Un tribunal de apelación confirmó la suspensión del proceso penal en contra del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por presunto ejercicio ilícito del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos en un incendio el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del organismo en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Tribunal Colegiado de Circuito del Poder Judicial Federal dio la razón por unanimidad al juez federal Víctor Manlio Hernández Calderón, quien el pasado enero determinó la suspensión del proceso en contra del funcionario y le exigió el cumplimiento de diversas medidas cautelares durante 18 meses.
Entre las medidas exigidas están el que Garduño mantenga su residencia fija, ofrezca una disculpa pública, realice cursos de derechos humanos y protección civil, así como asegurar indemnizaciones a víctimas y realizar supervisiones trimestrales en centros de detención migratoria.
El tribunal avaló el proyecto presentado por el magistrado Octavio Pineda Toribio, en el que señaló que el juez actuó conforme a derecho al realizar la audiencia debido a que existía una suspensión a favor de Garduño.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho -que representa a ocho víctimas de lesiones y a nueve familias de víctimas mortales- había apelado la decisión del juez, bajo el argumento de que era contraria a las suspensiones provisionales que habían obtenido las víctimas.
También señaló la falta de negociación para la reparación del daño, así como la convalidación incorrecta de las pruebas presentadas por Garduño. En ese sentido, consideró que la indemnización otorgada a las víctimas por parte del Estado no podía ser considerada como aportada por el comisionado, ya que correspondía a un proceso distinto.
Sobre este asunto, el tribunal colegiado señaló que las indemnizaciones otorgadas por el Estado -100 millones de pesos repartidos entre las víctimas- difícilmente podrían ser cubiertas por una sola persona “por lo que se priorizó la reparación integral del daño”.
“Amén de las determinaciones para el pago, fueron 300 millones de pesos lo que se autorizó para todas las víctimas, en la proporción que se estableció en la propia audiencia, de ahí que es un monto que sería imposible cubrir por una sola persona, y en el caso lo que se privilegia es la reparación del daño, sin perder de vista que el imputado, en calidad de funcionario, realizó las gestiones tendientes a alcanzar esa reparación integral del daño”, apuntó.
Está programado que el próximo miércoles 16 de abril el titular del INM ofrezca una disculpa pública a las víctimas del incendio.
Garduño ha defendido que se han pagado casi 240 millones de pesos, es decir, 3.5 millones a cada uno de los afectados directos e indirectos y que el dinero que falta se encuentra resguardado en un fideicomiso.
El pasado 27 de marzo, la Fundación para la Justicia dio a conocer una carta abierta firmada por madres, esposas, hijas, padres y sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, al fiscal Alejandro Gertz Manero, así como a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Yuriria Rodríguez y al propio Garduño.
Foto: Cuartoscuro
En la misiva, las familias de las víctimas y los sobrevivientes del incendio señalan que a dos años de la tragedia aún esperan justicia.
“Los días pasan, y seguimos esperando justicia. Como madre, no puedo entender por qué si los detienen, no les dejan comunicarse con sus familias. Sean empáticos, no los traten como delincuentes. Necesito su apoyo porque lo que nos pasó no fue nada fácil, para mi desde ese incendio ya nada es igual, cada vez que me levanto voy al baño a vomitar, tengo náuseas, mi vida cambió bastante. Señora Yuriria Rodríguez, usted nos conoció, por qué nos dejó afuera como familias, por qué no nos reconoce como víctimas indirectas”, señala.
“A todas y todos ustedes les pedimos justicia, que esas personas que no tuvieron corazón de abrirles las puertas deben pagar. Lo que pido es que se haga justicia, que este hecho no se repita. Lo que quiero es que se haga sentir el dolor de las familias, que causó la injusticia de los guardias de seguridad; que el juez dé una sentencia y que sea una sentencia justa. Espero que los jueces hagan valer sus palabras y sus juramentos: velar por la justicia. Y que el señor Garduño pague por las personas que fallecieron y las 27 lesionadas, porque su vida ya no es fácil para ellos”, dice otro de los párrafos de la carta.
Los firmantes acusan que “para aumentar la gravedad, un comisionado [Garduño] que simplemente se lava las manos diciendo que él no estaba presente, pero no hizo nada para salvaguardar la integridad de todos los que estábamos encerrados en esa cárcel; y todavía quiere liberarse y darnos a entender que él es una persona intachable, con su arrogancia y prepotencia, y sus palabras vacías; y una Fiscalía que, teniendo tantas pruebas y testimonios, no puede sostener el caso, y busca pruebas donde no las hay, para ellos todo ya quedo en el olvido, nuestros lamentos y ruegos que nos sacaran de ese lugar, esos gritos desesperados que quedaron gravados y los últimos suspiros de las víctimas fatales, las familias desesperadas por saber de sus seres queridos, hasta cuándo ser migrante es un delito y vulnerar los derechos y matar a migrantes es un ovación”.
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