La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez la medida cautelar de prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando, como parte de la investigación sobre una presunta red de huachicol fiscal.
En un comunicado difundido este domingo, la institución señaló que, tras una audiencia que se prolongó por más de un día, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó cerca de un centenar de datos de prueba y formuló imputación por ambos delitos.
La FGR precisó que Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N” deberán cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1 “Altiplano”, en el Estado de México.
En tanto, José María “N” y Guillermo “N” permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N” será internada en el Centro de Reinserción Social Nezahualcóyotl Sur.
La institución agregó que, tras el debate entre las partes, las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se defina la situación jurídica de los imputados.
De acuerdo con la Fiscalía, las detenciones fueron realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con presuntas operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
La FGR sostuvo que el caso corresponde a un presunto esquema de contrabando de hidrocarburos que consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
Añadió que estas conductas generan una afectación económica para el país y constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.
Además de Ruffo Appel, en la causa penal también están imputados Ricardo Thompson Navarro, Armando Riestra Fernández, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Antonio Barrientos, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén.
La investigación federal inició en julio de 2025 y está relacionada con una presunta red dedicada al contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal. Durante las indagatorias fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente ilícito.
Las autoridades vinculan al exmandatario con la empresa Ingemar, de la que es señalado como principal accionista. Según la investigación, esa compañía habría participado en operaciones relacionadas con la importación y logística de combustible dentro de un esquema que, de acuerdo con la FGR, permitió introducir hidrocarburos al país evitando el pago de impuestos. La Fiscalía estima que el presunto esquema ocasionó un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública por el incumplimiento en el pago de contribuciones correspondientes a 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados.
Antes de que se resolviera la medida cautelar, Verónica Ruffo, hija del exgobernador, difundió un mensaje en redes sociales en el que pidió que se respetara el debido proceso. “Nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él como para cualquier mexicano. La presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”, expresó.
También afirmó que su padre “nunca se escondió” y que acudió previamente a declarar ante las autoridades, además de sostener que permanecía incomunicado con su familia desde su detención.
Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones y sostiene que la empresa Ingemar únicamente realizaba actividades de logística de importación y trámites aduanales.