La Guardia Civil ha entregado a la juez de instrucción del caso 8-M, Carmen Rodríguez-Medel, un segundo informe sobre las manifestaciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus —incluida la marcha feminista del 8 de marzo, Día de la Mujer—, en el que se mantienen las acusaciones del primer documento policial, que provocó la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Este documento, fechado el 1 de junio y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye también como prueba las palabras off the record que pronunció antes de una entrevista la ministra de Igualdad, Irene Montero. En esta causa se encuentra imputado por un delito de prevaricación el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, citado a declarar el próximo 10 de junio.
En el nuevo documento, la Guardia Civil envía a la magistrada toda una batería de noticias difundidas en los medios de comunicación e incluye una información publicada por el diario Abc el 1 de junio —el mismo día que los agentes fechan este segundo informe— donde se revela la conversación privada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca EiTB. La dirigente de Unidas Podemos comentaba en ese diálogo —que el instituto armado transcribe íntegro para remitírselo a Rodríguez-Medel—, que creía que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus, como ya se publicó realmente en los días posteriores a la manifestación. Con ello, los agentes refuerzan la tesis de su primer informe.
La oposición ha aprovechado en los últimos días esas palabras de Montero para cargar con dureza contra el Gobierno, al que acusan de negligencia y de haber permitido las manifestaciones alrededor de los primeros días de marzo por motivos ideológicos.
Los agentes restan valor a los errores
En el informe, la Guardia Civil mantiene la línea de investigación de su primer informe, pese a los errores que este recogía. De hecho, los agentes admiten algunos de ellos, aunque destacan que los mismos no modifican, “en absoluto, los hechos de relieve plasmados en la investigación en curso”. Así, reconocen que incluyeron erróneamente la palabra “pandemia” en la declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 30 de enero. Entonces, la organización médica internacional hablaba de “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Los agentes admiten ahora que no fue hasta el 11 de marzo, tres días después de que se celebraran las manifestaciones del 8-M, cuando el director general de la OMS, Tedros Adhamon, utilizó el término para hablar de la covid-19. Y, a continuación, añaden que dos días después este organismo señalaba Europa como epicentro de la enfermedad fuera de China, origen del foco.
El nuevo documento policial, que también reconoce errores en algunas referencias a documentos, admite que trastocó totalmente el sentido del testimonio que prestó ante ellos Antonio O’Connor, secretario general de la CGT en Madrid, sobre los motivos que le llevaron a suspender la concentración que había convocado para esas fechas. Los agentes aseguraban en su anterior informe que el sindicalista había manifestado que lo hizo por el riesgo de contagio, cuando en realidad lo fue para buscar una fecha posterior más próxima a la celebración de un juicio contra el que pretendían protestar. En este caso, los agentes restan valor al error al considerar que el mismo había sido subsanado en parte en el primer informe al incluir el dato correcto en otro apartado del mismo.
El caso 8-M ha supuesto un verdadero terremoto en la política nacional y el primer informe de la Guardia Civil se situó en el epicentro del seísmo. El Ministerio del Interior cesó al coronel Diego Pérez de los Cobos, al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, después de que agentes bajo su mando enviaran ese primer documento a la juez. La oposición, además, ha cargado contra el Gobierno, esgrimiendo las conclusiones de los agentes: que no se debía haber celebrado ninguna manifestación desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los riesgos. En este segundo informe, los agentes inciden en esa misma idea y en él afirman que “el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus”.