Laurence Pantin, directora de la Fundación para la Justicia, quien asistió al Foro “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial; Órgano de Administración” el 12 de julio en Xalapa, Veracruz, advirtió sobre los posibles riesgos de la actual propuesta de reforma al Poder Judicial y sugirió varias modificaciones a la iniciativa para asegurar que la reforma contribuya efectivamente a construir un sistema de justicia que realmente beneficie a la ciudadanía.
En entrevista para Aristegui En Vivo, Pantin afirmó que aún cuando coincide en que es urgente una reforma para “mejorar nuestra justicia” y hacerla “más eficiente y rápida”, la propuesta presidencial presenta “riesgos significativos que podrían comprometer su efectividad y beneficio para la ciudadanía.
La Fundación para la Justicia se centró en el análisis del tema disciplinario que contiene la iniciativa, la cual propone la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial independiente de la Suprema Corte y del Órgano de Administración, que sancione a las personas juzgadoras.
“El actual sistema de disciplina en el Poder Judicial presenta muchas limitaciones, en particular por su opacidad. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, si permitiera garantizar la publicidad de los procedimientos disciplinarios, podría presentar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado en la iniciativa implica algunos graves riesgos, para los cuales proponemos alternativas”, señaló Laurence Pantin.
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La Fundación para la Justicia señala que el primer riesgo de la reforma es la ambigüedad de las causales para investigar y sancionar a funcionarios judiciales. Las causales propuestas, como “actos u omisiones contrarias a la ley, al interés público o a la adecuada administración de justicia”, permiten interpretaciones subjetivas y podrían facilitar una “cacería de brujas”.
Advierten que esto también podría llevar a investigaciones basadas en el sentido de las sentencias, violando estándares internacionales. La fundación recomendó adoptar las causales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para mayor claridad y precisión normativa.
“Las causales que se prevén en la reforma para investigar y en su caso sancionar al personal judicial son muy amplias y ambiguas”, afirmó Pantin.
El segundo riesgo que identifican es que la iniciativa propone que las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial sean finales y no sujetas a revisión, a pesar de que estándares internacionales reconocen el derecho a revisar dichas resoluciones.
Esto, según la fundación, contradice las normativas vigentes sobre responsabilidades administrativas, que establecen la necesidad de dos instancias para casos graves.
No se prevé que haya una segunda instancia. Las decisiones del Tribunal de Disciplina se prevé que sean inatacables.
La Fundación para la Justicia propone que el Tribunal sea la instancia de apelación, tras una primera instancia con la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas como autoridad investigadora, la Contraloría como sustanciadora, y el Pleno del Órgano de Administración como resolutora. Además, se sugieren que la Contraloría sea designada externamente al Poder Judicial, similar a los órganos autónomos actuales.
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El tercer riesgo que identifica la Fundación es la potencial politización del Tribunal de Disciplina Judicial, propuesto como la instancia más alta por encima de la Suprema Corte y del órgano de Administración.
“La injerencia de la política en la elección de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial será inevitable.”
Según la fundación, la elección política de sus magistrados mediante votación popular podría contravenir el objetivo inicial de “despolitizar” la justicia.
“Dado que éste será el más alto Tribunal, – pues estará por encima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del órgano de Administración- y que su tarea se centrará en analizar si hubo o no una mala conducta, consideramos que es clave que sus integrantes sean nombrados mediante un proceso que permita asegurar su conocimiento de la materia administrativa.”
Por lo que proponen un procedimiento de nombramiento más riguroso. Esto incluye la creación de un Comité Técnico de Evaluación compuesto por expertos reconocidos por su independencia y prestigio, designados por instancias como el Senado, el Poder Ejecutivo, la Escuela Federal de Formación Judicial y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Este comité supervisaría un proceso que incluiría exámenes teórico-prácticos en áreas clave como derecho constitucional, administrativo, derechos humanos, perspectiva de género e interculturalidad, seguidos de entrevistas públicas con los candidatos mejor evaluados.
El cuarto riesgo que identifican es que la iniciativa no prevé quién tendría que investigar y en su caso sancionar a los propios magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, en caso de que se sospeche que incurran en actos indebidos.
Lentitud e ineficiencia judicial
La implementación de la elección de jueces mediante voto popular podría, según Pantin, resultar en una mayor lentitud e ineficiencia judicial, dado el potencial despido masivo de los más de 7,500 jueces actuales y la posible llegada de personas sin experiencia jurídica, lo cual podría paralizar los juzgados durante meses.
Pantin propone que en la elección de juzgadores no solo se incluyan criterios para la paridad de género, sino que también favorezcan la inclusión de personas indígenas, afrodescendientes, de la diversidad sexual y de otros grupos subrepresentados.
“Es crucial que el Poder Legislativo escuche y atienda las preocupaciones expresadas desde la sociedad civil organizada. Garantizar un diálogo efectivo y una reforma justa y equitativa al Poder Judicial es vital para el futuro de nuestra justicia”. Your browser doesn’t support iframes
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