El Poder Judicial de Coahuila rechazó el proyecto de sentencia que planteaba reconocer la inconstitucionalidad que se cometió al eliminar la Unidad de Búsqueda de Personas de la Fiscalía General del Estado. También prohibió que en la reformulación del caso se consulte a familiares de desaparecidos y la opinión de organizaciones nacionales e internacionales, mediante el mecanismo de amicus curiae.
La decisión del Poder Judicial local causó extrañamientos de organizaciones de la sociedad civil de Coahuila, pero también de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Grace Fernández, del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos México, explicó que la legislatura autorizó la eliminación argumentando duplicidad de funciones con la Comisión Estatal de Búsqueda; sin embargo, afirmó que en la práctica es clave que exista una oficina dentro de la Fiscalía que atienda los casos de manera directa, sobre todo durante las primeras horas de que se denuncia la desaparición de una persona o para procesar las solicitudes de cateos o judicialización de los casos de manera directa.
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“Esta unidad se encargaba de hacer las búsquedas inmediatas, de ir a pedir al juez de control para solicitar sábanas de llamadas, las geolocalizaciones, cateos, intervención de equipos, porque esas son funciones que no puede hacer la Comisión de Búsqueda…”, por lo que no se puede hablar de duplicidad de funciones, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.
Ahora, el magistrado César Alejandro Sepúlveda retomará el caso, pero se le prohíbe abrir el caso y tomar en cuenta los acercamientos (amicus curiae) de organizaciones independientes, de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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Exmagistrado ponente
El magistrado Luis Efrén Ríos Vega afirmó que el pleno del Tribunal rechazó su proyecto, pero también prohibió los amicus curiae, prohibió publicar los proyectos de sentencia, anuló el juicio por recibir comentarios al proyecto y porque los magistrados se pueden sentir presionados por las opiniones de la sociedad civil.
En un artículo publicado en Vanguardia, dijo que el Tribunal rechazó la participación de expertos extranjeros argumentando que “tienen prohibido intervenir en asuntos políticos”.
En su opinión, con estos hechos la Fiscalía incumple la obligación de “garantizar el derecho más importante para las familias: buscar a su ser querido”.
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CEDH vs. Fiscalía General del Estado
Constitucionalidad del reglamento de la Fiscalía en materia de búsqueda de personas desaparecidas
El proyecto de sentencia se discutirá el próximo 27 de octubre, a las 12 hrs.
Proyecto público: https://t.co/aY6nWBqNq7
— Luis Efrén Ríos Vega (@LERiosVega) October 22, 2021
Rechazo y extrañamiento
La decisión del Tribunal provocó reacciones a nivel nacional e internacional.
La comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, dijo que la consecuencia es negar el derecho de toda persona a ser buscada y mantener una ley de la Fiscalía local que vulnera dicho derecho. “Quedan aún muchas inercias que romper en todo el país para garantizar los derechos y cumplir, en serio, con el artículo 1o constitucional”, expresó en su cuenta de Twitter.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) también emitió un punto de vista.
Mediante sus redes sociales expresó que “sigue con atención el proceso” y “expresa su preocupación por las determinaciones adoptadas” por el Tribunal, pues “socavan la publicidad, apertura, transparencia y participación en los procesos judiciales en un tema de tanta relevancia y gran sensibilidad”.
En un hilo de Twitter determinó que para la ONU-DH es fundamental que se garantice el derecho a la participación de las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía del Estado siga colaborando en las tareas de búsqueda y se honren los principios de publicidad judicial y no regresión en materia de derechos humanos.
1/3 La ONU-DH sigue con atención el proceso relativo a la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la @CDHEC contra la reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Coahuila que suprimió a la Unidad de Búsqueda de Personas.
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— ONU-DH México (@ONUDHmexico) October 28, 2021