Tribunal solo ordenó ajustes a laudo; sindicato debe pagar a mineros por privatización de Cananea: STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) lamentó el comunicado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros (SNTM), en el que exige una disculpa pública a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) tras la decisión de un Tribunal Colegiado de modificar el laudo de la Junta que señala que el gremio mantiene adeudos con los trabajadores por 55 millones de dólares.

El laudo obliga al SNTM, dirigido por el senador morenista Napoleón Gómez Urrutia, a pagar a los trabajadores dicha cantidad, depositada en 2004 por Grupo México tras la privatización de la mina de Cananea en 1989.

El sindicato calificó el laudo como “un acto de venganza de la presidenta de la Junta María Eugenia Navarrete Rodríguez quien por la trascendencia del asunto tiene injerencia, funcionaria que llegó a ese puesto por la recomendación de Arturo Alcalde Justiniani, y le hizo el trabajo sucio a la Secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde quien públicamente defendió el actuar de su empleada, sin embargo, nunca tuvieron la razón y menos el derecho”.

Por esta razón, el SNTM exigió una disculpa pública por “falsear información a la opinión nacional y a los medios de comunicación”.

La Secretaría del Trabajo respondió con otro comunicado en el que lamentó “los comentarios que pretenden desacreditar la actuación de la Junta Federal por el hecho de no haber obtenido un laudo a favor del sindicato. La Junta Federal es un organismo imparcial que debe acatar las determinaciones del Poder Judicial Federal”.

La dependencia aclara que el Tribunal Colegiado únicamente ordena hacer ajustes al laudo dictado por la JFCA para resolver aspectos pendientes de manera integral, “sin que ello signifique un cambio en el fondo de las resoluciones dictadas por el Poder Judicial Federal que condena al Sindicato al pago de los 55 millones de dólares a los trabajadores”.

La Secretaría cita la resolución del Tribunal, que señala lo siguiente: “Sin que asista razón al Sindicato quejoso, cuando afirma en su escrito de manifestaciones, que la junta responsable al dictar el laudo que dictó en cumplimento de la ejecutoria de amparo, de forma ilegal y sin la correcta motivación determinó la responsabilidad solidaria del demandado Napoleón Gómez Urrutia; ya que su argumento está encaminado a controvertir aspectos de estudio del fondo, y no respecto del cumplimiento a los efectos de la concesión de amparo”.

Tras la privatización de la mina de Cananea, se acordó que Grupo México pagaría el 5 por ciento de las acciones a los trabajadores, sin que así ocurriera, lo que provocó una huelga de 14 años que derivó un acuerdo para la entrega de los recursos (55 millones de dólares) a un fideicomiso del sindicato minero.

La reciente resolución del Tribunal Colegiado ordena a la JFCA que ajuste su laudo a los 25 expedientes derivados de las quejas de los trabajadores y no se limite a 21.

De acuerdo con el sindicato, en los cuatro restantes consta que ya se pagaron más de 23 millones de dólares a diversos trabajadores y que estos recursos son rectoría del SNTM y no de los trabajadores.

En su comunicado, el sindicato destaca las disposiciones de cumplimiento de la sentencia para la presidenta de la Junta Especial Número Diez, que mencionan que si existe incumplimiento “sin causa justificada”, ello implicaría una multa a la Junta y se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), “para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación”.

En mayo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó el laudo de la JFCA en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.




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