El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, aseguró que solicitó a las autoridades del Principado de Andorra información sobre 23 personas con cuentas en ese país, que fueron mencionadas en fechas recientes en los medios de comunicación.
“Se ha solicitado información a la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra por las 23 personas que fueron mencionadas en medios de comunicación en días pasados, para obtener la información correspondiente”, señaló en una rueda de prensa con motivo de la presentación de la Guía para la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita durante el proceso Electoral.
A finales de enero, la justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
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El dinero incautado estaba depositado en cuentas bancarias que, a su vez, formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones. En el centro de las pesquisas hay un hombre clave: Juan Ramón Collado, abogado de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos, de acuerdo con reportado el pasado 22 de enero en el periódico español El País.
En torno al caso de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sylvana Beltrones Sánchez, quien fue señalada por el periódico español El País por ocultar supuestamente 10,4 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), el funcionario declinó comentar el caso para no afectar el “principio de presunción de inocencia”.
El ex líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, así como su esposa Sylvia Sánchez, y su hija, la senadora Beltrones, son investigados nuevamente por la Fiscalía General de la República por supuestas operaciones realizadas en la Banca Privada de Andorra (BPA). Así lo confirmó Aristegui Noticias con fuentes federales.
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El diario Reforma señaló que la investigación la realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales a cargo de Juan Ramos López e incluye a Luis Alejandro Capdevielle, ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien fue suplente de Manlio Fabio Beltrones en 2012.
Este lunes, el periódico El País dio a conocer Sylvana Beltrones Sánchez depositó en la BPA 10,4 millones de dólares entre 2009 y 2010. “El ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado”, indica la nota del diario español.
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También dio cuenta de la investigación de la Fiscalía mexicana al respecto, por cuentas ocultas de la senadora Beltrones y su madre.
Señaló que la jueza andorrana Canòlich Mingorance imputó en 2015 a la senadora Sylvana Beltrones, a su madre y al expresidente del PRI “por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de una causa conocida como Operación Sonora”, pero al término del sexenio de Enrique Peña Nieto en 2018 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó una “investigación exprés” y decretó rápidamente “el no ejercicio de la acción penal”, por lo que fueron exonerados.
Esta investigación señala que Capdevielle recibió un pago millonario de Televisa, mismo que transfirió el 30 de diciembre de 2009 a la cuenta de Sylvana Beltrones.
Según el diario, este pago fue “una supuesta comisión” a Manlio Fabio Beltrones por la aprobación de llamada ‘Ley Televisa’: “La jueza andorrana del caso situó el pago de la filial de Grupo Televisa a Capdevielle como una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones en compensación por la denominada ley Televisa, una norma aprobada por unanimidad en 2006 (tres años antes de los pagos) y que introdujo importantes modificaciones a la Ley Federal de Radio Televisión y a Ley Federal de Telecomunicaciones”.
La senadora Sylvana Beltrones aclaró que el depósito de 10.4 millones fue producto de la venta de un inmueble de la empresa Habica S.A de C.V., de la que fue socia. Esta propiedad se ubica en la calle Julio Verne número 39 en Polanco, donde actualmente opera la compañía minera Autlán.
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El inmueble donde estaba Habica fue vendido a Banca Privada d’Andorra y el dueño recibió su pago en una cuenta del mismo banco. “Me informó que el pago de mi inversión hecha en Habica provendría de los recursos que se recibirían por dicha transacción, por lo cual se abrió una cuenta en BPA, misma que se cerró hace diez años”, afirmó la senadora.
Por su parte, Manlio Fabio Beltrones aclaró que ni él ni su esposa tienen cuenta bancaria alguna en Andorra: “Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos. No existe elemento objetivo alguno que permita a las autoridades andorranas involucrarnos en investigación alguna”.
Advierte que “formular acusaciones sin sustento resta seriedad a las investigaciones y sólo podría obedecer a otras intenciones en tiempos electorales”.
Manlio Fabio Beltrones y su esposa Sylvia Sánchez. Foto: Archivo Cuartoscuro
Televisa aclara que pagó a Capdevielle en Andorra a petición del político
La empresa Televisa envió una carta aclaratoria al periódico El País, que difundió en redes sociales y en acusa al diario de no permitirles hacer las aclaraciones pertinentes.
Televisa argumenta que hace doce años compró el ‘Aviso de Ocasión’ al político y empresario Alejandro Capdevielle y que éste les solicitó que se hiciera el pago en Andorra en la cuenta que les indicó: “El destino que el señor Capdevielle le dio a esos recursos y su relación con la familia Beltrones son temas que sólo corresponden a él”.
La televisora informa que sus abogados comparecieron “en una sola ocasión” en Andorra en diligencias relacionadas con el caso, sin que se produjese ninguna imputación al respecto, por lo que “ese procedimiento se agotó en 2018”. En ese sentido, desconocen la existencia de procedimiento alguno contra la empresa ni en Andorra ni en México.
También reiteran que la reforma a la Ley de Radio y Televisión de 2006 -conocida como ‘ley Televisa- no significó ningún beneficio para la empresa. Recuerdan a Grupo Prisa, propietario de El País que en esa época eran socios de la televisora en Radiópolis y “nunca reportó algún beneficio derivado de la reforma señalada”.
