Ucrania está procesando a 80 rusos sospechosos de crímenes de guerra, algunos en rebeldía, ha señalado este martes en una conferencia de prensa en La Haya la fiscal general del país, Irina Venediktova. A su vez, ha identificado a unos 600 sospechosos del crimen de agresión, también llamado contra la paz y uno de los principales del derecho penal internacional. En la lista figuran “políticos, militares de alto rango y propagandistas”, ha precisado. La fiscal ha indicado que tiene asimismo sobre la mesa “más de 20 casos de traslado forzoso de ciudadanos, incluidos menores, a Rusia” y considerado muy importante indagar el extremo de los niños, porque “forzar su marcha a otro territorio es uno de los supuestos del genocidio”. De demostrarse que Moscú lo ha hecho, serviría para denunciar que se ha cometido el mayor de los crímenes de la justicia internacional.
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El crimen de agresión, ilustrado por la invasión rusa de Ucrania, forma parte del Estatuto de Roma, que vertebra la labor del Tribunal Penal Internacional (TPI). Como Rusia no es miembro de esta corte, los altos cargos políticos o militares a los que se refiere la fiscal ucrania no podrán ser juzgados mientras ostenten el poder. Aunque para el TPI nadie es inmune, Moscú no reconoce su competencia. Pero, de este modo, las pruebas no se perderán. Según la fiscal, se puede hablar de una amplia gama de crímenes cometidos en la guerra en su país, “como la destrucción de infraestructuras civiles, o torturas, pero no tenemos acceso a todo el territorio”. Por ello, su equipo se ha empleado a fondo para entrevistar a testigos que estén dentro de Ucrania, y también a los que se han refugiado en países fronterizos.
Junto con el apartado militar y diplomático, la guerra en Ucrania ha puesto en marcha un frente judicial a escala internacional, y la fiscal Venediktova ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la sede de Eurojust, la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial, en la que ha cifrado en 15.000 los casos que investiga la Fiscalía de posibles crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero.
Acompañada, entre otros, por Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, ha pedido “justicia y que la ley proteja a la gente de estas guerras y de posibles dictadores”. En la misma comparecencia, Khan ha asegurado que “no hay dicotomía entre la colaboración y la independencia judicial, porque no supone una competición”. Luego se ha declarado “partidario de la justicia universal [que puede ejercerse por países donde no se está produciendo un conflicto armado] porque ello demuestra que el imperio de la ley no es solo para los juristas o instituciones”. “Es para la gente”, ha sentenciado.
Remitir pruebas
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Venediktova ha destacado la importancia del apoyo de las autoridades judiciales internacionales y la colaboración expresa del Tribunal Penal Internacional con el Equipo Conjunto de Investigación (JIT, en sus siglas en inglés). “Podremos remitir al tribunal las pruebas que recabemos para que proceda, si cabe, cuando nosotros no podamos hacerlo”, ha explicado. El JIT fue creado el pasado marzo por Polonia, Lituania y la propia Ucrania para intercambiar información y facilitar las investigaciones sobre crímenes de guerra y contra la humanidad. Ambos forman parte, junto con el genocidio, de los crímenes fundamentales contemplados por la justicia internacional. En la propia sede de Eurojust se ha anunciado este martes que Estonia, Letonia y Eslovaquia se han sumado al Equipo Conjunto de Investigación.
Aunque Ucrania no forma parte de Eurojust, Kiev sí cuenta desde 2018 con un fiscal que actúa como enlace. “La decisión de crear el JIT se tomó en esta sede solo seis días después del inicio del conflicto en Ucrania. Luego se sumó el Tribunal Penal Internacional como partícipe, y ahora lo hacen otros tres miembros de la Unión Europea. Ello demuestra que la guerra en Ucrania será el conflicto armado más documentado hasta la fecha”, ha dicho Ladislav Hamran, presidente de Eurojust. El pasado 19 de mayo, además, el pleno del Parlamento Europeo aprobó la revisión del reglamento de la agencia judicial. Se trata de que pueda recabar, almacenar, analizar y compartir las pruebas de los crímenes que se hayan perpetrado en Ucrania. Entre las competencias de la Eurojust figuran delitos internacionales, pero no de esta envergadura. Por eso precisa de cobertura legal para poder cooperar con las autoridades nacionales adecuadas, y también con el TPI.
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