Bruselas ha solicitado al Gobierno que elabore un informe previo sobre la reforma laboral. En este documento que va a remitir el Ministerio de Trabajo se explicarán cuáles son las deficiencias de la negociación colectiva, el punto más conflictivo de la reforma de 2012 que se pretende derogar. La normativa del PP daba más poder a las empresas para establecer las condiciones laborales. Según Trabajo y los sindicatos, esta ha sido una de las principales causas de la precarización.
El otro punto polémico de la reforma de Rajoy era el recorte del coste del despido. Pero esa parte no se va a tocar. El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a tener lista la reforma laboral antes de que acabe el año. Y, según confirman fuentes gubernamentales, el Ministerio de Trabajo enviará antes este informe con el que espera lograr el aval de Bruselas a su reforma. La Comisión teme que los cambios puedan restar flexibilidad a las empresas y, por tanto, erosionar la creación de empleo. Pero Trabajo está convencido de que puede aplacar estas preocupaciones y Economía confía en que las posiciones se acerquen. El equipo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está integrado por académicos y laboralistas que ya han preparado estudios sobre los efectos de la reforma de 2012. Consideran que ningún otro país en la UE tiene una legislación parecida sin elementos correctores, que ha provocado una gran devaluación salarial y de condiciones y que fomenta la competencia desleal. Sobre todo argumentan que ha tenido una importante repercusión en las mujeres y los colectivos desfavorecidos.
El documento servirá para que la Comisión pueda analizar los cambios que quiere hacer el Gobierno en la negociación colectiva, una pata esencial de la reforma laboral y que está debatiendo el Ejecutivo con sindicatos y patronal. La reforma laboral forma parte de los hitos comprometidos con Bruselas para obtener en cuatro años unos 70.000 millones en ayudas no reembolsables aprobadas por la pandemia. En concreto, está incluida como una condición para acceder a los 13.793 millones previstos para el segundo desembolso. El Gobierno ya ha recibido los 9.000 millones del anticipo y en los próximos días solicitará los 10.000 millones del primer pago.
El Ejecutivo ha dado a sindicatos y patronal hasta el 15 de noviembre para poder tramitar la legislación antes de que termine el año. Sin embargo, las conversaciones avanzan con grandes dificultades porque la CEOE sostiene que las propuestas planteadas restringen la temporalidad, la subcontratación y la flexibilidad interna. Argumenta que hay que tratar de rebajar la temporalidad y mejorar el empleo juvenil sin fórmulas que dañen la contratación. Y la situación se ha tensado aún más tras la declaración de que se va a derogar la reforma de 2012. En estas circunstancias, según fuentes al tanto de las conversaciones, es muy probable que el calendario no se cumpla. Si se demora, explican fuentes comunitarias, cabe la posibilidad de que la Comisión retrase el pago de los fondos y espere a que se complete la reforma. Aunque el Gobierno prefiere evitar cualquier retraso.
Bruselas ha pedido también informes sobre la reforma fiscal y la de pensiones. De hecho, estos dos están recogidos en los hitos comprometidos con Europa. Uno lo publicará el grupo de expertos en fiscalidad. Y el otro proyectará cómo queda la Seguridad Social tras la reforma del ministro José Luis Escrivá. Sin embargo, el Gobierno peleó y consiguió que el informe laboral no formara parte de los hitos. Pero la Comisión ha considerado este diagnóstico importante y lo ha reclamado de todos modos, aunque en principio no se hará público como los anteriores. Trabajo señala que ellos sugirieron la necesidad de este informe.
El ministerio ya ha abordado verbalmente estos temas en Bruselas y ha obtenido una buena acogida en el departamento de Empleo de la Comisión. Sin embargo, la dirección de Economía también tiene que evaluarlo. El vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ya reaccionó defendiendo el convenio de empresa. La semana que viene, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, se reunirá en Madrid con cuatro titulares de carteras económicas: Nadia Calviño, Yolanda Díaz, María Jesús Montero y José Luis Escrivá.
La opinión de la Comisión
El análisis de Bruselas es claro. Las restricciones a la contratación temporal restarán flexibilidad. Se trata de una característica perversa del mercado laboral, pero que contribuye a la creación de empleo, admite la Comisión. Así que el Ejecutivo comunitario espera que los nuevos ERTE estructurales puedan brindar algo de flexibilidad que compense la pérdida por las limitaciones a la temporalidad. Aunque respecto a esta afirmación hay un debate abierto porque es un tipo de flexibilidad distinta, se recupera la autorización administrativa, se hará a costa de las arcas del Estado y, aunque es bueno para caídas puntuales, se cuestiona si serviría para crisis estructurales en las que los puestos de trabajo no puedan recuperarse. En cualquier caso, la Comisión espera que se defina bien para que facilite la adaptación de las empresas.
Además, el plan de recuperación prevé numerosas medidas de formación, políticas para orientar y reciclar a parados, planes de acreditaciones de habilidades, un fuerte impulso a la digitalización y el refuerzo de la formación profesional. Todo ello debería contribuir a crear más empleo. De modo que la pata que falta es la reforma de la negociación colectiva, una materia complicada que la Comisión quiere analizar a fondo para evitar que reste flexibilidad.
El acuerdo firmado con los líderes europeos para obtener los fondos da indicaciones sobre la reforma laboral: “Los cambios no resultarán en obstáculos desproporcionados para que las empresas se ajusten al ciclo y respondan a la evolución de la productividad”. El acuerdo también afirma que será necesario alcanzar un equilibrio entre la seguridad y la flexibilidad, y que lo deben suscribir los agentes sociales. Es decir, tiene que firmarlo también la CEOE. En un momento dulce de las relaciones con la Comisión, la cuestión es si el Gobierno va a ir adelante sin la patronal. Y si la Comisión pondrá problemas con la entrega de fondos.
Trabajo y los sindicatos han criticado la reforma de 2012 por dar fuerza a la negociación en el ámbito de la empresa. Creen que es el origen de la precarización laboral. Por el contrario, fuentes empresariales dicen que, aunque ha habido abusos, esta reforma permitió que las compañías pudieran adaptarse a unas condiciones muy duras como las de la anterior crisis. Y organismos internacionales como el FMI o la OCDE la han alabado. La propia Comisión dijo que había contribuido a una recuperación intensa en puestos de trabajo. Ahora la cuestión es cómo se atacan los excesos. Juan Pablo Riesgo, ex secretario de Estado de Empleo con el PP, defiende: “Mejor que matar moscas a cañonazos es reforzar las garantías del convenio de empresa para asegurarse de que no haya abusos. Y en todo caso hay que recordar que si se observa fraude este se persigue por la autoridad laboral, que ha instado la anulación de convenios ante los tribunales en cuanto los ha detectado”.
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