La Administración pública de Venezuela es una enorme maquinaria averiada. Pasillos desolados, oficinas cerradas, trámites congelados, servicios inoperantes. La caída del poder adquisitivo del bolívar ha convertido a los empleados públicos en una clase condenada a la pobreza, en algunos casos extrema. Los salarios que percibe este sector —alrededor de dos millones de personas, tras años de migración y renuncias— son un reflejo del fracaso del modelo de gestión económica impulsado primero por Hugo Chávez y después por Nicolás Maduro. La pandemia ha acelerado el éxodo de funcionarios no solo del país sino a otros sectores de la economía o simplemente a la inactividad, pues a muchos se les va todo el salario mensual en el transporte para llegar a sus sitios de trabajo. La población activa empleada en un sector formal no alcanza el 60%.
Un ingeniero civil de alguna de las alcaldías de Caracas llega a percibir más de tres dólares al mes. En los últimos 10 años David González ha visto cómo su lugar de trabajo se ha quedado sin personal. “Éramos 13 profesionales y solo quedan tres, y los cargos gerenciales los han asumido los menos calificados. Solo van los que pueden llegar a pie y trabajan medio día”, dice González, de 42 años. Desde que comenzó la pandemia no ha vuelto a la oficina. Sus ingresos no le permiten pagar el traslado. Ha intentado el teletrabajo cuando le presionan desde la alcaldía, pero empezó a trabajar a destajo con una empresa. En su cuenta bancaria recibe su salario y a veces bonos que no sabe a qué corresponden que no le permiten cubrir ni siquiera la comida de una semana. Esos subsidios también son parte de la nómina de los funcionarios y consisten básicamente en las bolsas de productos básicos repartidas por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
De los años de boyantes ingresos petroleros y del crecimiento exorbitante de la nómina del Estado, a punta de las expropiaciones que impulsó el expresidente Chávez, queda poco. Pero en esos tiempos se sembró esta debacle. Antonio Suárez, presidente de la Federación de Empleados Públicos, lo recuerda así: “En 2008 cambiaron la escala salarial y agruparon al personal administrativo y profesional en tres solo tres tipos, en vez de compensarlo en función de su experticia. Entonces lo protestamos, dijimos que era una medida contra la carrera administrativa”, señala. “Así es como la diferencia entre un bachiller [de categoría] 1 es que gana sueldo mínimo (1.200.000 bolívares, menos de un dólar en la tasa de cambio oficial) y un profesional tres con estudios posgrados gana 3.000.000 bolívares (1,6 dólares)”. Otro hito fue la reconversión monetaria ordenada por Nicolás Maduro en 2018. “Los salarios se volvieron nada y los contratos colectivos se desconocieron totalmente”.
Así como los usuarios de los servicios públicos estatales hace años no reciben facturas por su consumo, como un signo de la inoperancia de esas empresas, a los trabajadores tampoco les entregan recibos de pago. “Nadie en las empresas del Estado sabe cuánto gana, lo que es una violación de las leyes laborales”, apunta Noel Hernández, abogado y representante sindical de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana, en otro tiempo un emporio de las industrias básicas al sur del país, referencia en la región. Esta mega empresa dedicada a la extracción y procesamiento de hierro, aluminio, acero, bauxita y otros minerales llegó a dar empleo directo a 56.000 personas. Hoy solo trabaja activamente el 10% de esa nómina. En otros términos: si antes usaban una flota de 220 autobuses para mover a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco —de donde hace poco salieron los camiones de oxígeno para apoyar la crisis por la pandemia en Manaos—, hoy solo utilizan 12 vehículos. El boquete en esta plantilla es un signo de la destrucción del aparato productivo en el país, insiste Hernández. “Tenemos Doctores en aluminio, ingenieros, técnicos y obreros especializados que hoy están dedicados a la buhonería [venta informal] o vendiendo sus televisores y equipos de la casa para sobrevivir. A diario un trabajador de la CVG se va del país. Muchos piden vacaciones y no regresan más”.
