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Tribunales deben determinar si campaña negra contra AMLO configura algún delito: Cossío 

“Lo que está haciendo Santiago (Nieto) -denunciar ante la FEPADE- me parece que está bien porque abre un proceso y va a las instancias” adecuadas, aseguró.

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, señaló que con base a lo estipulado en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la campaña de desprestigio contra el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, sería un delito en caso de haber sido financiada con dinero ilícito.

“Yo creo que cada quien puede apoyar a los candidatos que quiera y siempre que no se salga de orden jurídico, puede tratar que no ganen otros candidatos”, explicó Cossío en entrevista para #AristeguiEnVivo .

Señaló que lo interesante es que con la denuncia de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se abre un proceso que dará pie a una investigación en la que, en caso de encontrar elementos, se desprenderá un proceso judicial.

“Lo que está haciendo Santiago (Nieto) me parece que está bien porque abre un proceso y va a las instancias“, aseguró.

El experto en Derecho aseguró que el espacio en donde se debe resolver todo lo relacionado con la campaña de desprestigio: tanto el documental Populismo en América Latina, el caso Pejeleaks y los señalamientos en contra de empresarios como Fernando García Ramírez y Agustín Coppel, deben ser los tribunales.

“Los medios judiciales son las formas ordinarias de solución de los problemas en una sociedad compleja”, aseguró.

Cossío Díaz explicó que lo importante es establecer “en dónde están las actividades delictivas”; por ejemplo, al revisar la Ley General de de Instituciones y Procedimientos Electorales hay dos conductas que atribuyen responsabilidades administrativas de ciudadanos, sean personas físicas o morales.

La primera se hace efectiva en caso de que la autoridad exija, pida, solicite, algún tipo de información con los contratos, donativos, aportaciones que se realicen o cualquier otro acto que se vincule con partidos políticos o elección.

“Desde mi punto de vista, hasta ahora, no hay ningún problema en la parte administrativa“, dijo el ministro en retiro, a partir de que la autoridad competente no le ha solicitado ningún tipo de información a los empresarios señalados. En todo caso, dijo, ésto tendría que ocurrir y a su vez, ellos negarse.

La segunda conducta va de la mano de “contratar propaganda en radio y televisión y aquí es bien interesante que deben ser de radio y televisión.

“Lo interesante es lo que hace Nieto, cuando él lleva la denuncia de hechos, hay cinco o seis supuestos de ilicitud. En este momento debe estar la Unidad Técnica del INE haciendo las investigaciones tanto de Pejeleaks como de Populismo para ver esos dos elementos, debe dictar una resolución, va a ir a la sala especializada del Tribunal Electoral y después subirá a la Sala Superior y ahí pueden surgir o no elementos de lavado, de compra, de excesos, y pueden pasar dos cosas, seguiría decir dese vista a la Fiscalía General de la República (FGR) porque a juicio de este Tribunal se han cometidos estos delitos“, explicó.

Ante este panorama, el abogado señaló que existen dos soluciones que podrían verse en los próximos meses: la primera se da en un escenario en el que acepten que se reunieron e hicieron todo en un panorama lícito pero al final no funcionó porque López Obrador ganó la Presidencia; y el segundo escenario radica en que un grupo de personas sí se haya reunido pero las acciones emprendidas se dieron con recursos ilícitos.




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