Durante su participación en un seminario en El Colegio de México, Nieto Castillo dijo que “todo lo que tocaba” Emilio Lozoya “generaba actos de corrupción”.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos de la delincuencia organizada prioritarios de la estrategia antiliavado, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.
Durante su participación en el seminario sobre violencia y paz organizado por El Colegio de México, Nieto Castillo explicó que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son dos organizaciones delictivas supranacionales y por ello son prioritarias en la estrategia antilavado del actual gobierno.
“Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa. La construcción del listado tuvo que ver con todas las áreas de inteligencia”, precisó el titular de la UIF. En cuanto al CJNG, destacó los bloqueos a las cuentas del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, que fue detenido el pasado 22 de noviembre por sus presuntos nexos con el citado cártel.
Además de esos dos grupos supranacionales, existen otras seis organizaciones delictivas principales a nivel nacional y han sido identificados otros ocho grupos locales que han cobrado fuerza en los más recientes tres años en los estados de Guerrero, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México. Entre ellos citó a Guerreros Unidos, Los Rojos, el Cártel de Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y Los Viagra.
Además de la existencia de grupos delictivos, el nivel de recursos ilícitos generado por éstos supone amenaza para el país, mientras que el uso de puertos internacionales con fines ilícitos es una vulnerabilidad, de acuerdo con los riesgos de lavado de activos detectados en 2016 y que están vigentes. En los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, Colima -añadió Nieto Castillo- existen amenazas por la entrada de fentanilo desde Asia.
La entrada de fentanilo a México para ser transportado a Estados Unidos es uno de los riesgos emergentes, así como el robo de hidrocarburos, las empresas del sector de tecnología financiera o “fintech” y la ciberseguridad.
La corrupción es otro de los riesgos que han sido atacados por la UIF. Durante su presentación, Santiago Nieto Castillo mencionó brevemente los bloqueos contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y el exdirigente del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, sin referirse a ellos por sus nombres.
Habló, por otra parte, abiertamente del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y al exponer un esquema de las diversas transferencias en las que fue beneficiado el exfuncionario ahora prófugo, Santiago Nieto dijo “aquí esta Agronitrogenados, está Fertinal, Odebrecht y está OHL, todos tiene un común denominador, todos tienen transferencias hacia el señor Emilio Lozoya. No significa que sea una red global de corrupción, significa que el tipo era un corrupto, que todo lo que tocaba generaba actos de corrupción”.
Además, al hablar sobre la importancia de identificar al beneficiario final, Nieto Castillo relató que en Poza Rica fueron encontrados un vendedor de seguros y un despachador de gasolina que aparecían como los dueños de una empresa que había abierto una cuenta en Panamá, pero no tenían pasaporte. “El despachador de gasolineras tenía un millón de dólares y no sabía. Claro ¿quién era el apoderado legal de la empresa? Emilio Lozoya“.
UIF, en posición de “debilidad institucional”
El titular de la UIF defendió la posibilidad de que se pueda realizar la extinción de dominio sobre los bienes producto de operaciones ilícitas antes de que exista una sentencia, pues la extinción de dominio, dijo, es un acto civil, no penal, y por lo tanto no se contrapone con la presunción de inocencia.
Actualmente la UIF se encuentra en una posición de “debilidad institucional”, consideró, pues no puede promover la extinción de dominio. Esta posibilidad está planteada en una iniciativa ya aprobada por el Senado y cuya aprobación está pendiente en la Cámara de Diputados desde el 6 de noviembre.
Entre 2015 y 2018 solo se decomisaron 15 millones 763 mil 458 pesos después de sentencias condenatorias por lavado de dinero. En contraste, actualmente existen cuatro mil 520 millones 370 mil 159 pesos bloqueados a personas por su presunta participación en actividades ilícitas y aunque gran parte del dinero sí es reclamada, existen cuentas que no lo son y que se mantienen en poder de los bancos.
“En el caso del CJNG, tenemos una cuenta de dos millones de dolares que nadie ha reclamado, tenemos otra de 40 millones de pesos que nadie ha reclamado. Ese dinero bien podría ya irse, extinguirse el dominio, a partir del trámite establecido en la Constitución, para efecto de que se destine a otras cosas”, afirmó.
Entre los asuntos que no han marchado tan rápidamente como quisiera, mencionó los del exministro Eduardo Medina Mora y el exdirigente sindical Carlos Romero Deschamps. Sobre el primero añadió: “Medina Mora como ministro impulsó una jurisprudencia en donde señaló que solamente en aquellos casos donde viniera una solicitud internacional el bloqueo de cuentas debía prevalecer y no si eran investigaciones nacionales. Es muy raro porque en 2016 Medina Mora tenía el criterio exactamente opuesto, que era constitucional el bloqueo de cuentas. ¿Qué pasó de 2016 a 2019? Cambió el gobierno”.