La trata de personas mueve en Perú más de 1.300 millones de dólares al año, según un informe elaborado por la organización CHS Alternativo y difundido este jueves, lo que la convierte en el tercer delito que más dinero pone en circulación tras el narcotráfico y del tráfico ilícito de armas.
“La trata de personas constituye una de las peores formas de explotación humana, debido a que implica una gravísima afectación de derechos humanos, como el derecho a la dignidad y las libertades fundamentales”, destacó la defensora del pueblo, Eliana Revollar, en la presentación del estudio, denominado “Las economías criminales y su impacto en el Perú”.
El reporte concluye que los explotadores obtienen cada año unos 700 millones de dólares por actividades vinculadas a la explotación sexual y otros 600 millones por actividades relacionadas a la explotación laboral.
La Defensoría del Pueblo y CHS renovaron este miércoles su convenio marco de cooperación interinstitucional, una alianza para enfrentar las nuevas dinámicas de la trata de personas en el país andino.
Por su parte, el director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, destacó que trabajan con datos del Ministerio del Interior y el Ministerio Público, pero que, sin embargo, “las cifras de ambas dependencias son radicalmente distintas entre sí”.
“Aunque el Ejecutivo se comprometió hace cinco años a solucionar este tema, la promesa aún no se ha cumplido”, subrayó.
Y señaló que, a este desconocimiento, se suma la falta de información sobre el impacto de este delito en los migrantes.
“La realidad es que los grupos criminales se fortalecen e innovan frente a lo que hace el Estado para combatir el delito. Los cálculos que presentamos son conservadores, lo que supone que la realidad es mucho mayor. Si a eso se le suma la ausencia de información certera sobre el estado real de la trata de personas en el Perú, ¿cómo enfrentamos el delito? ¿Cómo se protege a las víctimas? ¿cómo aseguramos que no regresen al círculo de explotación del que salieron?”, se preguntó Valdés.
Otra de las conclusiones del estudio es que las autoridades no invierten suficiente en revertir esta situación.
El estado dedica 0,12 soles (0,03 dólares) por persona para prevenir y perseguir el delito, así como para proteger a los afectados y financiar el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas, según cuentas de CHS.
Revollar sostuvo que “es necesario fortalecer mecanismos de articulación y actuación oportuna por parte de los operadores de justicia, para la prevención, persecución y sanción del delito en entornos digitales, garantizando en cada actuación la observancia del Interés Superior del Niño”.
El estudio también destaca la innovación de los tratantes en las modalidades de captación, ya que ahora usan las redes sociales y aprovechan el espacio digital para la consecución del delito.
Al respecto, la investigación revela que durante los primeros seis meses de pandemia se superaron las 100.000 descargas de pornografía infantil.
La defensora del pueblo recordó que las mujeres siguen siendo la población más afectada por este delito, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante 2019 del total de denuncias, el 86,8 % correspondieron a mujeres.
Source link