A pocas horas para la apertura de los colegios electorales, apenas algún póster recordaba en las calles de la capital tunecina la celebración este lunes de un referéndum sobre la nueva Constitución patrocinada por el presidente Kais Said. Se debe en parte a que la mayoría de la oposición ha llamado a boicotear la consulta, por lo que nadie duda de la victoria del sí. La única incógnita gira alrededor de la participación, que servirá para medir la legitimidad de la nueva Carta Magna y la popularidad de Said, quien hace exactamente un año se arrogó plenos poderes iniciando una deriva autoritaria que amenaza con poner fin al único experimento democrático surgido de las Primaveras Árabes.
Según analistas y expertos juristas, el proyecto de Constitución diseña un sistema hiperpresidencialista, hecho a medida de las ambiciones de Said. “La concentración de poderes en manos del presidente es muy significativa, y no existe ningún mecanismo real de control [de sus acciones] … El presidente puede decidirlo virtualmente todo” sostiene Zaid al Ali, asesor en procesos constitucionales del think tank IDEA. A diferencia de la Constitución de 2014, la primera en la historia del país magrebí elaborada en democracia, el borrador propuesto no recoge ningún mecanismo para que el Parlamento pueda cesar al presidente. En cambio, éste sí puede disolver las cámaras de manera discrecional.
Said, político independiente de 64 años, fue elegido presidente en 2019 con más del 70% de los votos. Con fama de íntegro y austero, en su campaña denunció la clase política “corrupta” y prometió romper con una década de decepciones en una transición democrática que no logró mejorar el nivel de vida de la población. Nadie imaginó entonces que osaría recurrir al artículo 80 de la Constitución, reservado para situaciones de emergencia, para gobernar por decreto y disolver el Parlamento, una decisión que la oposición calificó de “golpe de Estado”.
Desde entonces, el presidente ha ido neutralizando todas las instituciones que podían representar una cortapisa, incluido el Consejo Superior de la Magistratura, encargado de velar por la independencia judicial. La tensión con la judicatura provocó que los jueces se declararan en huelga durante junio, después de que Said prejubilara a 57 magistrados. Además, algunos opositores y periodistas críticos han sido procesados de manera arbitraria, en algunos casos en tribunales militares, tal como ha denunciado Amnistía Internacional en un reciente informe.
Una judicatura dependiente
La falta de garantías en la protección de los derechos humanos y las libertades civiles es una de las críticas más punzantes que recoge una evaluación sobre el borrador de Carta Magna elaborado por la Comisión Internacional de Juristas, titulado “Codificando la autocracia”. “El texto patrocinado por el presidente Said encarna la cristalización de la mayoría de medidas ilegítimas que ha adoptado desde el 25 de julio de 2021″, reza el documento, muy crítico con la nula separación de poderes del nuevo sistema. De hecho, la judicatura es considerada “una función del Estado”, no un poder independiente.
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Aunque el cargo de presidente continuará siendo sometido a las urnas, el texto plantea dudas sobre la naturaleza democrática del nuevo orden político. Para empezar, el jefe de Estado será quien dicte la ley electoral para las elecciones legislativas, previstas para el próximo 17 de diciembre. Los diputados no gozarán de inmunidad y podrán ser revocados por medio de un mecanismo vagamente recogido. Respecto al papel del islam, la nueva Carta Magna ya no define a Túnez como “un país musulmán”, pero sí lo considera parte de la umma o “nación islámica”, atribuye al Estado la responsabilidad de conseguir “objetivos” del islam y exige que el presidente profese esta religión. El redactado ha decepcionado a los seguidores más laicistas de Said.
Los principales actores de la sociedad civil tunecina han censurado el texto no solo por su contenido, sino por su proceso de gestación. “Este proyecto de Constitución es fruto de un proceso unilateral y excluyente. No ha sido consultado con la sociedad civil o los partidos políticos … sino que refleja solo la visión del presidente de la República”, señala Romdhane Ben Amor, portavoz del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales. El pasado viernes, la policía disolvió de forma violenta una manifestación contraria a la Constitución convocada por entidades de la sociedad civil que acabó con varios heridos y nueve detenidos.
Hamma al-Hammami, activista de izquierdas y expreso político, forcejea con la policía durante una protesta de grupos de la sociedad civil contra el referéndum, el pasado martes en la ciudad de Túnez. ZOUBEIR SOUISSI (REUTERS)
Tras una consulta en línea en la que participaron apenas medio millón de los 12 millones de ciudadanos del país, el presidente nombró a dedo una comisión de juristas para redactar la nueva ley fundamental. El presidente de la comisión, Sadok Belaid, ha advertido de que el redactado final es bastante diferente del que presentó a Said ―que es profesor de Derecho Constitucional― y se ha desmarcado de él.
La gran mayoría de partidos políticos, entre ellos los cinco más votados en las últimas elecciones legislativas, rechaza tanto el proyecto de Carta Magna como el proceso político que le ha dado forma. Por esta razón y por la falta de confianza en la Junta Electoral, cuyos miembros fueron reemplazados por Said en primavera, han apostado por boicotear el referéndum. “Si Kais Said nos llevara a su terreno de juego, sin duda perderíamos”, opina Samira Chaouachi, vicepresidenta del Parlamento disuelto y líder Qalb Tunis. Este partido populista, al igual que el histórico movimiento islamista Ennahda, integra el opositor Frente de Salvación Nacional. Otros varios partidos menores, como el liberal Afek Tunes, han optado por el no.
Tan solo un reducido grupo de partidos panarabistas y de extrema izquierda, como el Movimiento Popular, apoya la agenda presidencial desde que Said decretó sus “medidas excepcionales” el pasado verano. En sus apariciones en los medios de comunicación, sus representantes han argumentado la necesidad de poner fin al sistema semi-presidencialista actual, parecido al francés, por haber llevado al bloqueo político ante las habituales discrepancias entre el Jefe del Estado y el legislativo. Said, por su parte, ha negado pretender instaurar una dictadura y ha defendido la necesidad de aprobar una nueva Constitución para transformar un sistema corrupto.
Al no haber un umbral de participación mínimo, la movilización del electorado será sobre todo útil para medir la popularidad del presidente. “El apoyo a Said se ha erosionado respecto al año pasado, pero mantiene el respaldo de un núcleo de seguidores y, si hubiera elecciones presidenciales, las volvería a ganar”, cree el analista Mohamed Dhia Hammami. El mejor aliado del presidente es el rechazo que suscita la clase política tradicional, sobre todo los islamistas de Ennahda, que han estado presentes de una forma u otra en la decena de Gobiernos posrevolucionarios. Por ello, más que beneficiar a la oposición, el creciente desencanto con Said ha multiplicado la apatía política entre los tunecinos.
El contexto de dificultades económicas y de un probable ajuste estructural pactado con el FMI apunta a que la UGTT, el gran sindicato tunecino, se convierta en el principal polo de oposición a Said. “De momento, la UGTT está paralizada por las divisiones internas, por eso ha dado libertad de voto a sus afiliados”, desliza Dhia Hammami. Al igual que a la UGTT, el proyecto de Said provoca una división de la sociedad tunecina que el referéndum amenaza con agravar.
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