Concluyen: “Así pues, ni Televisa, ni Prisa, ni ningún radiodifusor recibió beneficio alguno en el 2006 y no entendemos qué relación esto pudiera tener con una compraventa realizada tres años después”.
Réplica enviada por Televisa a @el_pais, en relación a artículo publicado el día de hoy que contiene información falsa e inexacta. pic.twitter.com/GhKadcWJZ7
— Televisa Prensa (@Televisa_Prensa) March 11, 2021
Andorra, paraíso fiscal de mexicanos
Andorra, un país al norte de España, de menos de 80 mil habitantes y 500 kilómetros cuadrados, se convirtió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
Así lo hicieron con relativa impunidad hasta el año 2015, cuando una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.
Aunque la identidad de los empresarios aún se desconoce, por formar parte de un sumario judicial sometido al secreto, se sabe que entre los empresarios mexicanos involucrados en esta supuesta trama de crimen y corrupción hay financieros y empresarios de sectores diversos.
Según lo reportado por El País, Juan Ramón Collado pudo actuar como “testaferro” de terceras personas en Andorra. Esto se desprende de un informe confidencial de febrero de 2020 elaborado por la policía andorrana y al que tuvo acceso el diario español.
Este documento señala que Collado recibió el dinero mediante transferencias “desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont”. La utilización de las casas de cambio y sociedades financieras fue una argucia de Collado para complicar el rastreo del origen del dinero. Carlos Djemal Nehmad, accionista de Tiber, fue condenado a seis años de cárcel en Estados Unidos en 2018 por un fraude de 20 millones de dólares relacionado con la triangulación de recursos.
El periódico La Jornada confirmó el papel de Collado en el entramado. Según un funcionario de la judicatura consultado por el periódico mexicano, “entre ellos hay un claro vínculo o nexo de unión, que es el abogado Juan Collado”. Es decir, el defensor de confianza de Peña Nieto, quien suele pasar largas temporadas en España.
PGR de Peña Nieto intentó frenar la investigación de Andorra
En octubre de 2019, la justicia del principado de Andorra embargó 76,5 millones de euros al abogado mexicano Juan Collado, detenido el 9 de julio de ese año en la Ciudad de México. Lo anterior, por considerar que la procedencia de dicho dinero era dudosa y ante el riesgo de que Collado vaciara sus cuentas en ese país, lo que empezó a hacer seis días antes de su detención, cuando transfirió 10,5 millones de euros desde la Banca Privada de Andorra o BPA a una cuenta del BBVA radicada en Madrid.
En ese momento, la justicia andorrana determinó la apertura de una investigación contra Collado por presunta asociación ilícita y blanqueo de capitales. No fue la primera vez que se le bloquearon estos recursos al que fuera abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto.
En marzo de 2015 el BPA fue cerrado por irregularidades y todas las cuentas fueron bloqueadas. Posteriormente la juez Canòlic Mingorance embargó específicamente las cuentas de Collado al sospechar que provenían de un supuesto delito de blanqueo de capitales.
Estas cuentas fueron desbloqueadas en 2018, debido a la intervención de la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que comunicó a la justicia de Andorra que el dinero de Collado tenía un origen lícito, mediante un dictamen firmado por la funcionaria de la PGR Anahí Marcela Mendoza, por lo que se decretaba el “no ejercicio de la acción penal”. De manera que en octubre de 2018 se archivó provisionalmente la causa.
No fue al único mexicano en Andorra al que ayudó la PGR. También presentó un informe favorable para desbloquear la cuenta del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo por 1,5 millones de euros.
De acuerdo con lo reportado por El País en 2019, fue la detención de Collado en México la que reactivó la investigación andorrana. El 1 de agosto, la juez Maria Àngels Moreno Aguirre ordenó el embargo de dinero depositado en el banco VallBanc, a nombre de cuatro sociedades holandesas. La magistrada además requirió a México toda la información posible sobre el proceso que se le sigue en México.
Según el periódico español, Juan Collado movió entre 2006 y 2015 un total de 120 millones de dólares a través de 24 cuentas en BPA. En ese momento el abogado alegó que ese dinero era producto de su actividad empresarial; como abogado con clientes tan importantes como el sindicato de Pemex.
Collado fue detenido en julio de 2019 mientras se encontraba comiendo con el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
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Por este caso, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga tres viajes a España y Andorra de Alberto Alcántara Martínez, quien fuera coordinador general de Investigación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado.
El exfuncionario supuestamente favoreció el desbloqueo de recursos de Juan Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto que se encuentra preso en México y es investigado en Andorra por lavado de dinero. Por ello, la FGR solicitó información a las autoridades de ese país, a las que informó que Alcántara es investigado en México por un delito contra la Administración de Justicia.
Segob carece de datos para definir si México reclamará dinero asegurado en Andorra
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo el pasado 1 de febrero que carecía de información para definir si el gobierno mexicano reclamará los fondos asegurados en Andorra en el marco de investigaciones por capitales que involucran corrupción, aunque reconoció que ‘es un tema’.