El décimo primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito otorgó una suspensión a la constructora brasileña Odebrecht contra las sanciones económicas por mil 88 millones de pesos impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Así lo dio a conocer este sábado la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que señaló que las multas le habían sido impuestas a la constructora por no haber cumplido con los requisitos para la ejecución de un contrato de obra pública sobre la construcción de accesos y obras externas en la refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo.
Según Pemex, la constructora emitió una garantía a nombre de Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México SA de CV y no pudo acreditar que ésta tuviera “las capacidades técnicas, financieras y demás necesarias que permitieran el cumplimiento del contrato”.
El pasado 17 de marzo, el Tribunal concedió un amparo a Odebrecht contra la resolución de la Función Pública, debido a “vicios de fondo”, entre otras cosas porque no se logró demostrar que la compañía y uno de sus directivos sancionados, Gleiber José de Faría, actuaron con dolo para evadir el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato.
El amparo protege a la compañía brasileña y al exdirectivo del cobro de las multas por parte del Administrador General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria (SAT), detalla el reporte de Vanessa Cisneros.
Además, ordena a Pemex que emita una nueva resolución que consigne que Odebrecht, su subsidiaria y el directivo señalado no incurrieron en las conductas irregulares que se les atribuyeron.
La SPF había inhabilitado por dos años y medio a la constructora y a una subsidiaria, a las que sancionó con dos multas de 543 millones 488 mil pesos. Al exdirector de Administración y Finanzas, Gleiber José de Faría, lo había multado con un millón 262 mil pesos.
Odebrecht aún tiene pendientes dos procedimientos en su contra, entre ellos una multa por otros 543.4 millones de pesos impuesta en 2019 -bajo el gobierno actual- por incumplir los requisitos legales y autorizaciones para celebrar un convenio modificatorio de un contrato.
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