“A nosotros no nos interesan los negocios privados, sino los públicos (…) El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, el gobierno está al servicio del pueblo”, manifestó el presidente.
En el Gobierno Federal vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público. Si es necesario, propondría, en su momento, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para suspender la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener).
En conferencia matutina, afirmó que con esto se buscaría privilegiar el interés general, del pueblo, por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean.
Con la resolución de la SCJN, se frenarán de forma indefinida los efectos de la política publicada por la Sener, el pasado 15 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual contenía una serie de medidas que impactarían el crecimiento y operación de las centrales de energía renovables.
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Incluso, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que este instrumento no sólo discriminaba a las energías renovables, sino que también facultaba a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.
Al respecto, el primer mandatario manifestó que su administración está haciendo una revisión de todos estos ordenamientos legales porque “se abusó mucho”.
“El propósito, para decirlo con claridad era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Eso era el propósito de la política económica neoliberal y nosotros no estamos de acuerdo”, argumentó.
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“Se incrementaron precios gasolina y luz, no se beneficio al pueblo. Ahora hay un cambio de política. Estos que sacaban provecho, en el caso de Iberdrola, una empresa española que empieza a construir plantas de generación de energía, les otorgan contratos muy jugosos, los funcionarios del gobierno. Ya era tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos, la secretaria de Energía de México (Georgina Kessel) pasó a ser funcionaria de Iberdrola, pero ya en el extremo del descaro, el expresidente Felipe Calderón fue nombrado consejero”.
López Obrador afirmó que su gobierno no va a ceder en este asunto porque tiene que defender el interés público, del pueblo y de la nación.
“A nosotros no nos interesan los negocios privados, sino los públicos porque nosotros somos servidores públicos. El gobierno no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, el gobierno está al servicio del pueblo, de todos los mexicanos”, manifestó.
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“Ellos no aceptan esta nueva política y por eso tenemos protestas y por eso El País, el periódico español que defiende a estas empresas, nos ataca, pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpa por lo que estamos haciendo, ojalá y algún día nos comprendan, pero nosotros no podemos traicionar al pueblo”.
“Si no hubiéramos llegado nosotros a la presidencia a finales de este sexenio, la CFE iba a estar produciendo cuando mucho el 10% de la energía eléctrica y el 90% los particulares, sobre todo las extranjeras cobrando carísimo el consumo”, agregó el jefe del Ejecutivo.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ya había interpuesto, el 30 de julio, ante la Corte el recurso de reclamación 53/2020-CA en contra de la suspensión que concedió el 25 de junio el ministro Luis María Aguilar Morales a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
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Este miércoles, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó un proyecto de resolución sobre ese recurso, mismo que fue aprobado, y en el cual se ratifica la suspensión concedida el 25 de junio a la Cofece.