Caída abrupta de la ocupación
La consultora Anova realizó recientemente, a partir de los datos de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida —realizada por tres universidades venezolanas—, un análisis del mercado laboral que muestra que el país tiene la tasa de actividad más baja de la región. Solo el 59,2% de población económicamente activa está empleada. A Venezuela le siguen México y Argentina en este rango. El propio Maduro reconoció a principios de mes que el trabajo formal ronda el 56%. En el caso de las mujeres la brecha se ha acentuado con una caída de 10 puntos en dos décadas: solo trabaja 44,6% del total de mujeres en edad de trabajar, por lo que cerca del 40% de los venezolanos está desempleado, un indicador que el Fondo Monetario Internacional proyectaba que llegaría al 47,9%, el más alto del mundo.
El informe de Anova también señala que casi un tercio de los empleados (26,6%) pertenece a la Administración pública, un porcentaje similar trabaja en empresas privadas (25,9%) y casi la mitad (49,7%) son los llamados trabajadores por cuenta propia. Más de la mitad está concentrado en el sector comercial y de servicios y el 85,7% del empleo total está en ocupaciones de poca calificación como analistas y obreros.
Las conclusiones de este estudio revelan una dimensión de la crisis económica venezolana en la que trabajo ha perdido todo su valor como medio para la subsistencia. El salario promedio de la economía es de 26,4 dólares mensuales, lo que representa menos de 1 dólar por día. “Las condiciones laborales ofrecidas por el sector público venezolano son muy inferiores a las del resto de los sectores; el Estado venezolano emplea al 26,6% de los trabajadores y paga el salario promedio más bajo del mercado 13,2 dólares mes)”. Un grueso solo percibe un salario mínimo, refiere el informe divulgado a finales de 2020. La misma consultora calcula que al menos 500.000 empleados públicos han renunciado a sus trabajos en el último año. Este grupo incluye también a los docentes, profesores universitarios y personal sanitario que viene protestando e incluso muchos han paralizado sus actividades totalmente.
Despidos
Los datos analizados por la consultora muestran que la población activa se redujo abruptamente en millones de personas. La migración forzada de venezolanos es la primera respuesta a este fenómeno. Pero el indicador se contrapone a una medida que por 20 años viene aplicando el chavismo: la inamovilidad laboral. Desde 2002, el Gobierno ha prohibido el despido de trabajadores sin inspección laboral previa. El chavismo ha hecho de su nómina estatal parte de su maquinaria política electoral. La desmovilización registrada en las parlamentarias de diciembre —con una abstención de más del 70% de los electores— son otra evidencia de la depreciación de los beneficios y del descontento de ese sector.
En Cantv, la empresa de telecomunicaciones del Estado, se han registrado despidos recientemente, denuncia el dirigente sindical Joan Chávez. Asegura que solo el 40% de la nómina está trabajando. La inactividad no es solo por los salarios, sino por el deterioro de la empresa, que se ha quedado sin licencias para operar los sistemas y en la que los equipos de respaldo como baterías para antenas o aparatos de aire acondicionado para los servidores no funcionan, lo que se traduce en constantes averías en la telefonía y el Internet que no se pueden resolver. En las propias instalaciones de la compañía se ve a trabajadores vendiendo comida y otros productos para sobrevivir. Deisy Torres dejó de percibir su sueldo como técnico de la empresa a comienzos de la pandemia. Un proceso de tres años en inspección laboral terminó en un despido que, asegura, no le han permitido apelar. “Yo fui botada con inamovilidad, en el momento en que uno más necesita su trabajo”, dice la mujer, de 46 años, que ahora vende jabones y otros artículos en Petare.
La pandemia de la covid-19 ha agravado el problema en toda América Latina, tal como advirtió este mes la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Llegamos a 2021 con el empleo en terapia intensiva”, dijo hace unas semanas Vinicius Pinheiro, director regional de la OIT, cuando alertó que el desempleo podría crecer hasta el 11,2% en la región. Jesús Medina, de 51 años, está desempleado por primera vez desde que empezó a trabajar a los 14 años como jardinero y luego como mensajero. Por 20 años trabajó con una compañía que gestionaba seis restaurantes en Caracas. La empresa se redujo a una sucursal y su función de mensajero dejó de ser necesaria. Va a cumplir un año sin trabajo. Como tiene motocicleta ha buscado en el creciente sector de las entregas a domicilio. “He ido a entrevistas, pero no tengo un teléfono adecuado para trabajar con las aplicaciones de esos servicios”, comenta. “Nunca en la vida me había quedado sin trabajo. Es muy duro salir a la calle a ver qué haces para tener algo de dinero y llegar a casa con las manos vacías”.
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