La propuesta de PSOE y Unidas Podemos para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tiene el rechazo frontal de tres de las cuatro asociaciones de jueces. Solo la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) apoya el proyecto de los dos partidos del Gobierno como mal menor ante el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Las otras tres asociaciones consideran que aumentará la politización del órgano y tienen dudas sobre su constitucionalidad.
Todas las asociaciones judiciales defienden desde hace años una reforma de la LOPJ, pero en un sentido distinto al seguido ahora por el PSOE y Unidas Podemos (UP). Lo que piden las asociaciones es que los 12 vocales jueces del Consejo sean elegidos directamente por los miembros de la carrera, una fórmula que no comparten los dos partidos en el Gobierno. En su lugar, la proposición de ley registrada este lunes sigue dejando la elección de esos 12 miembros en manos del Congreso y el Senado, pero reduce de 3/5 a mayoría absoluta los votos necesarios para su designación. Para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de tendencia conservadora y mayoritaria en la carrera, este cambio es “inconstitucional” porque incumple el artículo 122 de la Constitución, que, según la interpretación que hace esta asociación, impone la elección de todos los vocales del Consejo por mayorías cualificadas.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda en número de miembros, tampoco comparte la propuesta de PSOE y UP que, según su portavoz, Jorge Fernández Vaquero, “destruye la confianza del ciudadano en el sistema”. “La mayoría absoluta siempre es la que sustenta al Gobierno, por lo que el control del Gobierno sobre el Consejo se va a acentuar”, advierte Fernández que califica la situación actual de bloqueo del órgano como “inaceptable” pero cree que no justifica la reforma de la ley en los términos registrados por PSOE y UP. “La imposibilidad de pactar la renovación procede de un vicio del que son culpables PSOE, PP y el resto de partidos que han negociado habitualmente. Ni negocian quienes deberían, que son los diputados y senadores, ni hablan de perfiles profesionales de vocales, solo de cuántos les tocan a cada uno”, lamenta Fernández Vaquero.
Un análisis parecido es el que hace el Foro Judicial Independiente (FJI), para el que la propuesta registrada ayer incrementa la “politización” del órgano. “Cualquier partido con una mayoría amplia va a poder controlarlo”, afirma su presidenta, Concepción Rodríguez. Estas tres asociaciones (APM, la AJFV y el FJI cuestionan también que el Gobierno haya optado por llevar a cabo la reforma por la vía rápida, mediante una proposición de ley, en vez de con un proyecto del Gobierno, que hubiera requerido un informe del actual Consejo, además de dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.
La única asociación que considera que la reforma legal es mejor que el bloqueo es la progresista JJPD, que sigue apostando por renovar el órgano con la norma actual pero considera que, si el desbloqueo es imposible, hay que buscar “vías alternativas”. “No estamos a favor de la reforma, queríamos evitarla, pero si la mayoría cualificada implica un bloqueo absoluto, hay que buscar opciones, afirma el viceportavoz de esta asociación, Fernando de la Fuente. Para JJPD, la bajada de la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces se adapta mejor a la “atomizada” realidad política actual “No tenemos cultura pactista, por lo que la mayoría cualificada impide en la práctica la renovación de las instituciones”, afirma de la Fuente.
Rechazo de los jueces europeos
La Asociación Europea de Magistrados reaccionó también en contra de la propuesta de reforma legal registrada por PSOE y Unidad Podemos. Esta asociación difundió ayer un comunicado en el que lamenta que el cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial “aumentará el riesgo de influencia política indebida” en el nombramiento de los miembros del Consejo, “dañando la percepción de la sociedad sobre una independencia judicial efectiva”. Esta red está integrada por las asociaciones europeas que forman parte de la Asociación Internacional de Magistrados. De las cuatro asociaciones judiciales españolas, solo la conservadora APM forma parte de esta red.
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