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Nadie vio venir la pandemia. El 4 de marzo, solo 10 días antes de que se decretara el estado de alarma, el Consejo de Seguridad Nacional, el máximo órgano asesor del presidente en materia de Seguridad Nacional, aprobó un informe que situaba el riesgo de que España sufriera una pandemia en 2020 como el más improbable de los 15 que contempla la Estrategia de Seguridad Nacional, con la excepción de la proliferación de armas de destrucción masiva; y el sexto menos peligroso de todos. Sí advertía de la necesidad de “modernizar los sistemas de vigilancia de la salud [pública] en España”.

El informe anual de Seguridad Nacional, que acaba de ser enviado por el Gobierno al Congreso, incluye, por vez primera, junto a un listado de las actuaciones realizadas el año anterior, un análisis de riesgos para la seguridad de España a corto (2020) y medio plazo (2022), teniendo en cuenta su nivel de probabilidad y de peligrosidad. En la fecha en que se aprobó el informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había declarado la alerta internacional, el coronavirus había saltado de China a Europa, Italia cerró los colegios de todo el país y se habían registrado los primeros casos en España. Sin embargo, el documento no incluye el riesgo de sufrir una pandemia entre los más probables (que son, por este orden, la vulnerabilidad del ciberespacio, el espionaje, la inestabilidad económica y financiera, los flujos migratorios irregulares y los efectos del cambio climático) y tampoco entre los más peligrosos (ciberespacio, emergencias y catástrofes, proliferación de armas de destrucción masiva, espionaje y amenazas a las infraestructuras críticas).

En una escala en la que 1 es muy improbable y 5 muy probable, el riesgo de pandemia se puntúa con un 2,7 (el segundo más improbable); y en la escala de peligrosidad, de mínima a catastrófica, con un 3,4 (el sexto con menor impacto negativo).

La escasa conciencia sobre el peligro que representaba un virus que ya estaba circulando por España se explica porque el grueso del documento se había elaborado meses antes y el Consejo de Seguridad Nacional del 4 de marzo se limitó a ratificarlo. Se trató de una reunión solemne presidida por el Rey a la que asistieron, además del presidente Pedro Sánchez, los cuatro vicepresidentes y nueve ministros, además de numerosos secretarios de Estado. Aun así, ese texto deja en evidencia la incapacidad de la maquinaria burocrática del Estado para reaccionar con flexibilidad ante una situación nueva y la limitada capacidad de prospectiva de los expertos.

De hecho, el análisis de riesgos se basa en una encuesta realizada hace meses a 230 expertos de la Administración, las empresas privadas y el mundo académico, completada con informes y análisis de organismos internacionales. Aunque solo la mitad contestaron, llama la atención la escasa presencia de mujeres (21% del total) y el excesivo peso de expertos vinculados al mundo de la defensa o la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, que siguen monopolizando en gran medida la concepción de la seguridad.

Quizá por eso su pronóstico a medio plazo (2022) era que el riesgo que suponen las pandemias no va agravarse, al contrario que la mayoría de los demás.

El informe dedica un capítulo específico a los riesgos sanitarios, en el que menciona el ébola o la listeria (provocada por la contaminación de la carne mechada), pero no alude en ningún momento a los coronavirus ya conocidos antes del SARS-Cov-2.

El texto reconoce que los efectos de la globalización “marcan la creciente movilidad de riesgos para la salud pública y, en concreto, de microorganismos patógenos capaces de generar epidemias y pandemias”. Pero añade, pecando de optimismo, que “los mecanismos de seguridad sanitaria puestos en marcha son capaces de detectar más riesgos epidémicos y pandémicos y de forma más rápida, y también permiten una reacción precoz reduciendo su posible impacto en la población”.

Reconoce, no obstante, la necesidad de que España modernice sus “sistemas de vigilancia de la salud [pública] de forma que incluyan, además de las enfermedades, los factores de riesgo y determinantes de enfermedad, una integración de esta información con los sistemas de alerta precoz y respuesta y una automatización de procesos que incrementen la oportunidad de las señales de riesgo y de la respuesta en caso de ser necesaria”. Se trata, alega, de desarrollar la Ley de Salud Pública de 2011 con un decreto que siente las bases de un sistema de vigilancia y de una estrategia que lo haga operativo, todo ello “de forma consensuada con las comunidades autónomas”.

Aunque un mecanismo eficaz de alerta temprana es la mejor defensa ante una pandemia, es difícil reconocer aquello que no se espera. Y al coronavirus nadie lo esperaba. “La resistencia a los antibióticos es considerada”, concluye el informe del 4 de marzo, “la mayor amenaza emergente para la salud pública de los próximos años.