La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por enriquecimiento ilícito y posible utilización de empresas fantasmas para triangular recursos conformada por dos personas físicas y cuatro morales.
También presentó un recurso de inconformidad contra la exoneración del magistrado de una primera denuncia penal por enriquecimiento ilícito presentada por la UIF ante la FGR.
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A través de un comunicado, la Unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo informó que descubrió que “José Luis “N”, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
“Asimismo, se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad”, enuncia el comunicado.
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Respecto al ejercicio de la no acción penal que el Ministerio Público propuso el pasado 15 junio por el delito de enriquecimiento ilícito, “la UIF consultó dicha determinación en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito, por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Unidad, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX, misma que se radicó el medio de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte”.
En noviembre de 2020, el magistrado Vargas fue señalado de gastar cerca de 20 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente durante los seis años anteriores.
En ese momento Vargas dijo que los ingresos eran lícitos y obedecían a su actividad profesional. Sin embargo, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR.
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Entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que, según Santiago Nieto, es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.
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