Eran las cuatro de la tarde del lunes 12 de septiembre cuando varios agentes se presentaron en casa de Svetlana, una funcionaria de 56 años residente a las afueras de Kupiansk, en el noreste de Ucrania. Durante la ocupación rusa, la mujer había seguido desempeñando sus funciones en el registro otorgando, como en los últimos 34 años, partidas de nacimiento y defunción. Tanto ella como su marido fueron trasladados a Shevchenkove, una localidad a una treintena de kilómetros donde las autoridades de Kiev llevan a cabo entrevistas e interrogatorios para tratar de averiguar quién ha colaborado con el invasor. Algunos quedan detenidos, aunque el Gobierno de Kiev no ofrece datos concretos. Tras una noche en comisaría, el matrimonio fue puesto en libertad, pero un documento que debió firmar ella la mantiene como testigo y la obliga a estar a disposición de los investigadores por si tuviera que declarar de nuevo. “Mi puesto no era trabajar para Rusia, sino trabajar para la gente de Ucrania”, defiende Svetlana en declaraciones .
En ocasiones, son los propios vecinos los que delatan a los que consideran colaboracionistas e incluso ponen pasquines en las calles con su foto. Pero, ¿quién ha trabajado realmente para el enemigo y quién se ha mantenido en su puesto bajo amenazas y porque no había más remedio? “Algunas personas han huido o se han escondido. Yo ni me lo he planteado. Prefiero dar explicaciones. Si consideran que soy culpable, voy a responder. Mejor eso que tener miedo o estar escondida”, asegura Svetlana, cuyo deseo es poder retomar de nuevo su trabajo cuanto antes.
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Las tropas ucranias pusieron en marcha el 6 de septiembre una contraofensiva en la región de Járkov que les ha permitido recuperar casi todo el terreno que llevaba medio año en manos del enemigo. Desde el primer momento, los servicios secretos peinan esos municipios a la caza de prorrusos, vecinos que pasen información al enemigo, que hayan cometido abusos o aquellos que consideren que se han implicado en exceso con la administración provisional impuesta por los invasores. Aunque muchos se han esfumado a través de la frontera con Rusia, Kiev se interesa especialmente por perfiles de funcionarios, concejales, profesores o antiguos miembros de las Fuerzas de Seguridad. Las visitas a casas, los interrogatorios, la inspección de los teléfonos móviles y los traslados ante los servicios secretos están a la orden del día. La información que obtienen sirve, además, para conocer más detalles sobre cómo se ha desarrollado la ocupación.
Solo en Járkov hay unos 350.000 desplazados internos y en la zona que ha estado bajo poder de los rusos quedan menos de 100.000 personas, según datos ofrecidos este lunes por el gobernador regional, Oleg Syehubov. De esos, muchos prefieren salir ahora a zonas más seguras o donde dispongan de servicios como la luz o el agua, que están en proceso de restablecer. Pero Kiev quiere tener ese flujo controlado.
Un grupo de personas descienden de un autobús tras llegar a Shevchenvoke, donde las autoridades que buscan colaboradores prorrusos les hacen pasar una pequeña entrevista y revisan sus documentos y móviles.Luis de Vega
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En Shevchenkove hay un goteo de autobuses y coches particulares que llegan al aparcamiento de la plaza central, presidida por un monumento en piedra blanca en honor al insigne escritor y poeta Taras Shevchenko. Una nutrida presencia de policías y militares vigilan el lugar. Tras descender de los vehículos, un centenar de personas hace cola a las puertas de un edificio en el que tiene su sede un diario local, donde han de someterse a un cuestionario. Hay ciudadanos de todas las edades y, en algunos casos, familias enteras. Algunos llegan con sus mascotas y unas cuantas maletas. Para la mayoría es un proceso rápido y pronto regresan al autobús. Apenas unos minutos en los que les preguntan a qué se dedican y qué ha sido de su vida bajo la ocupación rusa. Les revisan el teléfono móvil, comprueban su pasaporte y fotografían su documentación y su rostro, según los testimonios recogidos en el lugar.
Los habitantes de la zona conocen estas instalaciones de Shevchenkove como “campo de filtración”, expresión que la vice primera ministra, Irina Vereshchuk, se niega a aceptar, pues es un término que utilizan los rusos, dice. Se trata de “medidas de estabilización” que permiten, dentro de la ley, detectar a “agentes enemigos” y “grupos de saboteadores”, señala a este diario este lunes en la ciudad de Járkov. Vereshchuk es, además, ministra de los Territorios de Ucrania Temporalmente Ocupados, como se refiere el Ejecutivo de Kiev a las zonas del país que están ilegalmente en manos de Moscú.
