La Conferencia de Presidentes terminó el domingo en La Palma con una toma de posición unánime de condena de Rusia por la invasión de Ucrania y un acuerdo basado en cuatro puntos destinado a frenar los efectos que la guerra está produciendo sobre la vida de la población civil ucrania y sobre la economía española. Los cuatro puntos abordan cuestiones esenciales: el precio de la energía, los fondos europeos, la acogida de refugiados y el plan nacional que debe abordar conjuntamente las consecuencias de esta gravísima crisis que llega cuando empezábamos a sacar cabeza después de la pandemia. El hecho mismo del acuerdo unánime, en la primera Conferencia de Presidentes en la que están todos —Cataluña se había ausentado desde 2012—, es ya una noticia. Estaba Pere Aragonès, aunque dio la espantada en la foto con el Rey, y Alberto Núñez Feijóo debutaba como líder informal del PP.
Los presidentes de todas las comunidades autónomas respaldan al Gobierno para convencer a Europa de desligar el precio del gas del de la electricidad para hacer frente a los precios desbocados. El Ejecutivo quiere esperar a la discusión en el Consejo Europeo el 24 y el 25 de marzo, y en función de lo que ahí se decida, perfilar definitivamente las medidas en España. Se ha comprometido a estudiar las nuevas rebajas fiscales a la energía que propone el PP para seguir amortiguando el impacto en la factura de familias y empresas. Del consenso frente a los efectos de la guerra que el domingo vimos en La Palma solo se desmarca Vox, que ha convocado movilizaciones para el día 19 por el alza de los precios.
Acuerdan también “impulsar la ejecución de los fondos europeos” y hacerlo “al margen de las discrepancias partidistas”. Resulta urgente poner en marcha los proyectos relacionados con la transición energética, lo que nos ayudará a liberarnos de algunas dependencias actuales.
Los firmantes de la declaración de La Palma se comprometen a la gestión coordinada del auxilio a los refugiados de la guerra. Es una tarea que alcanza a todas las administraciones, el Gobierno en la gestión europea, los ayuntamientos y ONG en muchas tareas concretas de la acogida y las comunidades deben escolarizar a los menores que lleguen y garantizarles a todos la sanidad.
Al Gobierno corresponde liderar con eficacia, coordinación y generosidad política el plan nacional que se anuncia para vertebrar la respuesta concreta a las consecuencias en España de la guerra. Ahí es donde se pondrá a prueba el gesto de responsabilidad que vimos el domingo en La Palma. Por unas horas la política española se libró de la rebatiña, el desplante y el cortoplacismo partidista que vimos en la pandemia, que vimos en la última sesión de control por parte del PP y que vemos cuando uno de los socios del Gobierno se desvincula de decisiones tomadas en la mesa del Consejo de Ministros como hizo Podemos la semana pasada. No hay democracia sin discrepancias y posiciones contrapuestas, el pensamiento único no es aconsejable ni siquiera en una guerra. La sociedad española es plural y esa pluralidad debe impregnar todas las instituciones. Pero en este momento de enorme incertidumbre, la ciudadanía entendería muy mal que este país no lograra reunir desde la diversidad todas las voces para condenar al agresor, auxiliar a sus víctimas y actuar eficazmente contra los efectos de la guerra en la economía y en la vida de los españoles.
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