Carril bici de la calle Aragón de Barcelona, uno de los más recientes de la capital catalana.MASSIMILIANO MINOCRI (EL PAÍS)
El Ministerio de Transportes ha anunciado este miércoles el reparto provisional de los primeros 1.000 millones procedentes del Plan de Recuperación europeo destinados a cambiar la movilidad urbana y hacerla más sostenible. Esta primera partida llegará a 170 municipios españoles (el 87% de los solicitantes) que los dedicarán, entre otras cosas, a crear 62 nuevas zonas de bajas emisiones —la Ley de Cambio Climático obliga a las 149 urbes de más de 50.000 habitantes a crear una de estas áreas antes de 2023—, a comprar 650 autobuses eléctricos y a construir 500 kilómetros de nuevos carriles bici urbanos. La segunda partida, otros 500 millones, está prevista para antes del verano.
“El transporte es el principal responsable de la contaminación que sufren los núcleos urbanos”, ha dicho la ministra, Raquel Sánchez, durante la presentación de las ayudas. “Descarbonizar la movilidad, por tanto, es una exigencia de salud pública y una necesidad inaplazable para mitigar el cambio climático y para cumplir nuestros compromisos internacionales”, ha añadido. “Tenemos que dejar de construir ciudades para coches y hacerlo para las personas y recobrar protagonismo para un espacio público en el que se construyen las relaciones que crean convivencia”, ha concluido.
Según los datos publicados por el ministerio, el 40% del presupuesto se dedica a actuaciones para impulsar la movilidad activa (a pie y en bicicleta) en las urbes. Así, se destinan más de 100 millones para ampliar y mejorar la red ciclista en 78 municipios, en los que se prevé construir más de 500 kilómetros de carriles bici, además de acondicionar 450 kilómetros de vías ya existentes. Además, se financiará la implantación de sistemas públicos de alquiler de bicicletas y otros vehículos de movilidad personal, con casi 49 millones de euros, una actuación que servirá además para promover la intermodalidad (facilitar el uso de varios medios de transporte en un mismo viaje). Habrá además 243 millones para financiar 149 actuaciones con las que ampliar aceras, crear nuevos itinerarios peatonales y mejorar la accesibilidad para los caminantes.
El 20% de los fondos (alrededor de 200 millones) se invertirá en impulsar las flotas de cero emisiones de 44 localidades. De ellos, 141 millones se destinarán renovar las flotas de autobuses urbanos con vehículos limpios, con lo que se comprarán 650 autobuses urbanos eléctricos —también hay algún proyecto de hidrógeno renovable— y 45 vehículos eléctricos para la recogida de basuras. En esta partida también se incluyen iniciativas para instalar puntos de recarga eléctricos para estos vehículos.
En cuanto a otras partidas, también las hay para refuerzo de los servicios ferroviarios urbanos, del reparto de mercancías en la última milla y el calmado del tráfico rodado, así como a la creación de aparcamientos disuasorios o al establecimiento de áreas de estacionamiento reguladas, además de a la creación de carriles bus.
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Entre lo más novedoso de la convocatoria se incluye un 11% del dinero (algo más de 100 millones) para impulsar 62 proyectos de implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) en otras tantas localidades, así como otras 30 actuaciones complementarias para su puesta en marcha o refuerzo de las ya existentes. Las ZBE son áreas, situadas en su mayoría en el centro de las ciudades, en las que se prohíbe el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Para ello, se tiene en cuenta el sistema de etiquetas ambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT): los coches de gasolina matriculados antes de 2000 y diésel anteriores a 2006 carecen de etiqueta. La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2000 y 2006 y diésel de 2006 a 2013. La C, de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014. Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros.
En la actualidad tan solo existen dos ZBE en España, en Madrid y en Barcelona, pero la Ley de Cambio Climático obliga a las 149 localidades de más de 50.000 habitantes —y a las de más de 20.000 más contaminadas— a crear una de estas áreas antes de que acabe este mismo año. El Ministerio de Transición Ecológica no ha especificado todavía las características que deben tener las nuevas ZBE, aunque en noviembre lanzó una guía con recomendaciones. Mientras, en Europa hay más de 300 áreas de este tipo en otras tantas urbes, de Londres a Berlín, y recientemente París ha anunciado que instalará su propia área de tráfico restringido en los próximos meses.
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