El Ministerio de Trabajo ha decidido intervenir en los despidos colectivos puestos en marcha por BBVA y CaixaBank, que entre ambos suman una reducción de más de 11.000 empleos. Lo hace a través de una “advertencia expresa” en la que les recuerda a sendas entidades, en dos escritos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, “la obligatoriedad de que en el periodo de consultas se deben debatir aquellas medidas dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias respecto de las personas afectadas”.
Desde la reforma laboral de 2012, las autoridades laborales no pueden vetar los despidos colectivos. Pueden advertir a las empresas que ponen en marcha los ERE de la falta de documentación o los defectos de forma del proceso que han puesto en marcha. Y suelen hacerlo si llega el caso. Lo que no es nada habitual es lo que ha hecho esta vez la Dirección General de Trabajo. Este departamento del ministerio que dirige Yolanda Díaz ha enviado un “escrito de advertencia” a BBVA y CaixaBank.
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Detrás de la iniciativa hay un significado político evidente. Trabajo, a pesar de las limitaciones desde 2012, ha decidido lanzar un mensaje muy claro a los bancos. Toma así partido en contra de la destrucción de empleo en estas entidades con beneficios —BBVA ganó 1.210 millones en el primer trimestre y CaixaBank, 4.786 millones— mientras se suben los salarios sus directivos.
En la misiva, el ministerio recuerda a los dos bancos lo que dice que el reglamento que regula los procedimientos que deben seguir los despidos colectivos, subrayando expresamente que las empresas están obligadas a buscar medidas para “evitar o reducir” los recortes de plantilla y a amortiguar las consecuencias de la decisión empresarial “con medidas sociales de acompañamiento”, que suelen ser planes de reinserción y recolocación de los afectados. El texto también se ha remitido a los representantes de los trabajadores de las dos entidades y a la Inspección de Trabajo, que tiene que acompañar el proceso y emitir un informe sobre él. Este último documento suele tener mucho peso en caso de que no haya acuerdo y el conflicto llegue a los tribunales.
El Gobierno ya había lanzado varias señales en este sentido, y el propio presidente, Pedro Sánchez, dijo el viernes pasado en la cumbre social de la UE en Oporto que hay sectores donde hay despidos mientras sus ejecutivos “tienen salarios de seis cifras”, en clara referencia a estas entidades. “No creo que sea aceptable y necesitamos dar una respuesta fuerte”, sentenció.
En ese momento eran solo palabras, aunque muy inusuales tanto en Sánchez como en la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se había manifestado en los mismos términos. La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido concretar esa respuesta en sendos oficios enviados tanto a CaixaBank, que celebra este viernes una junta general de accionistas, como a BBVA para recordarles su obligación legal de intentar “evitar o reducir” los despidos.
El momento en el que se envían estos escritos también tiene especial relevancia política. El Gobierno ha recibido un golpe duro con el resultado de Madrid, donde ha ganado con comodidad el bloque de derecha. Estos días en el Ejecutivo se traslada el mensaje de que la mejor forma de responder es reforzar la agenda progresista y consolidar el proyecto del Gobierno de coalición para reanimar al electorado que llevó al PSOE y Unidas Podemos al Ejecutivo en 2019 con una clara victoria sobre el bloque de la derecha. El Ejecutivo está convencido de que con la recuperación económica, la vacunación y el desarrollo del gran fondo europeo podrá recuperar la iniciativa política y despejar la idea de que hay un cambio de ciclo político en marcha que llevará al PP a La Moncloa.
Trabajo, en manos de Unidas Podemos, es uno de los ministerios más activos estos días en lanzar el mensaje político en el que se enmarcan estos inéditos escritos a las entidades financieras. Pero no es el único.
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