El procurador fiscal aclaró que los ciudadanos que compren facturas falsas no serán acusados de delincuencia organizada.
Cada año, alrededor de 500 mil millones de pesos en impuestos no ingresan a las arcas públicas, debido a los distintos tipos de esquemas de facturación falsa.
Pero no se entendería su éxito para defraudar a las autoridades fiscales “si no tuvieran la protección de alguien desde adentro”, reconoció Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En entrevista para Aristegui en Vivo, Romero explicó que han detectado domicilios fiscales con más de 300 empresas registradas, o un representante legal para 200 empresas, y advertencias sobre estas posibles irregularidades aparecen en el sistema interno del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que “no se puede entender cómo prevalecen si no hubiera alguien que lo consintiera”.
“Yo les llamaría traidores e infiltrados”, dijo el funcionario federal, sobre los empleados del SAT que actuaban en contubernio con los evasores de impuestos.
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El procurador fiscal explicó que existen distintos esquemas de “factureros”:
- El que deriva de peculado: los que desvían recursos públicos hacia empresas fantasmas para hacer llegar el dinero a personas en específico.
- La creación de empresas para minimizar la carga tributaria de los contribuyentes, a través de la venta de facturas.
- El de outsourcing, utilizado para no pagar cuotas de seguridad social de los empleados.
- En el que se lava dinero procedente del narcotráfico u otras actividades delincuenciales, por medio del cual se evade el pago de impuestos.
Reformas anti factureros a prueba
Ante el anuncio de la Coparmex de que presentarán un amparo en contra de la aplicación de las nuevas medidas para combatir la compra-venta de facturas falsas aprobada por la Cámara de Diputados, Carlos Romero Aranda dijo que no hay una mejor “prueba de ácido que el Poder Judicial revise la constitucionalidad de esta reforma”.
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Tras las acusaciones de la cúpula empresarial del país de que elevar las penas a la emisión de facturas falsas constituye un acto de “terrorismo fiscal”, que podría resultar en la apertura de procesos judiciales a “buenos empresarios”, el procurador fiscal aclaró que los ciudadanos que compren facturas falsas no serán acusados de delincuencia organizada.
Romero precisó que delincuencia organizada son tres o más personas que, en forma consciente y reiterada, llevan a cabo actividades ilícitas como es la venta de facturas. Por ese motivo, “el único que va a ser considerado como delincuente organizado es el que vende facturas, porque es el único que tiene una actividad ilícita”.
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“El que compra la factura, al final de cuentas, tiene una actividad lícita es una empresa que tiene trabajadores, que tiene compras, que tiene ventas, un esquema de negocios, y que compró esa factura para reducir su carga fiscal”, aclaró.
Infiltrados y testigos protegidos: estrategias contra factureros
Una implementación exitosa de la reforma aprobada ayer en la Cámara Baja, requiere de estrategias de investigación, porque una vez que los fondos desviados son retirados en efectivo en los bancos, ya no hay manera de seguir la huella del dinero.
“Lo que estamos proponiendo con esta reforma es que podamos tener infiltrados en la organización criminal, para estar en igualdad de circunstancias, y poder saber cómo opera esta organización”.
También contempló la posibilidad de solicitar escuchas, para ubicar las casas de seguridad donde algunos blanqueadores de fondos guardan el dinero en efectivo. De la misma manera consideró implementar la figura de testigos protegidos para que algún testaferro detectado pueda señalar a las cabezas de las organizaciones criminales.
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Precisó que estas facultades están siendo concedidas a la Fiscalía General de la República con la reforma, más no al SAT ni a la Procuraduría Fiscal, previa autorización judicial.
Aclaró que existe un mecanismo para brindar un equilibrio institucional que permita evitar abusos en su aplicación. Explicó que primero el SAT debe detectar una actividad que considere irregular, y turnar la denuncia a la Procuraduría Fiscal.
Si se determina que existe un delito a perseguir,entonces se turna el caso a la FGR, instancia que buscará ejercer acción penal, y acudirá ante un juez. Un particular involucrado, en todo momento podrá interponer un amparo si considera que sus derechos están siendo violentados.
“Los números que tenemos en la Procuraduría (Fiscal) nos permiten determinar que el 94 por ciento de los asuntos penales que tenemos se ganan, porque nosotros presentamos juicios únicamente cuando tenemos, como se dice coloquialmente, los pelos de la burra en la mano”.