Sistema de educación ruso
Con el fin de afianzar la ocupación, las autoridades de Moscú ya habían impuesto en la zona que dominaban de la región de Járkov el sistema de educación ruso. El curso había echado a rodar el 1 de septiembre con un simulacro de evacuación de las instalaciones en caso de ataque. Irina, profesora de dibujo y manualidades y tutora de una clase de noveno grado del Instituto número dos de Kupiansk, cuenta que habían recibido incluso libros nuevos adaptados al curriculum ruso. El centro seguía en manos de la misma dirección que el año pasado, pero cuenta que varios profesores habían sido trasladados durante el verano a Rusia como parte de un proceso de adoctrinamiento. La gran contraofensiva ucrania puso fin al nuevo curso el 8 de septiembre.
Irina, profesora de instituto de 48 años, recoge algunos objetos personales antes de abandonar su casa de Kupiansk.
Luis de Vega
Con los combates todavía retumbando en Kupiansk, Irina, de 48 años, tomó la decisión el pasado viernes de abandonar la ciudad en compañía de su madre, Svetlana, de 69. Fueron evacuadas junto a otros vecinos por unos voluntarios en medio de una gran tromba de agua que no impedía que se siguiera combatiendo en la zona. Ya en Shevchenkove se presentaron en la sede del diario local para cumplimentar el chequeo de las autoridades, pero en apenas unos minutos un hombre vestido de militar les pidió que las acompañara a dependencias policiales. Allí, el interrogatorio por parte de los servicios secretos se alargó una hora. Se centró sobre todo en el papel de Svetlana como contable de la Delegación de Educación de Kupiansk. Le insistieron sobre varios nombres concretos de personas. “No nos culparon de nada. Todo fue correcto y en calma. Mi madre firmó un protocolo como testigo”, explica Irina. Ambas siguieron su camino hacia otra región del país.
Al ser preguntada por quién estaba al mando en la zona ocupada de Járkov, la profesora de instituto da un nombre sin dudarlo: Vitali Ganchev. Se trata de un antiguo funcionario y miembro de las Fuerzas de Seguridad de Ucrania que apoyó y se implicó en la insurrección prorrusa en el este del país en 2014. Avanzada la invasión que comenzó el pasado 24 de febrero, fue aupado a jefe de las autoridades de ocupación rusas en Járkov. Su rostro es uno de los que aparece en la calle en los carteles de “se busca”. Pero en cuanto el avance de las tropas locales triunfó y obligó a la retirada rusa, Ganchev, como otros peces gordos de la Ucrania prorrusa, pegó el salto al otro lado de la frontera. Desde allí, su última aparición pública ha sido el pasado fin de semana en el canal ruso Rossiya-24. “No sé nada de entierros”, declaró refiriéndose a las fosas aparecidas con cientos de cuerpos en Izium (Járkov) tras el fin de la ocupación de las tropas del Kremlin.
Un informe denuncia el sistema ruso de interrogatorios y detención en los territorios ocupados
Las autoridades rusas mantienen en zonas que controlan de Ucrania un sistema de filtraje, interrogatorios y detención de la población autóctona que viola el derecho internacional, según denuncia un informe hecho público a finales de agosto en el que ha participado la Universidad estadounidense de Yale. Moscú invita a los ucranios a que acepten como autoridad al Kremlin, de hecho mantiene abiertas las fronteras para que estos pasen a Rusia sin problema por aquellos pasos fronterizos que están en zona ocupada.
Las autoridades rusas también emplean infraestructuras para controlar a la población que quiere salir de las áreas que mantienen bajo ocupación en Ucrania. Solo en la región de Donetsk y sus alrededores, se han detectado hasta 21 centros de filtración para registrar, interrogar y detener tanto a civiles como a militares considerados prisioneros de guerra, según la investigación. El Departamento de Estado de EE UU ha dado por buena esa denuncia de los abusos que está cometiendo Moscú en Ucrania, según ha difundido en su perfil de la red social Twitter. Este sistema “incluye el uso de detenciones extrajudiciales e incomunicadas, viola múltiples puntos del derecho internacional humanitario y plantea múltiples problemas de derechos humanos potencialmente graves”, alerta el informe, basado tanto en fuentes abiertas como en imágenes vía satélite.
Uno de estos lugares sería el centro de detención de larga estancia de Olenivka (Donetsk), donde a finales de julio tuvo lugar un ataque en el que murieron decenas de ucranios hechos prisioneros por los rusos en la factoría de Azovstal, en la ciudad de Mariupol en mayo. En las regiones ucranias de Donetsk y Lugansk, que integran la zona oriental del país que se conoce como Donbás, se ha autoproclamado con el apoyo de Rusia sendas repúblicas independientes. Ese territorio es escenario desde 2014 de una guerra protagonizada por milicianos prorrusos y tropas de Moscú frente al Ejército local.
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