La pandemia está abriendo un agujero muy importante en las cuentas públicas. El desfase entre gastos e ingresos ascendió el año pasado a los 123.000 millones de euros, casi el 11% del PIB, como informó el pasado lunes el Ministerio de Hacienda. Para dar una idea de su envergadura, este déficit supone casi el 90% de lo que se abonó en pensiones contributivas. Uno de cada cinco euros que gastaron las Administraciones engrosó el déficit y por tanto la deuda pública, que ha alcanzado al cierre de 2020 el 120% del PIB, unas cotas que no se conocían desde la Guerra de Cuba.
Por una parte, los meses de confinamiento y las restricciones han limitado la actividad como nunca había sucedido en tiempos de paz, lastrando los ingresos públicos. Por otra, las Administraciones han tenido que disparar el gasto en unos 53.000 millones de euros para sostener rentas con los ERTE, las ayudas a autónomos, las prestaciones de desempleo o la renta mínima. También han tenido que costear el aumento del gasto sanitario y los incrementos de plantilla en sanidad y educación. Se trata de la primera vez en la historia en que el Estado de bienestar confronta una pandemia. Y la zona euro lo ha podido hacer con toda su artillería gracias a la financiación del Banco Central Europeo, que en 2020 compró prácticamente todo el aumento de la deuda pública española.
Semejante grado de endeudamiento no habría sido posible con la peseta. Y a duras penas pudo financiarse en el periodo entre 2008 y 2013. El marco europeo esta vez ha sabido responder ante las tremendas dificultades de la pandemia y ha permitido evitar una penuria mucho mayor. Mientras que la producción cayó en España un 10,8%, los ingresos de los hogares españoles solo han retrocedido un 3,3%. La pérdida de actividad no se ha trasladado en igual medida a las rentas de las familias gracias a una oportuna intervención pública. Por grave que sea la envergadura del agujero producido por las distintas políticas puestas en marcha por el Gobierno, la delicada situación económica recomienda seguir gastando para intentar que los devastadores efectos que derivan del virus no tengan un impacto duradero en la economía.
Pero esto no es sostenible para siempre. España ya tenía un problema con las cuentas públicas antes de la covid. En 2019 el déficit público se situó muy cerca del 3% del PIB, lo que provocó que Bruselas pusiera al país bajo una vigilancia estricta por el deterioro de sus finanzas públicas. Por este motivo, al Gobierno le toca ahora afinar y ser selectivo con los gastos, y procurar que los desembolsos sean temporales y contribuyan con eficacia a sortear la actual crisis. Es importante vigilar que las partidas que se van incrementando no adquieran condición de estructurales o permanentes.
La situación de las finanzas puede llegar a ser tan frágil que ha habido instituciones, como el Banco de España o la Autoridad Fiscal, que han apuntado ya a la necesidad de articular un consenso entre los principales partidos para estabilizar las cuentas a medio plazo una vez se salga de la pandemia. Esta materia puede llegar a ser tan inflamable que debería dejarse al margen de la preocupante y estéril polarización política.
De lo contrario, aunque es cierto que los tipos de interés actuales hacen mucho más soportable el aumento de la deuda, seguirá latente la amenaza de una crisis en este terreno en cuanto el BCE comience a rebajar su extraordinario apoyo financiero. Hay que reconstruir el margen fiscal para estar preparados para otras crisis. Tampoco es una cuestión menor la carga que se deja para las siguientes generaciones. Y, en cualquier caso, este reto se sumará en los próximos años al de financiar las pensiones conforme se vaya jubilando la generación del baby boom español. En un contexto de fragmentación parlamentaria que hace difícil forjar acuerdos, las fuerzas políticas no deben arrumbar su responsabilidad en esta materia. La prosperidad de los españoles dependerá de la manera en que preparen hoy el camino para un futuro incierto.
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