Sandoval, ha dado la noticia este lunes por la noche, en un mensaje de Twitter, después de una larga audiencia judicial, que había empezado poco después de mediodía. “Lamento informar de que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, nos negó el cambio de medida cautelar. Verónica Razo seguirá más tiempo en prisión preventiva oficiosa. Se argumentó que no tenía comprobantes de domicilio recientes”, ha escrito el abogado.
En mensajes posteriores, ha añadido: “Los comprobantes de domicilio los exhibimos desde hace un año y el juez se negó a revisar la prisión preventiva (argumentando que el delito implicaba un régimen de excepción). Ahora la revisa y considera que los comprobantes están desactualizados. El juez volvió a inobservar la decisión del Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que solicitó la liberación de Vero, señalando que su detención fue arbitraria. Tampoco sirvió que esté demostrado que es sobreviviente de tortura”.
Este mismo lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al caso a preguntas de una reportera. “Son trámites que hay que hacer ante autoridades del poder judicial y son lentos. La verdad es que no hay justicia rápida. Son muy lentos. No debemos acostumbrarnos a eso. Una gente que es inocente, que ya se probó que le fabricaron un delito, que lo torturaron y existen las pruebas, ¿para qué está ahí detenido injustamente?”, ha dicho.
Ejemplo de los vicios del sistema de justicia en México, el caso Razo muestra el uso indiscriminado de la prisión preventiva como medida cautelar. Pensada como excepción, el aparato de justicia la ha empleado habitualmente, sobre todo durante los últimos tres gobiernos, elevando el número de presos sin sentencia a casi 100.000, según datos de la actual Administración.
En los últimos años, la pertinencia de utilizar este tipo de medidas ha formado parte del debate público. En 2019, el Gobierno aprobó una reforma que ampliaba los delitos por los que jueces y fiscales podían encarcelar a personas de manera preventiva antes de celebrarse un juicio. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tumbó la reforma, señalando la prevalencia de la presunción de inocencia.
En el caso de Verónica Razo, los más de diez años que la mujer ha permanecido en prisión en calidad de procesada son solo parte del problema. La mujer sufrió tortura y abuso sexual por parte de los policías que la detuvieron, maltrato que obligó a las autoridades a llevarla al hospital, donde permaneció tres días ingresada. Más aún, por el caso de las torturas hay agentes procesados, situación que no ha redundado en beneficio alguno para la mujer.
Según un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas sobre el caso, la tortura y los abusos iniciaron justo después de la aprehensión, ocurrida en Ciudad de México, poco después del mediodía del 8 de junio de 2011. La mujer “fue desnudada contra su voluntad, recibió descargas eléctricas en zonas sensibles y fue abusada sexualmente por los agentes”, lee el informe. “Adicionalmente, la trataron de asfixiar con una bolsa en la cara, le golpearon en el estómago y los glúteos, y la insultaron constantemente con el fin de doblegar su voluntad, humillarla”.
Lo anterior ocurrió en la patrulla en que estaba detenida. Los policías federales la condujeron posteriormente a sus instalaciones, en el norte de la capital. Más o menos al mismo tiempo, policías federales detuvieron también a su hermano, Erick Razo, en otro punto de la ciudad. Los agentes lo llevaron igualmente al centro operativo de la corporación, donde “le propiciaron golpes, descargas eléctricas y lo provocaron tapándole la cara con su camiseta y echándole agua encima”.
En las instalaciones de la Policía Federal, “ambos fueron obligados a autoincriminarse por la supuesta planificación de un secuestro, del cual ellos tenían total desconocimiento. Para lograr dicha autoincriminación, se alega que obligaron a la señora Razo a observar cómo apuntaban a su hermano con un arma de fuego, además de golpearla e insultarla. Al señor Razo lo amenazaron constantemente con que lo matarían junto a su hermana, y violarían a su madre e hija”.
Así pasaron 20 horas. Después, los agentes condujeron a los hermanos a las instalaciones de la antigua Procuraduría General de la República, la actual FGR, en el norte de la ciudad y de ahí a la unidad especializada en Delincuencia Organizada. Allí, “un fiscal les habría advertido que debían obedecer y hacer todo lo que les dijeran, pues de otra manera los llevarían de nuevo con los funcionarios policiales”, según Naciones Unidas. Les hicieron firmas papeles y más papeles. Verónica Razo colapsó horas más tarde, ya el 10 de junio. Fue entonces cuando la llevaron al hospital.
Los dos hermanos ingresaron a prisión poco después. Pasaron encerrados una década entera. En junio de este año, un juez absolvió por fin a Erick Razo. En la sentencia señaló que el hombre había sido víctima de “múltiples violaciones procesales y de derechos humanos en el caso”. En cambio, su hermana recibió una condena de 25 años por secuestro. Sus abogados intentaban ahora que al menos pudiera seguir su proceso en libertad, dadas las circunstancias. Un juez le negó la posibilidad en primera instancia, decisión que un tribunal superior volteó y le obligó a repensar. Pero en la audiencia de hoy, el mismo juez determinó que Razo continúe en prisión.
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