El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente la ley de la eutanasia, uno de los principales proyectos estrella del Gobierno de Pedro Sánchez.
Fuentes jurídicas han informado a la agencia EFE de que la corte de garantías ha rechazado por una amplia mayoría el recurso de Vox con nueve votos a favor y dos en contra, de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel.
De esta forma, el Pleno ha declarado la constitucionalidad de la norma tal y como recogía la ponencia del magistrado progresista Ramón Sáez que avalaba la ley de manera íntegra sin cuestionar precepto alguno, al destacar que “garantiza el derecho a la autodeterminación de la persona sin dejar desprotegida la vida”.
El tribunal ha resuelto así el recurso de Vox, por lo que ahora esta doctrina será de aplicación al del PP, que es posterior.
Requisitos y garantías
La eutanasia, regulada por una norma que el pasado sábado cumplió dos años, pueden solicitarla las personas que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
El paciente puede recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.
Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.
Las reticencias de Vox y del PP
En su primer año de aplicación, de junio de 2021 a junio de 2022, 180 personas ejercieron su derecho a la eutanasia en España.
Vox impugnó la norma por infringir el derecho a la vida al manifestar que se trata de un derecho fundamental que el Estado debe proteger como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren.
El PP hizo lo mismo al considerar que la ley vulnera el derecho a la vida y que genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen jurídico que garantiza que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.
Ambos partidos pidieron, sin éxito, la suspensión cautelar de la ley. Y también ambas formaciones defienden que su respuesta frente a la eutanasia pasa por la mejora de los cuidados paliativos.
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