El campo de internamiento de Guantánamo alcanzará en enero la misma edad que la ocupación de Afganistán, 20 años. La guerra ha terminado, pero sigue abierta la prisión y símbolo infame de los procedimientos utilizados en la guerra global contra el terror.
George W. Bush fue quien ordenó la construcción de este limbo legal, para que la CIA tuviera manos libres a la hora de perseguir, secuestrar, interrogar e incluso torturar a los terroristas, lejos de cualquier jurisdicción y sin necesidad de atender al habeas corpus, los derechos humanos, las convenciones de guerra y las garantías constitucionales en general.
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Obama quiso cerrarlo y no pudo, aunque durante su presidencia disminuyó drásticamente el número de detenidos. Fueron los congresistas de ambos partidos los que impidieron su traslado a prisiones en territorio estadounidense. Trump firmó una orden ejecutiva solo pisar la Casa Blanca para que se mantuviera abierto y recibiera más presos. También Biden prometió cerrarlo, pero antes ha terminado la guerra. Todavía rige la autorización del Congreso al presidente para librarla, la AUMF (Authorization for the Use of Military Force) de 18 de septiembre de 2001. Sirvió para invadir Afganistán e Irak, pero también para justificar las violaciones masivas de derechos humanos de las que Guantánamo es símbolo vivo y vigente, puesto que mantiene todavía 39 detenidos, sobre una cifra total de 780 sospechosos de actividades terroristas que han pasado por esta cárcel.
La guerra ha terminado, pero queda su legado tóxico. Hay abundante documentación secreta sobre las violaciones de derechos humanos que pide a voces su desclasificación para apoyar las demandas y los procedimientos legales. Es el caso de todo lo que afecta a la autorización de las torturas. También los herederos de las víctimas del 11-S han pedido que se levante el secreto sobre los documentos que afectan al papel de Arabia Saudí en los atentados, a lo que Biden ya ha accedido.
No será fácil pagar las cuentas pendientes, pero la Casa Blanca, mientras tanto, puede hacer algo tan útil como clausurar Guantánamo y liberar a los detenidos, o conducirlos ante los tribunales civiles, en vez de los militares como los que todavía están actuando, en algunos casos con peticiones de pena de muerte. Ciertamente, entre los detenidos remanentes hay terroristas tan peligrosos como los que acaban de formar Gobierno en Kabul. Pero peor que soltarlos es mantenerlos encarcelados sin juicio después de casi 20 años bajo custodia de Washington.
No es tan solo una cuestión de justicia, sino una derivada del desenlace de la guerra global contra el terror. Si Washington quiere empezar a recuperar la confianza y el prestigio perdidos debiera evitar que quedaran presos en Guantánamo el próximo enero, cuando se celebrará el vigésimo aniversario de su apertura.
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